Urgen a autoridades de Georgia a que dejen de ayudar a ICE a deportar a inmigrantes

Más de una docena de grupos proinmigrantes exigirán este lunes por la noche a los funcionarios de varios condados del estado que terminen la colaboración con el Gobierno Federal mediante un programa que permite el intercambio de información y que ha permitido que cientos de indocumentados sean deportados del país con complicidad de las policías locales.

Los demandantes, quienes expondrán sus puntos durante una conferencia de prensa, son la Georgia Latino Alliance for Human Rights, Project South, Southerners On New Ground, Racial Justice Action Center, Women Watch Afrika, Black Alliance for Just Immigration, CAIR Georgia, Jewish Voice for Peace-Atlanta, Georgia Detention Watch, Southern Poverty Law Center, Georgia Peace & Justice Coalition, Georgia Alliance for Social Justice, New Georgia Project y Aroma.

Los organizadores dijeron que urgirán a los representantes de los condados de Gwinnett, Cobb, Whitfield y Hall que no renueven su participación en el programa 287(g), el cual establece una colaboración entre las oficinas de los alguaciles y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Solo en el año fiscal 2018, al menos 1,616 indocumentados fueron deportados del país luego de ser arrestados en estas jurisdicciones y transferidos a Inmigración debido al programa, de acuerdo con datos proporcionados por ICE.

El condado que más envió personas a la agencia fue Gwinnett, con 931.

“En términos de los peores efectos de la 287(g) en la comunidad destaca el perfilamiento racial y la separación de familias”, dijo Azadeh N. Shahshahani, directora legal de Project South.

Solo en el condadod e Gwinnett, donde estos grupos han pasado semanas recientes abogando por que no se renueve el programa, “muchos miembros de la comunidad latina han reportado ser detenidos por agentes del orden sin causa probable o sospecha razonable”, agregó Shahshahani.

Por su parte, ICE considera que el 287(g) es solo una “herramienta de búsqueda”, según Bryan Cox, vocero de la agencia.

El programa “no empodera a los agentes locales de la ley con alguna autoridad adicional y las búsquedas tienen lugar solo cuando una persona ha sido arrestada y fichada por un cargo criminal”.

Ir a la nota fuente