Senadores demócratas piden a la Cruz Roja que investigue los centros de detención de la Patrulla Fronteriza

Un grupo de 25 senadores demócratas pidió este miércoles al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) que investigue los centros de detención de la Patrulla Fronteriza en el suroeste del país, especialmente las condiciones de los menores no acompañados, grupos familiares y otros individuos vulnerables detenidos en la frontera.

Por medio de una carta dirigida al presidente del ICRC, Peter Maurer, y también al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John V. Kelly, el grupo, encabezado por los senadores Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Richard Durbin (Illinois), expresaron su “profunda preocupación por las condiciones de hacinamiento en los centros de detención” donde han sido enviados miles de migrantes aprehendidos en la frontera tras huir de sus países en busca de asilo.

Ambas cartas fueron remitidas dos días después que el gobierno de Donald Trump anunciara la muerte del menor Carlos Gregorio Hernández Vázquez, un migrante de origen guatemalteco de 16 años de edad que falleció en un centro ubicado en El Paso, Texas.

“Este es el quinto caso en el que ocurre una tragedia en condiciones similares desde el pasado mes de diciembre”, indican las misivas.

Tanto en la carta a Maurer como a Kelly, los senadores advierten que las condiciones de hacinamiento “están poniendo en riesgo a los migrantes detenidos”.

Precisan además que las actuales instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) son inadecuadas para el volumen actual de migrantes detenidos en la frontera.

“Nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para el gran volumen de unidades familiares ni para la custodia a largo plazo”, puntualizan. “Consideramos que 4,000 detenidos es un alto número de migrantes bajo custodia y en el pasado consideramos que 6,000 detenidos era una crisis. En este año fiscal, el CBP ya ha experimentado más de 14,000 detenidos bajo custodia en un solo día”, exponen.

En la carta a Maurer los senadores indican que el CICR ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los centros de detención de migrantes de todo el mundo “cumplan con las normas internacionales de derechos humanos” y le solicitan que “inicie de inmediato una investigación sobre las instalaciones de CBP para inmigrantes detenidos en la frontera del suroeste”.

Hernández Vásquez, el adolescente guatemalteco de 16 años que murió este lunes en custodia del CBP, estuvo detenido 144 horas, el doble del tiempo permitido, y no fue trasladado a un hospital a pesar de que dijo que se sentía mal y fue diagnosticado con influenza.

En su lugar, lo llevaron a la estación de Weslaco, en Texas, para evitar que contagiara a otros detenidos, dijo un funcionario de CBP citado por la agencia The Associated Press.

Una ley vigente desde 2008 ordena que los menores no acompañados no pueden permanecer más de 72 horas bajo custodia del CBP y deben ser entregados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

El CBP se encuentra bajo la lupa de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y del Congreso desde diciembre, tras la muerte de los menores guatemaltecos Jakelin Caal Maquin, de 7 años, quien falleció a causa de una infección, y Felipe Gómez, de ocho años, a causa de complicaciones por un resfriado.

El 2 de mayo se registró la muerte del menor también guatemalteco Juan de León Gutiérrez, de 16 años, cuya causa de muerte no ha sido reportada por las autoridades. De León fue sepultado en Guatemala el viernes.

La semana pasada un niño de dos años de edad, también originario de Guatemala, murió en un hospital de El Paso, Texas, mientras se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. El menor presentaba un cuadro de fiebre alta y dificultad para respirar al momento de ser internado en el centro hospitalario.

Los centros de detención del CBP se encuentran a su máxima capacidad a causa de una oleada de migrantes provenientes del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), quienes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza en busca de asilo en Estados Unidos.

En respuesta a la crisis, Trump declaró en febrero una emergencia nacional en la frontera. También ha ordenado varios cambios a la ley de asilo para contener el flujo de migrantes, entre ellos regresar a territorio mexicano a algunos solicitantes de asilo hasta que sus casos sean resueltos, acelerar los procesos, aumentar el número de detenidos, imponer cuotas a los jueces de inmigración, limitar las causas de asilo y endurecer los criterios y requisitos para las peticiones de asilo, entre otras medidas.

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