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Sigue vigente la regla de carga pública que afecta trámites como la residencia
Publicado el 9 de febrero de 2021
por Jorge Cancino para Univision. Foto por Univision
La regla de carga pública que Donald Trump implementó el año pasado y que afecta los trámites migratorios incluyendo la residencia legal permanente (Green Card o tarjeta verde), sigue vigente sin ningún tipo de cambios, advierten expertos consultados por Univision Noticias.
“Sigue todo en efecto, nada ha cambiado”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “El presidente (Biden) anunció una comisión que revisará la regla, pero por el momento los inmigrantes deben considerar las limitaciones al momento de solicitar un beneficio”, indicó.
La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero del 2020, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.
El gobierno apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar su implementación.
El martes Biden firmó tres órdenes ejecutivas migratorias para revertir parte de la política que Trump impuesta por Trump en los últimos cuatro años. Una de ellas ordena integrar un grupo para que revise la regla y le presente un informe en un plazo de 60 días.
La revisión
El martes Biden firmó tres órdenes ejecutivas migratorias:
- Una para restablecer el sistema legal modificado por Trump;
- Otra para abordar las causas de la migración indocumentada hacia Estados Unidos y recuperar el proceso de asilo; y
- Una tercera que crea un grupo de trabajo para reunificar a las familias afectadas por la cuestionada política de separaciones forzadas que el gobierno de Trump implementó en la frontera, primero de forma secreta durante más de un año.
En el primer decreto ordenó una “revisión inmediata” de las acciones de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “sobre la inadmisibilidad de la carga pública”.
La revisión estará a cargo de los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, del Fiscal General y los jefes de otras agencias relevantes, según corresponda, quienes “revisarán todas las acciones relacionadas con la implementación del motivo de inadmisibilidad de carga pública”, señaló.
La tarea
De acuerdo con el decreto, el grupo de trabajo deberá:
- Considerar y evaluar los efectos actuales de estas acciones por parte de la USCIS de la agencia y las implicaciones de su implementación continua a la luz de la nueva política migratoria establecida por el gobierno;
- Identificar las acciones apropiadas de la agencia, si las hay, para abordar las preocupaciones sobre el efecto de las políticas actuales de carga pública en la integridad del sistema de inmigración del país y la salud pública; y
- Recomendar pasos que las agencias relevantes deben tomar para comunicar claramente las políticas actuales de carga pública y los cambios propuestos, si los hay, para reducir el miedo y la confusión entre las comunidades afectadas
La orden establece un plazo de 60 días para que tanto el secretario de Estado, como el de Seguridad Nacional y el Fiscal General entreguen sus respectivos informes describiendo acciones y pasos que sus agencias pretendan tomar o hayan tomado al respecto.
Paciencia y cautela
“No sabemos cuál será el impacto que vaya a tener el proceso de revisión y las recomendaciones que los miembros de la comisión le entreguen al presidente en el plazo de los 60 días”, dijo Guerrero. “Habrá cambios, de eso podemos estar seguros, pero hay que tener paciencia y ser cauteloso”, agregó.
Guerrero dijo además que “si bien las recomendaciones serán entregadas en un plazo de 60 días, aquellas personas que están planeando solicitar un beneficio migratorio y tienen poco tiempo para no quedar fuera de estatus, deben someter sus solicitudes para que no comience a correr el reloj que mide la permanencia indocumentada” en Estados Unidos.
“Si tiene dudas, lo mejor es hablar con su abogado para que revise su expediente y le brinde el mejor consejo legal posible. Pero por nada se arriesgue si en los próximos dos meses se quedara fuera de estatus”, apuntó.
Para Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas), “hasta que no haya un cambio oficial la regla de carga pública, todas las personas que están en proceso de residencia o de cualquier otro beneficio de inmigración deben cumplir con la ley tal y como está escrita”.
“Se recomienda que continúe con su proceso por el momento”, añadió. Dijo además que “los cambios que (el presidente) Biden pueda crear en la regla de carga publica es probable que beneficie a los inmigrantes, el gobierno ha dado suficientes señales de que no será tan agresivo como lo fue Trump”.
La regla final de carga pública vigente modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas “U” y “T”, asilados, refugiados y otras categorías”.
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