Una corte federal ordena al gobierno entregar la lista de familias separadas en la frontera que no fueron reunificadas

La corte federal del sur de California que en junio le ordenó al gobierno de Donald Trump que reunificara a todas las familias separadas en la frontera luego de levantarle cargos criminales a los padres por ingreso ilegal al país fijó un nuevo plazo, esta vez para que entregue la lista de todas aquellos padres y menores que no fueron reunificados el jueves.

“La orden salió del tribunal el sábado”, dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en San Diego.

El dictamen constituye una importante victoria para el grupo de derechos civiles, quienes no solo demandaron al gobierno de Trump para detener las separaciones, sino que también pide al tribunal que las familias reunificadas tengan tiempo suficiente para encontrar caminos legales de permanencia y no los deporten de manera expedita.

“Vamos a necesitar más ayuda para encontrar a los padres y a los menores y podernos reunificar”, agregó Flores. “Este fallo nos permitirá hacerlo. La corte fijo como fecha el 1 de agosto”, indicó.

Con la lista, la organización tratará de poner en contacto a los padres con sus hijos para que estos puedan hacer las gestiones necesarias para que les sean devueltos. Se trata de remediar lo que consideran ha sido la mediocridad oficial para arreglar el entuerto creado por su propia política.

El jueves 26 venció el segundo plazo (de 30 días) para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificara al tribunal la reunificación de 2,551 menores separados forzosamente en la frontera entre el 5 de mayo y el 9 de junio, bajo la denominada política de ‘tolerancia cero’.

De ellos, 103 corresponden a niños menores de cinco años, cuyo plazo de reunificación venció el 10 de julio, pero el gobierno sólo reunificó ese día a 58.

Poco antes de cumplirse el segundo plazo, el DHS dijo que unos 700 menores no serían reunificados y que solo pudo reunir a unos 1,442 menores de 5 años o más con sus padres, así como liberar a otros 378 menores bajo lo que describió como “circunstancias apropiadas”, entre los que incluye a menores que fueron entregados a otros familiares o amigos o los que ya cumplieron 18 años.

El DHS dijo el viernes que había reunificado a todos los padres elegibles bajo custodia de ICE”, y aseguró que seguirá cumpliendo de buena fe las solicitudes de la corte mientras protege la seguridad y el bienestar de todos los niños bajo nuestro cuidado”.

La dependencia agregó que “algunos adultos extranjeros ilegales no son elegibles o no están disponibles para la reunificación en estos momentos, incluidos algunos adultos que no están bajo la custodia de ICE y que se encuentran en el interior de los Estados Unidos o en sus países de origen o que han decidido no reunificarse”, pero que “continuará haciendo todos los esfuerzos posibles para reunificar a los adultos elegibles con sus hijos”.

Pero los argumentos del gobierno son refutados por ACLU. El grupo alega que tanto los datos como las explicaciones dadas por el gobierno no han sido verificadas.

Hasta no dictar un fallo definitivo sobre la demanda entablada por ACLU en junio y un dictamen premilitar emitido el 16 de julio por el juez Dana Sabraw, quien preside la corte federal del Sur de California en San Diego, el gobierno no puede deportar a las familias reunificadas.

ACLU ha pedido a la corte un plazo de al menos 7 días de espera, tiempo suficiente para que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y abogados pro-bono contacten a las familias afectadas y les ofrezcan asistencia legal.

Entre los caminos legales para luchar por sus permanencias, la ACLU menciona el asilo. La mayoría de las familias separadas en la frontera huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza, viajaron hasta la frontera sur de Estados Unidos en busca de refugio.

El grupo de derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) denunció el viernes que “numerosos padres han indicado que no se les permite hablar con sus hijos, o que solo pueden hacerlo brevemente si están en condiciones de pagar las llamadas”.

Agregó que “en algunos casos transcurrieron varias semanas sin que los padres supieran dónde estaban sus hijos, mientras que en otros casos fueron deportados solos, sin brindarles ninguna información sobre los hijos de los que habían sido separados y que permanecieron en Estados Unidos”.

La política de tolerancia cero del gobierno de Trump fue anunciada en abril por el fiscal general, Jeff Sessions, e implementada en mayo. A mediados de Julio Trump desistió de las separaciones tras una oleada de criticas tanto a nivel nacional como internacional pero no ha desestimado su guerra contra la immigración indocumentrada” afectando severamente el debido proceso migratorio”, denunciño la Asociaciòn Americana de Abogados de Inmigración (AILA).