Se desvanece el último recurso para que indocumentados legalicen su permanencia en EEUU antes de la llegada de Trump

Era el último recurso para legalizar la situación de indocumentados en EEUU antes de la llegada de Trump. Que el presidente Barack Obama solicitara al Congreso que activara la Sección 245(i) antes de dejar la Casa Blanca, un programa puesto en marcha por Bill Clinton al límite de su mandato hace 16 años. Sin embargo, esta posibilidad se desvaneció la semana pasada cuando el nuevo Congreso sumió sus funciones en ambas cámaras.

La Sección 245(i) de la Ley de Inmigración es un programa que permite que ciertos indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales reciban la residencia legal permanente por medio de una petición hecha por familiares inmediatos o empleadores. Este mecanismo estuvo en vigor entre el 20 de diciembre de 2000 y el 30 de abril del 2001. Fue activado por el Congreso por medio de la Ley de Equidad para Familias de Inmigrantes Legales (LIFE, por sus siglas en inglés) y promulgada por el presidente Bill Clinton faltando cuatro semanas para que dejara la Casa Blanca a su sucesor, el republicano George W. Bush.

Cuando Bush tomó posesión el 20 de enero de 2001 dijo que respetaría el programa que, a la fecha, ha permitido la legalización de más de 640,000 inmigrantes indocumentados cuyas residencias fueron pedidas antes del 30 de abril del 2001 y carecen de antecedentes criminales.

Sin embargo, a diferencia de Clinton, el presidente Obama no le pidió al Congreso 114 que activara la Sección 245(i) porque no contaba con los votos necesarios en ninguna de las dos cámaras controladas por los republicanos.

El pasado 20 de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia no tomó decisión sobre el futuro de la Acción Ejecutiva migratoria, que incluía los programas DACA y DAPA, asomó la posibilidad de que Obama, antes de dejar su mandato, pidiera reactivar la Sección 245(i).

Una fuente de la Casa Blanca consultada por Univision Noticias dijo que el Ejecutivo “no tenía el poder de reinstalar el programa”. A su vez, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dijo que no tenía información sobre el tema.

El Departamento de Justicia dice que la Sección 245(i), activada entre el 20 de diciembre del 2000 y el 30 de abril de 2001 “ya caducó”, excepto para aquellos indocumentados cuyas residencias permanentes fueron sometidas por familiares y empleadores antes del 30 de abril del 2001.

Los indocumentados pedidos por su empleador debían someter una certificación laboral junto con el ajuste de estatus.

La USCIS explicó que los beneficiarios de la Sección 245(i), una vez tengan un cupo de visa disponible, deben pagar una multa de 1,000 dólares para no salir del país y evitar las sanciones de la denominada Ley del Castigo.

La Ley del Castigo sanciona hasta con 10 años la permanencia indocumentada en Estados Unidos. La Sección 245(i) anula temporalmente la medida con el pago de la multa y permite que el beneficiario reciba la residencia en Estados Unidos a pesar de haber ingresado sin autorización.

Para calificar los beneficiarios debieron demostrar que estaban en Estados Unidos desde antes del 20 de diciembre de 2000.

Nelson A. Castillo, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California, dijo que “lastimosamente esta vez el Congreso no aprobó una nueva ley o reactivó la aprobada en el 2000 para permitir que miles de indocumentados legalicen sus permanencias sin tener que salir del país, pagando una multa para no ser afectados por la Ley de los 10 años”.

“En este momento tenemos un nuevo Congreso totalmente republicano y no creo que quisieran hacer algo en los últimos días del gobierno del presidente Obama. Es triste, porque hay millones de personas que pudieran ser beneficiadas como ocurrió en el 2000 con el gobierno de Clinton”, agregó.

En el comienzo de su campaña, el presidente electo Donald Trump dijo que deportaría a los 11 millones de indocumentados que viven en el país. Luego aseguró que solo expulsaría hasta tres millones de indocumentados con antecedentes criminales.

Agregó que crearía una fuerza nacional de deportaciones y que construiría un muro a lo largo de la frontera con México.

Del resto de indocumentados, el magnate inmobiliario dijo que tomaría una decisión después de asegurar la frontera.

Este martes el senador Jeff Sessions, a quien Trump propuso como Fiscal General, dijo durante la audiencia de conformación en el Comité Judicial del Senado, que la prioridad de deportaciones serán los indocumentados con antecedentes criminales, una postura similar a la esgrimida por Obama desde el pasado 20 de noviembre de 2014 cuando anunció la Acción Ejecutiva que incluyó los programas DACA y DAPA.

Ambos programas, frenados por los tribunales de justicia, amparaban de la deportación a unos cinco millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales, y dreamers que se encontraban en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecieran de antecedentes criminales.

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