Violencia del narco provoca migración de comunidades

Ciudad de México.-En los últimos nueve años, las zonas metropolitanas han recibido a miles de personas que salieron de sus comunidades por la violencia que genera el narcotráfico y que requieren de atención y seguridad por parte del Estado.

Sostuvo lo anterior el diputado perredista Israel Moreno Rivera, quien acotó que el desplazamiento forzado es una realidad en México; el fenómeno migratorio ya no se hace sólo por mejorar las condiciones de vida, sino por sobrevivir.

El integrante de las comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, expuso que la lucha contra el narcotráfico ha elevado significativamente el número de migrantes internos.

Difundió que el mes pasado presentó una iniciativa para que el Estado restituya los derechos y, garantice atención y seguridad a las personas desplazadas de sus lugares de residencia por la violencia.

Mencionó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en lo que va del año se estima que 24 mil 500 personas abandonaron su lugar de residencia debido a las actividades criminales.

Argumentó que en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay un decremento de su población, así como de su actividad económica, que podrían sumar más de 230 mil personas que por los altos índices de criminalidad han huido a Estados Unidos o se desplazaron a Coahuila, Durango y Veracruz.

Moreno Rivera se mostró a favor de establecer en la Constitución la responsabilidad del Estado para garantizar la atención, seguridad, y restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente.

Mencionó que “han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los efectos de las situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o bien las que han sido provocadas por el ser humano”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a los desplazados internos como: personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado.

Asimismo, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

La iniciativa que presentó adiciona un último párrafo al artículo 4o. constitucional para quedar como sigue:

“Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente de su lugar de residencia, para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la federación, las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias”.

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