Se mantiene viva la política de enviar a solicitantes de asilo a México: qué sigue tras el fallo del viernes|

Publicado el 18 de abril de 2019
por Univision en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito escuchará este martes los argumentos de los abogados de las organizaciones de derechos civiles y de 11 inmigrantes que demandaron una polémica medida del presidente Donald Trump que altera la política de asilo.

La medida dicta que ciertos solicitantes de la protección de Estados Unidos en la frontera sean regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración vea el caso.

La semana pasada el juez Richard Seeborg, de la corte federal de California, dictó una medida cautelar preliminar que detenía, a partir del viernes, la política denominada ‘Permanecer en México’ (MPP), implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como parte de un plan para contener y disuadir las oleadas migratorias de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos.

Tanto el gobierno de México como los detractores de la política han dicho que esta viola el reglamento al cambiar, sin la autorización del Congreso, una parte de la ley de asilo vigente desde 1980.

El juez Seeborg dijo que su decisión se dirigió a la estrecha cuestión de si el gobierno de Trump había seguido las leyes administrativas al implementar la política para regresar a México a los solicitantes de asilo.
“La cuestión legal es si el programa Permanecer en México (MPP) es una política inteligente o humana, o si es el mejor enfoque para enfrentar las circunstancias”, indicó el juez.

Menos de 48 horas después del fallo de Seeborg, el gobierno apeló la sentencia.

Desde que fue implementada los primeros días de enero, la MPP ha regresado a territorio mexicano a los 1,000 migrantes que han huido de sus países a causa de la violencia y la pobreza en busca de asilo en Estados Unidos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que lidera la demanda, ha dicho que a las personas que solicitan asilo no se les garantizan intérpretes ni abogados, y no podían argumentar ante un juez que se enfrentan a una posible persecución o tortura en México.

Trump tildó el fallo de Seeborg de injusto porque impide el desarrollo de sus políticas para lidiar con una crisis en la frontera sur.

El panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito agendó para este marts escuchar a los abogados de la ACLU y para el miércoles a los abogados del gobierno.

Los grupos defensores de los derechos civiles deberán presentar sus argumentos de por qué la orden que bloquea al gobierno de Trump debería entrar en vigor.

A su vez, los abogados del gobierno tendrán que argumentar por qué la política MPP de Trump debería continuar.

Abogados y activistas han dicho que la MPP pone en riesgo la vida de los solicitantes de asilo al obligarlos a esperar en México, un país azotado por la violencia.

“El simple hecho que ahora las personas se quedan en México esperando el veredicto de asilo político es una violación del debido proceso”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego, cuando el gobierno de Trump anunció la política.

“La gente, cuando llega a la frontera, viene cansada, agotada, llena de miedos y preocupaciones. Y cuando ejerce su derecho de pedir asilo, lo regresan a México a que espere. Y la espera puede demorar mucho tiempo, meses. Están pisoteando sus derechos, es algo no debería estar sucediendo”, añadió.

En febrero la ACLU junto a 11 migrantes afectados por la política de Permanecer en México (MPP), demandó al gobierno de Trump para que ponga fin a la política de retorno a México de solicitantes de asilo. La organización argumentó que la medida “restringe” el debido proceso migratorio “y coloca en riesgo las vidas de los solicitantes de asilo”.

Precisó además que la política ideada por el gobierno de Trump “hace que sea mucho más difícil para los solicitantes de asilo recibir un reconocimiento justo y significativo” por parte de las autoridades estadounidenses, y que la permanencia en territorio mexicano, después de huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza, no garantiza que no habrá nuevos y mayores peligros.

La MPP no incluye a menores migrantes no acompañados (UAC), quienes están protegidos por una ley de prevención de tráfico humano (TVPRA) de 2008, que impide sus deportaciones aceleradas y obliga a un juez de inmigración a revisar sus casos y decidir sus futuros en Estados Unidos.

Para el Southern Poverty Law Center (SPLC), México es un lugar “peligroso” para los migrantes que huyen de sus países, principalmente Centroamérica, y piden asilo en la frontera estadounidenses y son obligados a esperar en el lado mexicano.

“El gobierno de Trump sigue buscando formas más crueles de burlar la ley y hacer caso omiso de la moral básica. Las personas que huyen de la persecución tienen derecho a buscar asilo en Estados Unidos”, agregó la organización recientemente en un comunicado.

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