Senador presenta proyecto que prohíbe uso de fondos públicos para Inmigración

El senador Kevin de León presentó hoy un proyecto de ley que prohíbe el uso de recursos públicos estatales y locales cuyo destino sea colaborar con las autoridades federales de Inmigración.

Solo 48 horas después de que se instale la nueva legislatura en California, bajo el compromiso del estado de “proteger a su población inmigrante”, De León, presidente encargado del Senado, anunció la propuesta SB 54, denominada “Ley de Valores de California”.

La iniciativa impide que los funcionarios públicos estatales y locales cumplan funciones correspondientes a los agentes federales de Inmigración.

“No apoyaremos y no permitiremos que el Gobierno federal utilice nuestras agencia estatales y locales para separar las madres de sus hijos”, señaló hoy de León al presentar su iniciativa.

El legislador agregó que “para los millones de residentes indocumentados” que contribuyen al estado, “California será su muro de justicia si la administración entrante (en la Casa Blanca) adopta una inhumana y excesiva política de deportación masiva”.

La propuesta presentada hoy no exime a las agencias estatales y locales de cumplir con órdenes judiciales sobre la transferencia de “criminales violentos a la custodia federal para propósitos de cumplimiento de inmigración”.

“(El proyecto de ley) SB 54 hará claro de que las escuelas públicas, los hospitales y las cortes de justicia de California no serán usados por el régimen de Trump para deportar nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de clase y trabajadores”, dijo el asambleísta demócrata del condado de Marín Mark Levine, coautor de la iniciativa.

Un análisis presentado esta semana por el Centro Anderson de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) calculó que en el Estado Dorado se concentra entre el 22 % y el 26 % del total de los trabajadores indocumentados del país.

El Instituto de Política Pública de California calcula que en este estado residen 2.67 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales el 52 % proviene de México.

Según la entidad, el 13 % de los estudiantes de todos los grados escolares en los centros educativos públicos del estado tienen al menos un padre indocumentado.