Republicanos presentan un proyecto de ley que daría más poder a los estados para perseguir a los inmigrantes indocumentados

Dos congresistas republicanos presentaron este martes una iniciativa de ley que tiene como objetivo darle a los estados más poderes para ejecutar la ley federal de inmigración.

El plan, patrocinado por los representantes Raúl Labrador (Idaho, vicepresidente de la Subcomisión de Inmigración y Seguridad Fronteriza) y Bob Goodlatte (Virginia, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes), se enfoca en la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, pero también deja en el banquillo al resto de indocumentados.

Bautizada Ley Davis-Oliver ( H.R. 2431), en honor a dos policías asesinados en 2014 por un indocumentado en Sacramento, California, el proyecto será debatido el 18 de mayo por el subcomité judicial de la Cámara de Representamtes.

Esta iniciativa asoma el mismo día que se conoce que los legisladores republicanos Jon Cornyn y Michael McCaul (de Texas ambos) elaboran un plan que castigará con al menos cinco años de cárcel el reingreso indocumentado en EEUU.

“Uno de los aspectos más importantes de la reforma migratoria es reforzar la ejecución de la ley de inmigración vigente”, dijo Labrador. “Tenemos que dar las herramientas y recursos para la aplicación de ley en todos los niveles”.

Labrador explicó que el proyecto es congruente con la promesa que el presidente Donald Trump “hizo al pueblo estadounidense para que se tomen en serio el cumplimiento de nuestras leyes”. Y especificó que era el primer paso para reparar el sistema de inmigración actual que, aseguró, “se encuentra roto”.

Goodlatte dijo que si bien “la mayoría de los inmigrantes ilegales vienen a EEUU buscando una vida mejor para ellos y sus familias, hay demasiados otros que cometen crímenes contra los estadounidenses”.

“Muchas familias estadounidenses han perdido seres queridos debido a una aplicación relajada de la ley. Tenemos el deber de proporcionar las herramientas necesarias para fortalecer la seguridad pública y el estado de derecho”, agregó.

El representante por Virginia comentó además que la Ley Davis-Oliver contiene herramientas para combatir las denominadas ‘jurisdicciones santuario’, donde “innecesariamente ponen en peligro la vida de los estadounidenses”.

El proyecto de Labrador y Goodlatte otorga poderes extras a los estados para ejecutar la ley federal de inmigración, y recomienda eliminar la capacidad del poder ejecutivo para detener unilateralmente la aplicación de la ley de inmigración.

La recomendación va dirigida a evitar que en el futuro el presidente decrete o cambie las prioridades de deportación y permita, por ejemplo, que indocumentados reciban cualquier tipo de beneficio que la ley de inmigración no contempla.

En 2012 el presidente Barack Obama aprobó una acción diferida para los dreamers que frenó sus deportaciones y les otorgó un permiso de trabajo renovable cada dos años.

El 20 de noviembre de 2014 Obama intentó ampliar el beneficio a otros cinco millones de indocumentados padres de residentes legales y ciudadanos, pero los tribunales de justicia frenaron el programa tras la demanda de 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos.

El proyecto H.R. 2431 también permite a los estados, condados y ciudades “ayudar en la ejecución” de la ley de inmigración e incluye disposiciones para facilitar la colaboración con las autoridades federales.

La iniciativa protege la autoridad de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para arrestar a criminales extranjeros de las cárceles locales, incluso en las llamadas ciudades santuario.

También permite que los Departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) “retengan fondos” a quienes se opongan a entregar a los detenidos que violan la ley federal.

El proyecto de ley Labrador-Goodlatte agrega una serie de otras medidas contra los inmigrantes, entre ellas:

• Cancela la política conocida como ‘catch and release’, que permitía liberad a ciertos indocumentados detenidos que no representaban una amenaza a la seguridad publica y nacional.
• Coloca a todos los integrantes de pandillas en la lista de deportables de Estados Unidos.
• Los indocumentados con cargos de DUI (manejar borrachos o bajo influencia de drogas) y que hayan causado muertes o lesiones corporales graves a terceros, permanecerán presos durante sus procesos de deportación.
• Los inmigrantes declarados culpables por manejar borrachos son deportables.
• Aumenta los castigos a los deportados que reingresan sin permiso al país.
• Acelera las deportaciones de los indocumentados con antecedentes criminales.
• Penaliza a los países que no aceptan el retorno de sus nacionales que sean deportados de EEUU.
• Expulsión acelerada de terroristas y extranjeros que amenacen la seguridad pública o nacional.

Cabe destacar que el 25 de enero, cuando el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro en la frontera, decretó que la inmigración indocumentada constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El plan H.R. 2431 agrega incluir mayores restricciones a beneficios migratorios tales como la naturalización como el alivio discrecional de deportación, y recomienda no aprobar solicitudes “hasta que se completen todos los controles de antecedentes y seguridad”.

Agrega que a los ciudadanos estadounidenses que participen en actividades de terrorismo, como por ejemplo viajar a Siria para luchar con el Estado Islámico (ISIS), se les revocarán sus pasaportes.

El proyecto incluye una recomendación para revisar y mejorar el proceso que utilizan embajadas y consulados para otorgar visas.

Labrador y Goodlatte también incluyeron en el plan un capítulo para evitar el fraude en el sistema de visados, permite que todos los agentes y personal de deportación de ICE porten armas, y pide la contratación de 12,500 agentes de ICE.

Goodlatte fue señalado en agosto de 2013 como el principal obstáculo para aprobar la reforma migratoria, luego que el Senado, el 27 de junio de ese año, votara a favor de un proyecto de ley que incluía una vía de legalización para millones de indocumentados.

El congresista por Virginia había propiciado la aprobación de una reforma migratoria por pedazos sin posibilidad de ser promulgados, y el único objetivo de esta estrategia fue negar un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en el país.

Durante la campaña electoral Trump rechazó cualquier plan de reforma migratoria y amenazó con deportar a los 11 millones de indocumentados. Cinco días después de ser electo, dijo que sólo deportaría hasta 3 millones de indocumentados criminales y unos 4 millones de extranjeros que dejaron expirar sus visas.

Sin embargo, el 25 de enero decretó que los indocumentados eran una amenaza a la seguridad pública y nacional, poniendo a los 11 millones de sin papeles en la lista de deportables.

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