Trump pide al Departamento de Justicia eliminar normas mínimas de seguridad infantil en centros de detención familiar

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves a una corte federal de California que modifique un acuerdo conocido como “Flores” para poder detener a los niños inmigrantes durante más de 20 días, límite máximo que fija ese pacto judicial.

La petición fue interpuesta por el Departamento de Justicia ante la corte del distrito central de California, con sede central en Los Ángeles.

Donald Trump salió ayer al paso para resolver la crisis propiciada por sus propias políticas de “cero tolerancia” firmando un decreto presidencial que ordena que los menores migrantes sean encerrados de forma indefinida junto a sus padres en centros de detención.

La orden ejecutiva, aseguró Trump, es para “terminar con la separación de familias” en la frontera que, según dijo, a cualquier persona “con corazón” no le gusta ver.

Trump pareció así retroceder de su método de implementar la política de “tolerancia cero”, anunciada por el fiscal general, Jeff Sessions, en mayo e implementada hasta junio. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha revelado que más de 2,000 niños fueron arrancados de brazos de sus padres como resultado de esa política. Entre ellos hay casi 100 salvadoreños. El Gobierno de Estados Unidos nunca comunicó de forma oficial al país lo que estaba haciendo en la frontera.

Trump firmó ayer una orden ejecutiva para revertir su propia política. Sin embargo, el texto, publicado por la Casa Blanca, deja entrever que la solución a la que ha llegado la administración es pedir ante una corte la modificación de un acuerdo que data de 1997 y que da garantías mínimas a los infantes en centros de detención.

El Acuerdo Flores, un convenio al que llegó el Gobierno de Estados Unidos con organizaciones humanitarias hace más de dos décadas, impide, por ley, que un menor de 18 años inmigrante sea detenido por más de 20 días. Sin importar si el niño se presentó a la frontera solo, con la compañía de sus padres, o de otro adulto.

Ayer por la mañana, solo horas antes de que el presidente firmara, el representante demócrata Luis V. Gutiérrez dijo en una conferencia de prensa junto a sus colegas que la administración debe de respetar el acuerdo.

En concreto, el Ejecutivo quiere que el tribunal suspenda de manera provisional el acuerdo “Flores” para, con amparo legal, poder retener a los niños junto a sus padres en los centros de detención para familias que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Además, el Gobierno quiere que la corte permita al ICE regentar sus centros de detención para familias sin una licencia estatal, lo que permitiría abrir nuevas instalaciones para internar a los inmigrantes sin tener que pedir permiso a ningún estado, incluidos aquellos como California que se han opuesto a sus políticas.

En 2015, el Ejecutivo del expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) pidió sin éxito a esa misma corte de California que modificara el pacto “Flores” para retener durante periodos superiores a 20 días a la gran cantidad de niños que llegaron al país durante el verano de 2014.

La corte del distrito central de California falló en contra de Obama en julio de 2015 y, posteriormente, ese veredicto fue ratificado por el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, una instancia inferior al Supremo y con sede en San Francisco.

La viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, explicó ayer que los procesos de los adultos se dilatan más que los de los menores.

Un exdirector de ICE dijo a NBS News esta semana que “fácilmente” la brecha que separa la posible deportación del padre y del menor puede llegar a ser de años.

En la práctica, eliminar el Acuerdo Flores da discreción al Gobierno para decidir el tiempo de detención de los niños. La orden ejecutiva tampoco da garantía de que los más de 2,000 menores ya separados de sus padres sean reunificados.

“Es la política de esta administración hacer cumplir rigurosamente nuestras leyes de inmigración. Según nuestras leyes, la única forma legal para que un extranjero ingrese a este país es en un puerto de entrada designado en el momento apropiado”, dice un apartado de la orden ejecutiva.

Diferentes organizaciones reaccionaron de inmediato arrojando luz a que la orden ejecutiva no resuelve nada. Tom Jawetz, del Centro para el Progreso Americano (CAP, en inglés), lo dijo claramente: “La orden ejecutiva no termina con la separación de familias”.

“Sugerir que detener a las familias juntas es una solución a la crisis humanitaria que creó Trump está moralmente mal. No es solo que la orden ejecutiva viola la ley de EUA –el Acuerdo Flores–, pero también marca una violación continua de la ley internacional”, señaló en un comunicado Alianza Américas.

Por su parte, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) condenó que “el encarcelamiento de familias por períodos prolongados de tiempo no tiene sentido, particularmente cuando se ha demostrado que las alternativas humanas y rentables a la detención son efectivas”.

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