Un juez de Maryland avala la cancelación de DACA, pero el programa sigue vigente

La Corte de Maryland fue una de las que recibió demandas contra el gobierno, junto a la de Nueva York, California y el Distrito de Columbia tras la cancelación del programa. Tanto California como Nueva York, ya decidieron el 9 de enero y el 13 de febrero respectivamente: obligaron a reactivar el programa y permitir la renovación de sus permisos de trabajo a aquellos que ya estaban inscritos. En ambos dictámenes, los tribunales dijeron que el gobierno actuó de manera “arbitraria”. Por eso el anuncio de Maryland no afecta lo establecido por las otras cortes, a pesar de que el juez Titus criticara los fallos al considerarlos una “indebida intromisión política”.

Tras el fallo del 9 de enero, el Departamento de Justicia apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para revertir el dictámen que revivió DACA. Simultánemente, le solicitó a la Corte Suprema que revise con carácter de urgencia el fallo de la corte de California. El máximo tribunal de justicia decidió no aceptar el pedido del gobierno y permitir que continúe el debido proceso, es decir, que el gobierno espere lo que decida finalmente la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Para el juez Titus, los comentarios de Trump contra los indocumentados son “irrelevantes” a los asuntos relacionados con la Acción Diferida. Aunque sí insistió en que el gobierno de Trump no puede utilizar la información personal de los beneficiarios del programa para expulsarlos del país y que para hacerlo deberá solicitar una orden judicial para cada caso.

Para el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, la declaración del juez de Maryland es una “buena noticia”. “Pese a estos obstáculos, el Departamento de Justicia continuará defendiendo la promoción y cumplimiento del imperio de la ley, que es tan vital para proteger a una nación, sus fronteras y a sus ciudadanos”, aseguró en su comunicado.

Tras la cancelación de DACA el pasado 5 de septiembre, Trump le dio un plazo de seis meses al Congreso para aprobar una ley que legalice la permanencia de los dreamers, pero hasta el momento los demócratas y republicanos no han alcanzado un acuerdo bipartidista y bicameral, dejando a los beneficiarios de DACA sumidos en un limbo migratorio.