Santa Ana autoriza dinero para defender a migrantes indocumentados

Mientras el condado de Orange se une a una demanda en contra la “Ley Santuario”, la ciudad de Santa Ana invierte en un fondo para la defensa de indocumentados a pesar de algunas críticas.

El concejo municipal aprobó un presupuesto de $65,000 para recursos de inmigración, dirigidos a los residentes que enfrentan deportación o que necesitan otros servicios de inmigración.

El concejal Vicente Sarmiento, quien presentó el fondo de defensa legal hace casi seis meses, pidió la reconsideración de la inversión tras una serie de inquietudes de otros colegas que no están de acuerdo.

Finalmente el concilio votó seis a favor y uno.

La vicealcaldesa Michele Martínez se opuso, enfatizando que no podía apoyar el presupuesto, ya que en un par de años la ciudad podría encontrarse al borde de la bancarrota.

“Estamos tomando decisiones a corto plazo, pateando la lata”, dijo Martínez.

“No deberíamos establecer una política, aprobar presupuestos que no podemos aprobar”, señaló la vicealcaldesa.

Algunos residentes en contra de la migración indocumentada, alegaron que esos fondos no son un servicio que las personas sin documentos legales se merecen.

“Es una vergüenza que la ciudad aparte fondos para ayudar a los que se burlan de las leyes de este país, al venir ilegalmente”, dijo Pam Johnson, activista local.

“El condado de Orange ya nos puso el ejemplo, procedieron a mostrarse en contra de la ley de ‘estado santuario’ en California para proteger a la comunidad. Sin embargo, esta ciudad dentro del condado ha decidido ir contra las reglas también”, agregó Johnson.

Entretanto, Albert Williams, activista a favor de la demanda en contra la “Ley Santuario”, indicó que “la ciudad no está como para derrochar dinero con una posible bancarrota”.

“Ya en el 2009 atravesamos una… Esto significa menos programas y servicios para nuestras familias, pero más recursos para los que están ilegalmente viviendo en nuestro país. No tiene sentido”, dijo Williams.

Santa Ana se declaró una ciudad santuario en enero de 2017. Al mismo tiempo, dio a conocer una ordenanza que prohíbe que los recursos de la ciudad se usen para hacer cumplir la ley de inmigración, entre otras cosas.

Santa Ana es una de las 12 comunidades a nivel nacional, que se han asociado con el Instituto de Justicia Vera para ayudar a los indocumentados de su región.

Desde la apertura del servicio, unas 10 personas detenidas están recibiendo asistencia legal del Centro de Leyes de Inmigrantes Defensores, sostuvo Carlos Perea, del grupo pro-inmigrante Resilience Orange County.

“El impacto que el programa tendrá en los próximos años para el mejoramiento de la comunidad será significativo”, dijo Perea en apoyo al fondo.

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