La demanda presentada la semana pasada por tres salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, TPS, contra la administración de Donald Trump por cancelar el TPS a cerca de 190 mil de sus compatriotas genera expectativas y esperan que el juez federal de Maryland, George J. Hazel, la acepte para que se pueda revertir la cancelación del beneficio migratorio.
El miércoles pasado, decenas de salvadoreños acudieron a la Corte Federal de Greenbelt auspiciados por CASA de Maryland para organizar la demanda que llegó al despacho del juez Hazel, quien revisará el sustento de los alegatos presentados durante la primera audiencia en que las partes expusieron sus argumentos.
En la sala 4A de la Corte en Greenbelt estuvo el salvadoreño Manuel Álvarez, quien es beneficiario del TPS. El afán de salvar su estatus legal lo llevó ese día a este recinto judicial junto a decenas de salvadoreños y activistas.
Álvarez, como miles de sus compatriotas, están en vilo en espera de que una solución legislativa que sea adoptada por el Congreso o una decisión favorable del juez revierta la situación, de lo contrario se convertirían en inmigrantes indocumentados al caducar el beneficio el próximo año, y por lo tanto pasarían a ser sujetos de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
Otros como Elsy Alfaro, a quien los activistas de CASA presentaron como demandante, dice entre lágrimas que su mayor preocupación son sus cinco hijos nacidos en el área de Washington, quienes no aceptan ir a vivir al país natal de su madre. “Ellos dicen que nacieron aquí, que aquí es donde deben estudiar y que no están dispuestos a irse para otro lado; eso es muy difícil y frustrante para uno; yo cuando veo las noticias lloro porque me da mucha tristeza cuando veo que los papás se van y dejan a sus hijos aquí, yo no quiero dejar a mis hijos, eso es muy duro y muy triste”, comentó a El Tiempo Latino.
Sus hijos, de 16 años la mayor, de 13 la segunda, un niño de 9, otra niña de 7, y el más chico de 5 años, son la razón por la que Alfaro está dispuesta a implorar al juez y esperar que sus reclamos sean escuchados. El gerente de Servicios Legales de CASA de Maryland, Nicholas Katz, reconoce que este es solo el primer paso en esta demanda; luego de la audiencia del miércoles 12 no hay un calendario establecido por el juez. Los demandantes y sus abogados, más los representantes del Departamento de Justicia como defensores del gobierno de Estados Unidos, solo plantearon sus posturas en esa cita. Sin embargo, están optimistas en que el magistrado decida darle trámite al caso registrado con el número 8:18-CV-00845 que básicamente sienta la demanda contra la Administración de Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional con su secretaria Kirstjen M. Nielsen por cancelar el TPS de manera arbitraria violando preceptos legales.
“Hemos argumentado en frente del juez que la terminación del TPS se dio por una decisión racista que no está de acuerdo con la ley. Estamos en el primer paso de este caso, pero es lógico que si esa decisión se dio fuera de la ley, el juez necesitará revisar a fondo qué llevó a cancelar el TPS”, explica Katz y enfatiza su optimismo de que los tepesianos tengan la oportunidad de testificar ante el juez.
José Guevara, uno los salvadoreños firmantes de la demanda está consciente del paso dado y espera que se haga justicia y que el próximo año tanto él como los 190 mil compatriotas suyos puedan volver a reinscribirse en el beneficio migratorio.
Los demandantes se ven en el espejo de los más de 600 mil jóvenes amparados al Programa de Acción Diferida, DACA, a los que resoluciones judiciales les han permitido que se reinscriban mientras no llega un veredicto de las máximas instancias judiciales, las que decidirán si hubo violación de ley por parte de la Administración Trump para cancelarlo; o en una eventual resolución final de la Suprema Corte, que dicte si el expresidente Barack Obama tenía facultades constitucionales para dar el beneficio a los llamados “Dreamers”.
El abogado de inmigración, José Lagos, con amplia experiencia en el manejo de casos de TPS, dijo que por el momento no podía opinar sobre esta demanda, ya que, hasta el cierre de esta edición, no había sido aceptada por el juez, y que cualquier comentario puede afectar el caso.
Sí hizo hincapié en que ya son varias las peticiones a nivel nacional sobre las que no hay decisiones judiciales.
