Trump quiere forzar la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020 y considera usar una orden ejecutiva

Los abogados del Departamento de Justicia informaron que el gobierno seguirá en su esfuerzo de incluir la pregunta de la ciudadanía en el Censo 2020, según una declaración que presentaron la tarde del viernes a un juez de Maryland que estudia la demanda de varios estados y organizaciones contra la decisión.

“(A) los Departamentos de Justicia y Comercio le ha sido solicitado reevaluar todas las opciones disponibles tras la decisión de la Corte Suprema y (analizar) si la decisión de la Corte Suprema permitiría una nueva decisión para incluir la pregunta de la ciudadanía en el Censo decenal 2020”, indica el escrito presentado al juez George Hazel, de Maryland, quien preside una de las tres demandas que hay ante corte federales en relación a esa pregunta del censo.

“En el caso de que el Departamento de Comercio adopte un nuevo argumento para incluir la pregunta (…) consistente con la decisión de la Corte Suprema, el gobierno notificará inmediatamente esta Corte de manera que pueda determinar si hay necesidad de procedimientos adicionales”.

Poco antes, el presidente Donald Trump había dicho que podría emitir una orden ejecutiva para forzar la polémica pregunta dentro del cuestionario decenal, apenas semanas despuñes de que la Corte Suprema, de corte conservador, frenara la inclusión en los formularios.

“Estamos trabajando en muchas cosas, incluida una orden ejecutiva”, dijo Trump frente a la Casa Blanca este viernes cuando salía rumbo a su resort Bedminster, en Nueva Jersey.

Su administración enfrenta un plazo hasta este viernes por la tarde impuesto por la justicia para explicar claramente cuáles son los planes del gobierno, y los motivos para incluir la pregunta, tras la confusión generada por la propia administración Trump.

El juez de la corte de distrito con sede en Maryland, George Hazel, dijo a la administración que declare sus intenciones sobre la pregunta, antes de las 2 pm de este viernes 5 de julio.

El presidente también sugirió que se podría agregar una consulta sobre la ciudadanía posterior al censo si no se llegara con los plazos para incluirla en los cuestionarios que se imprimen para 2020.

Trump y su equipo han estado pensando como seguir adelnate con la inclusión de la pregunta, luego de que la Corte Suprema bloqueara al menos temporalmente esa cuestión bajo el argumento de que la administración habían dado una razón “artificial” para incluirla.

El máximo tribunal, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que la administración ofrezca mejores razones a una corte inferior.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo este martes que la Oficina del Censo había iniciado el proceso de impresión de los cuestionarios del censo sin la consulta de ciudadanía, dando la impresión de que la administración Trump había desistido de la polémica cuestión.

Pero Trump, desde Twitter, dijo al día siguiente que su gobierno sigue luchando por incluirla, en aparente contradicción con sus propios funcionarios.

El censo se utiliza, entre otras cosas, para asignar asientos en la Cámara de Representantes y distribuir fondos federales, financiación para escuelas, Medicaid e infraestructura.

Pero los que se oponen a esta pregunta, que fue removida del censo décadas atrás, dicen que es una táctica republicana para asustar a los migrantes con situaciones irregulares en EEUU para que no respondan, lo que distorsionaría los resultados.

Además, les serviría a los republicanos para diseñar distritos electorales en favor de su partido, dividiendo las zonas con poblaciones blancas de las que tienen mayorías hispanas o negras. Dicen que los funcionarios mintieron sobre sus motivaciones para agregar la pregunta y que la medida ayudaría a los compañeros republicanos de Trump a obtener escaños en la Cámara de Representantes.

Trump y sus partidarios dicen que tiene sentido saber cuántos no ciudadanos viven en el país. Sus políticas de línea dura sobre inmigración han sido un elemento clave de su presidencia y la campaña de reelección de 2020.

Un grupo de estados y organizaciones de derechos de los inmigrantes, cuestionaron la legalidad de la cuestión de la ciudadanía y argumentaron, entre otras cosas, que la Constitución de los Estados Unidos exige que los distritos del Congreso se distribuyan basándose en el recuento de “el número total de personas en cada estado” sin referencia a la ciudadanía. Tres jueces federales diferentes bloquearon la administración antes de que interviniera la Corte Suprema.

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