Un juez invalida gran parte de la política de Trump de no dar asilo por violencia doméstica o de pandillas

Publicado el 21 de diciembre de 2018
por Univision en Univision Noticias. Fotografía de Univision.

Un juez federal invalidó este miércoles gran parte de la política del gobierno de Donald Trump de no dar asilo por violencia doméstica o pandillas. Las reglas fueron establecidas por el entonces fiscal general Jeff Sessions dentro del marco de ‘tolerancia cero’. Además, el juez ordenó que las personas que fueron deportadas bajo las nuevas medidas deben volver a EEUU y se les debe ofrecer la posibilidad de continuar con sus procesos.

El juez Emmet Sullivan indicó que las políticas de Sessions, que exigían pruebas más estrictas para demostrar el “temor creíble” de las personas que buscaban asilo, violaban las leyes migratorias. El magistrado concluyó que no existe una base legal para “una prohibición categórica efectiva” en dichos casos.

En su fallo, Sullivan subrayó que “debido a que es la voluntad del Congreso, no los caprichos del Ejecutivo, lo que determina las normas para la expulsión acelerada, el Tribunal considera que esas políticas son ilegales”.

La ley migratoria estadounidense exige que, como mínimo, a cualquier inmigrante recién llegado que exprese temor de regresar a su país de origen se le otorgue una entrevista con un oficial de asilo para determinar si tiene un “temor creíble de persecución”. Aquellos que pasan dicha entrevista, no son expulsados y pueden continuar con los trámites para solicitar asilo.

“Esta decisión es otra derrota para el asalto total del gobierno de Trump a los derechos de los solicitantes de asilo”, indicó en un tuit la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que demandó al gobierno.

“El intento del gobierno de eliminar las protecciones de asilo es ilegal e inconsistente con el compromiso duradero de nuestro país de brindar protección a los inmigrantes que huyen por temor a perder la vida”, dijo en un comunicado a Univision Noticias Jennifer Chang Newell, abogada gerente del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Aún no está claro si las personas que fueron deportadas bajo los nuevos lineamientos podrá volver a Estados Unidos para continuar con sus procesos de asilo.

Entre las personas demandantes, hay mujeres que sufrieron “violencia sexual y física” por lo que “ante el temor de que fueran asesinados, junto con sus hijos pequeños, buscaron refugio en los EEUU”. según ACLU.

El pasado mes de junio, Jeff Sessions anunció que las víctimas de violencia doméstica y de pandillas no iban a calificar para pedir asilo. La medida fue tomada dentro de la estrategia de la Casa Blanca para dificultar la entrada al país a inmigrantes que huyen por estos motivos de sus países y buscan la protección en suelo estadounidense.

La decisión de Sessions revertía una medida del Panel de Apelaciones sobre Inmigración del Departamento de Justicia establecida en 2016 que indicaba que una mujer abusada de El Salvador era elegible para asilo bajo la ley federal. Esa instancia normalmente es la máxima autoridad sobre esos asuntos, pero el fiscal general tiene el poder de cambiarlo.

“No hemos actuado con apresuramiento sino cuidadosamente”, dijo Sessions. “En mi juicio, esta es una interpretación correcta de la ley”.

Por lo general las solicitudes de extranjeros pertinentes a violencia doméstica o violencia de pandillas perpetradas por actores no gubernamentales no calificarán para asilo”, escribió en un comunicado.

” El mero hecho de que un país podría tener problemas para efectivamente hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o violencia de pandillas, o que ciertas poblaciones son más propensas a ser víctimas del crimen, no puede ser establecido por sí mismo como causa de asilo”, agregó Sessions.

Previamente, durante un discurso en la inauguración de un curso de capacitación legal de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) en Washington, Sessions fustigó la política de concesión de asilo y pidió a los jueces que decidieran los casos “de manera eficiente”.

También dijo que los magistrados debían “mantener las leyes federales funcionando de manera efectiva, justa y consistente”.

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