Un juez federal en California bloquea temporalmente el retiro de fondos de Trump a las ciudades santuario

Un juez federal en California ha bloqueado temporalmente el intento del presidente Trump de quitarle fondos a las jurisdicciones santuario, en una decisión que tendrá alcance nacional y que reconoce que la orden del presidente podría ser inconstitucional.

El juez de distrito William H. Orrick reconoció este martes que la sección 9(a) de la orden ejecutiva 13768 de Trump —que convertiría a las ciudades y condados santuario “inelegibles a recibir fondos federales” hasta que cambien sus políticas migratorias— podría violar varias enmiendas de la Constitución, y que los argumentos presentados en su corte contra la medida tienen suficientes méritos para detener por el momento la implementación de esos castigos.

La decisión de Orrick se desprende de una demanda conjunta presentada por los condados de San Francisco y Santa Clara, que demandaron por separado al presidente luego de que anunciara su orden ejecutiva en enero.

“Los condados han demostrado que podrían ser exitosos en su desafío a la sección 9(a) de la orden ejecutiva, que sufrirían daños irreparables sin un bloqueo temporal y que el balance entre daños e interés público se inclina a su favor”, concluye el fallo del juez Orrick. “Las mociones de los condados por un bloqueo preliminar nacional, prohibiendo que se implemente la sección 9(a), son concedidas”.

El fiscal de San Francisco, Dennis Herrera, celebró el fallo preliminar, que llega a unos días de que se cumplan 100 días de Trump en la Casa Blanca. “Enfrentada con la ley, la administración de Trump se echó hacia atrás”, dijo Herrera en un comunicado. “Es por esto que tenemos cortes: para detener los excesos de un presidente y un fiscal general que no entienden la Constitución o deciden ignorarla”.

Herrera presentó varios retos legales contra la orden de Trump durante la primera audiencia del caso en la corte de Orrick este mes: entre otras cosas, argumentó que viola la separación de poderes, ya que el presidente busca controlar los poderes de gastos que pertenecen al Congreso; que violaría la décima enmienda de la Constitución, la cual prohíbe que el gobierno federal coaccione a las jurisdicciones locales; y que violaría la quinta enmienda por ser demasiado difusa.

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