Un juez federal frena la política de Trump de regresar a México a solicitantes de asilo en EEUU

Publicado el 9 de abril de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Anadolu Agency/Getty Images

Un juez federal de California bloqueó este lunes la política del gobierno de Donald Trump que obliga a ciertos extranjeros que piden asilo en el oeste de la frontera esperar en México hasta que un juez revise sus casos en una corte de inmigración.

La política, denominada ‘Permanecer en México’ (MPP) e implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a finales del año pasado primero en San Ysidro y luego extendida a otros puntos de la frontera, tiene como ojetivo disuadir a los migrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y vienen a Estados Unidos en busca de asilo o refugio.

El juez Richard Seeborg, de la corte federal de California, dictó una medida cautelar preliminar, propinándole un nuevo golpe al gobierno de Donald Trump en su afán por imponer una política de ‘tolerancia cero’ en la frontera con México para detener, según dice la Casa Blanca, la inmigración indocumentada.

Tanto el gobierno de México como los detractores de la política han dicho que esta viola el reglamento al cambiar, sin la autorización del Congreso, una parte de la ley de asilo vigente desde 1980.

Se espera que la orden entre en vigor el viernes, de acuerdo con la decisión del juez y tenga alcance nacional. El Departamento de Justicia no ha dicho si apelará la decisión.

El juez Seeborg dijo que su decisión se dirigió a la estrecha cuestión de si el gobierno de Trump había seguido las leyes administrativas al implementar la política para regresar a México a los solicitantes de asilo.

“La cuestión legal es si el programa Permanecer en México (MPP) es una política inteligente o humana, o si es el mejor enfoque para enfrentar las circunstancias”, indicó el juez.

Seeborg dijo además que el gobierno permitiría a los 11 demandantes en el caso (respaldados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ingresar a Estados Unidos a partir del domingo. Dijo que el gobierno aún conservaba el derecho a los solicitantes de asilo en espera del resultado de su caso.

“El simple hecho que ahora las personas se quedan en México esperando el veredicto de asilo político es una violación del debido proceso”, había dicho Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “La gente, cuando llega a la frontera, viene cansada, agotada, llena de miedos y preocupaciones. Y cuando ejerce su derecho de pedir asilo, lo regresan a México a que espere. Y la espera puede demorar mucho tiempo, meses. Están pisoteando sus derechos, es algo no debería estar sucediendo”, añadió.

En febrero la ACLU junto a 11 migrantes afectados por la política de Permanecer en México (MPP), demandó al gobierno de Trump para que ponga fin a la política de retorno a México de solicitantes de asilo. La organización argumentó que la medida “restringe” el debido proceso migratorio “y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo”.

Precisó además que la política ideada por el gobierno de Trump “hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo” por parte de las autoridades estadounidenses, y que la permanencia en territorio mexicano, después de huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza, no garantiza que no habrá nuevos y mayores peligros.

La MPP no incluye a menores migrantes no acompañados (UAC), quienes están protegidos por una ley de prevención de tráfico humano (TVPRA) de 2008, que impide sus deportaciones aceleradas y obliga a un juez de inmigración a revisar sus casos y decidir sus futuros en Estados Unidos.

Tanto el Departamento de Justicia como la Casa Blanca no han comentado el dictamen hasta ahora.

Para el Southern Poverty Law Center (SPLC), México es un lugar “peligroso” para los migrantes que huyen de sus países, principalmente Centroamérica, y piden asilo en la frontera estadounidenses y son obligados a esperar en el lado mexicano.

“El gobierno de Trump sigue buscando formas más crueles de burlar la ley y hacer caso omiso de la moral básica. Las personas que huyen de la persecución tienen derecho a buscar asilo en Estados Unidos”, agregó la organización recientemente en un comunicado.

El plan “Permanecer en México” está restringiendo el debido proceso migratorio y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 5.700 miembros en todo el país y se había unido a las protestas.

AILA insiste en que el protocolo creado por el DHS “altera drásticamente el procesamiento de las solicitudes de asilo en la frontera y hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo de sus reclamos según lo requerido por la ley estadounidense y el derecho internacional”.

El fallo de este lunes se suma a otras batallas judiciales perdidas por Trump en materia migratoria.

En febrero de 2017 una corte federal detuvo la implementación del veto migratorio a países musulmanes, aunque luego la Casa Blanca mejoró el texto y finalmente fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los meses de enero y abril del 2018 tres tribunales en California, Nueva York y Washington DC bloquearon la decisión del gobierno de cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país y se les conoce como dreamers.

El 26 de junio del año pasado otra corte federal de San Diego bloqueó la implementación de la política de separación forzada de familias en la frontera y obligó al gobierno a reunificar los miles de afectados. El proceso judicial todavía continúa porque el gobierno no ha cumplido, aún, la totalidad de la orden emitida por el juez Dana Sabraw.

El 4 de octubre el juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, bloqueó la decisión del gobierno de Trump de poner fin a los TPS que amparan de la deportación a miles de indocumentados, principalmente centroamericanos, que viven desde hace casi dos décadas en Estados Unidos. “Hay evidencia circunstancial de que la raza fue un elemento motivador” para acabar el TPS, argumentó el juez en su fallo.

El 8 de diciembre la Corte de Apelaciones del 9no Circuito con sede en San Francisco negó al gobierno de Trump un recurso que defendía el bloqueo de las solicitudes de asilo inmigrantes que entraban al país por zonas no autorizadas, otras de sus políticas para detener la inmigración indocumentada al país.

El 19 de diciembre, otra corte federal bloqueó la orden emitida por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, de negar asilos por violencia doméstica y de pandillas. El juez Emmet Sullivan dictaminó que las directrices emitidas por el Departamento de Justicia no pueden ser usadas para probar si un inmigrante tiene un temor creíble de ser perseguido o torturado en su país de origen, que se trata del primer y crucial paso para solicitar asilo en Estados Unidos.

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