Un juez federal obliga a ICE a permitir que los migrantes queden en libertad condicional mientras se resuelve su caso

Un juez federal ha ordenado a la Casa Blanca que modifique su política general de encerrar en centros de detención a los inmigrantes que optan por la vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos, mientras que una demanda presentada por el Southern Poverty Law Center (SPLC) y la Unión de Libertades Civiles de Louisiana es tramitada en los tribunales federales.

De acuerdo con una notificación del mismo SPLC en su página web, el mandato preliminar emitido por el juez del distrito James E. Boasberg significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Nueva Orleans deben restablecer los procedimientos para que los solicitantes de asilo detenidos sean liberados mediante el procedimiento conocido como libertad condicional.

“El fallo de hoy es una victoria para los solicitantes de asilo que este gobierno ha encerrado cruelmente y olvidado —declaró Luz López, abogada supervisora de SPLC—. Ya en 2017, nuestros clientes languidecían en abominables centros de detención ocultos a la vista del público, sin recurso legal. Esta decisión deja en claro que el DHS y ICE deben respetar tanto las leyes de inmigración de nuestra nación como la Constitución de los Estados Unidos”.

Durante el mandato de Donald Trump, las aprobaciones de la libertad condicional han descendido bruscamente. Hace menos de diez años, aproximadamente el 90% de los solicitantes de asilo eran liberados. Sin embargo, en 2018, la Oficina de campo de ICE en Nueva Orleans, que es la responsable de los solicitantes de asilo detenidos en varios estados del sudeste, les otorgó la libertad condicional a apenas dos de 130 casos.

En lo que va de 2019, el número de libertades condicionales otorgadas es cero, mientras que en 2016, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, el 75% de los inmigrantes arrestados lograba salir en libertad bajo fianza.

Un reporte reciente de Telemundo recordaba la llamada de atención del Congreso de EEUU a ICE para que redujera el número de personas bajo su custodia. Aquella orden se produjo en febrero de este año; seis meses después resultaba alarmante cómo la cifra de detenidos había alcanzado su récord, desobedeciendo el pedido legislativo.

La apertura de nuevas prisiones que funcionan desde empresas privadas, casi todas enclavadas en los estados de la nación más estrictos contra los inmigrantes, favoreció que el número de indocumentados tras las rejas aumentara de manera ostensible.

En el último semestre se han abierto seis centros de detención en Louisiana y dos en Mississippi. En total, estos dos estados poseen 13 instalaciones de ese tipo.

Según reporta la web informativa Mother Jones, ICE mantiene en prisión a unas 55.220 personas a pesar de que el Congreso le ordenó reducir los detenidos de 49.000, que tenía ese mes, a 40.520 antes de final de año fiscal, que cierra en octubre.

La demanda fue presentada en nombre de 12 individuos que, como cientos de otros inmigrantes, solicitaron asilo en los puntos de entrada oficiales de Estados Unidos en cumplimiento de la ley federal, y que luego fueron confinados y enviados a prisiones remotas en Luisiana, Mississippi y Alabama.

ICE, la agencia del DHS a cargo de detener y de liberar a los inmigrantes, ha negado la libertad condicional en todo momento, incluso cuando las personas poseen casos sólidos de asilo y cumplen los requisitos legales.

No obstante, la política de esta agencia del gobierno requiere que los solicitantes de asilo sean liberados siempre que demuestren su identidad y cuando quede claro que no representan un peligro o un riesgo de fuga, según la demanda.

La libertad condicional es el único recurso legal para la liberación de los demandantes, ya que actualmente la ley no les da derecho a solicitar la liberación ante un juez de inmigración.

La demanda también destaca el maltrato que reciben los inmigrantes dentro de los centros de detención, al tiempo que señala cómo las instalaciones, esencialmente las cárceles de inmigración, frecuentemente operadas por compañías con fines de lucro, se dedican al uso excesivo de la reclusión en régimen de aislamiento y no proporcionan la atención médica adecuada.

“La negación de la libertad condicional a los solicitantes de asilo legales subraya la brutalidad de nuestro sistema de inmigración —enfatizó Bruce Hamilton, abogado de ACLU en Luisiana—. Nuestros clientes han sufrido un tratamiento deshumanizante, desde un aislamiento solitario excesivo hasta una atención médica inadecuada, todo el tiempo prácticamente sin esperanza de ser liberados”.

Uno de los demandantes, identificado como “R.O.P.” en el documento, es un médico que huyó de Cuba porque las autoridades le exigieron que maltratara a los pacientes por razones políticas. Se trata de uno de los más de 100 hombres cubanos detenidos en remotas cárceles de inmigración de Luisiana.

R.O.P. solicitó asilo en julio de 2018, en un punto de entrada oficial a EE.UU. en Laredo, Texas, y luego fue confinado a una prisión de inmigración supervisada por la Oficina de Campo de ICE en New Orleans.

El hombre aprobó la entrevista de miedo creíble y presentó evidencia de que no representa un peligro para la sociedad, así como una carta de patrocinio de su prometida, que es ciudadana estadounidense.

Sin embargo se le negó la libertad condicional y ya lleva casi un año detenido. Otros han estado encerrados por más de dos años.

Ahora, tras la restauración del acceso a la libertad condicional, los abogados de SPLC y ACLU ahora podrán luchar por la liberación de sus clientes.

“El tribunal confirmó hoy que los solicitantes de asilo que cumplen la ley tienen derecho a tramitar la libertad condicional ante un juez de inmigración —dijo Laura Rivera, directora de la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del Sudeste, del SPLC.

“Esperamos trabajar con los miembros de la comunidad para adiestrarlos sobre cómo presentar solicitudes de libertad condicional. ICE debe asumir su responsabilidad de considerar la solicitud de libertad condicional de las personas detenidas”.

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