Reporte del Senado: Trump ignoró advertencias de diplomáticos de no cancelar los TPS de El Salvador, Haití y Honduras

Un informe del Senado publicado este jueves revela que el presidente Donald Trump ignoró las recomendaciones funcionarios del Departamento de Estado de no cancelar los Estados de Protección Temporal de El Salvador, Hairí y Honduras, para evitar un daño humanitario que afectaría a unos 400,000 inmigrantes indsocumentados, algunos de ellos con más de dos decadas viviendo en Estados Unidos.

El reporte, entregado por senadores demócratas, contiene docenas de documentos internos del Departamento de Estado que muestran “maneras” en la que funcionarios del gobierno utilizaron a manera de “consideraciones políticas” para que la Casa Blanca no renovar los TPS de los tres países.

El reporte denuncia que altos funcionarios en todos los niveles del Departamento de Estado (bajo el mando del entonces canciller, Rex Tillerson) y de tres embajadas estadounidenses, “documentaron ampliamente la gravedad de las consecuencias humanitarias de terminar las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití”.

Los funcionarios advirtieron explícitamente que, de cancelarse la protección, “cientos de miles de receptores de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses quedarían vulnerables al reclutamiento por parte de organizaciones criminales transnacionales violentas, y que las pandillas criminales, como la Mara Salvatrucha MS-13, podría fortalecerse ampliando su membresía”.

Añaden los senadores que entre las advertencias, los funcionarios diplomáticos le advirtieron al presidente que “estos riesgos de seguridad obligarían a muchos receptores de TPS a abandonar su hijos en Estados Unidos, lo que equivaldría a una nueva ola de separación familiar forzada de facto”.

“Sin embargo, el gobierno de Trump procedió imprudentemente, sin tener en cuenta el potencial impacto en las familias estadounidenses o la vida y la seguridad de casi 400,000 receptores de TPS, y un estimado de 273,000 niños ciudadanos estadounidenses”, precisa el reporte.

Los diplomáticos también previnieron al presidente que poner fin a las designaciones de TPS para los tres países “probablemente provocarían una nueva ola de migración irregular en la región”, pero que el mandatario finalmente procedió a caducar las protecciones “a expensas potenciales de su propio objetivo declarado, de poner fin a la inmigración no autorizada”, una de sus principales promesas de campaña.

“El informe documenta algo que ya hemos visto en varias ocasiones, que el gobierno utiliza repetidamente la política exterior de nuestro país para promover los objetivos políticos del presidente por encima de nuestros intereses como nación” dijo Menéndez.

El senador por Nueva Jersey agregó que “la imprudencia y vacío moral de su agenda antiinmigrante no conoce límites. En su frenético intento por despojar a casi 400,000 personas de protecciones humanitarias, la Administración estaba dispuesta a jugar con nuestra seguridad nacional y la seguridad de los beneficiarios de TPS y sus hijos estadounidenses”.

Los TPS de El Salvador, Haití y Honduras fueron cancelados por Trump el año pasado, pero una corte federal de California restituyó los programas argumentando que el gobierno procedió a cancelarlos arbitrariamente y no teniendo en cuenta el daño que causa a miles de migrantes con hijos estadounidenses.

La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la extensión por un año de los beneficios del TPS para Honduras y Nicaragua, mientras las cortes resuelven el debate jurídico, que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia en el 2020.

El reporte del Senado, titulado “ Politizando las protecciones humanitarias”, incluyó una compilación de más de 80 páginas de comunicaciones internas –entre ellos cables de embajadas estadounidenses y memorandos internos– los cuales llevaron al presidente Trump a cancelar las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití.

En los documentos aparecen instancias específicas de los funcionarios con cargos políticos del gobierno en el Departamento de Estado, en donde hacen referencia explícita a las elecciones presidenciales de 2020 en sus recomendaciones al Secretario de Estado Tillerson.