Segunda huelga de hambre en un centro de detención de ICE.

En ambos casos los huelguistas piden suspender las deportaciones y que mejoren las condiciones carcelarias mientras aguardan la resolución de sus casos migratorios y batallan por permanecer en Estados Unidos.

El movimiento iniciado en el centro detención Joe Corley “es en solidaridad con los esfuerzos que llevan a cabo los detenidos en Tacoma, Washington”, dijo la organización Grassroots Leadership en su página digital.

Hace 13 días cientos de inmigrantes que permanecen en el centro de detención de ICE en Tacoma iniciaron una huelga de hambre para exigir que paren las deportaciones, que se mejore el trato y la alimentación, y se les conceda libertad bajo fianza mientras se ventilan sus casos en las cortes de inmigración.

“Cientos de inmigrantes detenidos en el centro de detención Joe Corley lanzaron una huelga de hambre la madrugada del lunes”, dijo el diario In These Times en su página digital. Los huelguistas denuncian un trato injusto en el centro y exigen el fin de las deportaciones masivas en todo el país.

Tanto el centro de detención en Tacoma como el de Corley son operados por GEO Group, una empresa privada que maneja 98 centros de encarcelamiento y centros de salud mental en todo el mundo, dijo el diario.

Agregó que en el pasado, el Grupo GEO ha sido objeto de numerosas denuncias de que sus prácticas han resultado en el tratamiento de prisioneros deplorable y un ambiente de violencia sistémica en sus instalaciones.

Los huelguistas en Texas también denuncian hacinamiento, penas excesivas, altos precios en los centros de abastecimiento y falta de atención médica.

Cartas y peticiones

El martes, Grassroots Leadership dio a conocer dos cartas escritas a mano donde los huelguistas de hambre en el centro Corley explican las razones de la huelga, entre ellas que mejore el trato a los internos y que el gobierno detenga las deportaciones.

Christina Parker, activista de Grassroots Leadership en Austin, dijo que su organización está intentando ingresar un abogado al centro de detención para monitorear qué está pasando con los detenidos, reportó el diario La Opinión.

“David Vásquez, uno de los hombres que organizó a sus compañeros, dijo que todos en su celda se unieron a la huelga. Y en cada celda hay cerca de 40 personas”, señaló Parker. “También dijo que los detenidos tuvieron noticias de otra huelga de hambre realizándose en Tacoma, Washington y que pensaron que podían unirse en solidaridad”.

La lista de peticiones, publicada por el diario angelino, incluye:

   – Que se detengan inmediatamente las deportaciones y por lo tanto la separación de familias.

   – Que se de un trato justo a los detenidos.

   – Que se provea a los detenidos con información fidedigna y transparente en cuanto a cada caso debido a que: Muchos de los detenidos son obligados a firmar la deportación bajo presión y mentiras. Y muchos de los detenidos tienen más de un año sin definir sus casos.

   – Que se reduzca el número de los detenidos por celda ya que se convierte en una situación insalubre.

   – Que los detenidos no sean juzgados doblemente por casos anteriores que fueron resueltos en los diferentes condados y cortes estatales debido a que: muchos de los casos fueron ya juzgados y en su momento cerrados hace varios años, incluso 15 o 20 años atrás, y muchos de los detenidos vienen de pagar condenas en las cárceles locales, estatales y federales y son remitidos a inmigración para que sean procesados.

   – Que la policía local y estatal deje de cooperar con el departamento de inmigración.

Clima de presión

Activistas que apoyan ambos movimientos denuncian un clima de presión por parte de las autoridades para detener las huelgas de hambre y que los internos consuman alimentos.

“Seguimos en contacto permanente con las personas dentro de la cárcel DE Tacoma”, dijo a UnivisionNoticias.com Maru Mora, del movimiento Latino Advocacy en Seattle, Washington. “Dos internos, Ramón Mendoza Pascual y Jesús Gómez, cumplen hoy 13 días en huelga de hambre”.

La activista explicó que cuando comenzó el movimiento, la primera semana de febrero, fueron más de 1.200 los internos en huelga de hambre. “Muchos dejaron el movimiento por temor a represalias. Pero cuando vieron que los medios cubrían la huelga regresaron”.

En el segundo día de huelga ICE reconoció que 750 internos en el centro de Tacoma permanecían en huelga de hambre. Una semana después la cifra bajo considerablemente.

“No tenemos el número exacto de las personas en huelga de hambre en estos momentos. “En estos momentos nuestra prioridad son Ramòn y Jesús. Queremos asegurarnos que están bien. La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) nos representará en caso que quiera enforzarlos a que coman”, dijo la activista.

Mora dio además que Latino Advocacy habla frecuentemente con familiares “de los detenidos en el centro. Una mujer nos djo que su hijo lleva varios días sin comer y otros que se sumaron nuevamente a la huelga cuando vieron la noticia en los medios de comunicación social”.

La respuesta de ICE

ICE ha dicho que “respeta totalmente el derecho de todas las personas a manifestar su opinión sin intromisiones”. También ha señalado que varios huelguistas en Tacoma se han acercado a personal médico y han sido puestos bajo observación.

La semana pasada el juez federal Richard Jones dictaminó que ciertos inmigrantes detenidos no pueden ser mantenidos en prisión sin derecho a una audiencia de fianza.

El dictamen derivó de una demanda entablada por tres inmigrantes que permanecieron meses recluidos en el centro de detención de Tacoma sin que les concediera una audiencia de fianza.

La demanda fue presentada la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y el Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto Noroeste para los Derechos de los Inmigrantes).

El reclamo por el freno a las deportaciones ocurre en momentos que organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aseguran que durante el gobierno del presidente Barack Obama se han deportado a más de 2 millones de inmigrantes.

Las organizaciones reiteran que entre seis a siete de cada 10 deportados por el gobierno no tenía antecedentes que pusieran en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. El gobierno señala que 60% de los deportados sí tenía delitos criminales.

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