Tribunal de apelaciones ordena a una corte revisar si la pregunta de ciudadanía del censo tiene fines discriminatorios

Una corte federal de apelaciones decidió este martes que un juez de Maryland debe revisar las acusaciones de que el gobierno de Donald Trump tiene la intención de discriminar a las minorías al agregar una pregunta de ciudadanía al cuestionario del Censo 2020. El anuncio se da en momentos en que se esperaba que la Corte Suprema decidiera sobre la constitucionalidad de este asunto.

El panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito votó 2-1 para devolver el caso al juez de distrito George J. Hazel, de manera que él pueda revisar nuevos documentos que sugieren que su inclusión persigue un beneficio político para el Partido Republicano y evadir la Ley de Derechos del Votante.

Los archivos en cuestión fueron hallados en los discos duros del fallecido Thomas Hofeller —un estratega republicano poco conocido pero considerado el arquitecto del diseño de los distritos políticos que en las última décadas han permitido ventajas a su partido. Sugieren que él se había comunicado con la administración Trump para determinar cómo incluir la pregunta de ciudadanía en la encuesta y que el consultor había asegurado que añadirla al formulario crearía una “ventaja electoral para los republicanos” y para “los blancos no hispanos”. Esto fue considerado previamente “una cuestión relevante” por el juez Hazel.

Los documentos muestran que Hofeller concluyó en 2015 un estudio en el que determinó que sumar la cuestionada pregunta en el Censo 2020 generaría “claramente una desventaja para los demócratas (…) y una ventaja para republicanos y blancos no hispanos”a la hora de dibujar los distritos electorales. Él mismo llevó la idea al gobierno de Trump en 2017.

Los archivos de Hofeller contradicen los testimonios dados por Mark Neuman, el asesor del secretario de Comercio, Willbur Ross, y de John Gore, un funcionario del Departamento de Justicia, quienes han declarado ante los tribunales en defensa de la inclusión de la pregunta y contra la idea de una intención discriminatoria.

La Corte Suprema está considerando en su decisión justamente las decisiones de cortes inferiores, que aseguran que Ross violó las leyes administrativas y la Constitución al apoyar la inclusión de esta pregunta. Los críticos, inclusive desde la Oficina del Censo, creen que agregarla al cuestionario podría generar miedo y, como consecuencia, que millones de personas no respondan a las preguntas o devuelvan la planilla por lo que habría un subconteo de datos entre, por ejemplo, las poblaciones de inmigrantes.

El juez de Maryland deberá definir si la pregunta viola la protección de todos los que participarán y si se trató de una conspiración para generar un subconteo de las minorías.

Hazel ya se había pronunciado en el caso contra la pregunta en abril, pero entonces no encontró pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de los demandantes de que el gobierno tenía la intención de discriminar a los inmigrantes y de que conspiraba para violar la ley constitucional sobre los derechos de los no ciudadanos y las personas de color.

Por su parte, el gobierno niega tener motivaciones políticas y dice que el Departamento de Justicia ha determinado que la pregunta era necesaria para cumplir mejor con la ley federal del derecho al voto. Al conocerse el mes pasado las pruebas presentadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y un bufete de abogados, desde el gobierno se dijo que las evidencias “no eran importantes y no producirían un nuevo resultado”.

Que el caso volviera al juez Hazel era esperado. Ahora él podría ordenar nuevas pruebas, citaciones adicionales, documentos, o simplemente considerar que las evidencias presentadas son pruebas suficientes.

Según la cadena CNN, Hazel dijo el 19 de junio a la sala del tribunal que en el actual juicio él se inclinaba 49% hacia la posibilidad de declararse a favor de los demandantes en su reclamo de discriminación intencional, pero no dio declaraciones sobre sus posibles decisiones si el caso regresaba a su tribunal.

Uno de los elementos que se argumentan para apurar una decisión de la Corte Suprem sobre la pregunta es que los formularios del censo tienen que entrar en imprenta en julio.

El abogado del gobierno, Noel Francisco, dijo en una carta al máximo tribunal que sus jueces no deben limitarse para tomar una decisión al argumentar que los reclamos en el caso de Maryland no tienen méritos y que están basados en “una teoría de conspiración sin evidencia e irrelevante legalmente para demostrar que el secretario Ross actuó con intenciones de discriminar”.

Pero entre quienes desafían la inclusión de la pregunta han pedido a la Corte Suprema que espere que Hazel y un juez en Nueva York puedan considerar la evidencia.

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