Reforma migratoria consolida Estado policial en frontera: Pro Juárez.

Con una reforma migratoria aprobada en el Senado de los Estados Unidos, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que el gobierno mexicano no tuvo presencia en la discusión por la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos radicados en la Unión Americana.

En el espacio de “Fórmula Detrás de la Noticia”, el Director del Centro de Derechos Humanos, en relación a la reforma migratoria, dijo que aspectos que resultan preocupantes, sobre todo, en referencia al paso de migrantes centroamericanos por México.

“Y a este asunto que ha resultado también bastante notorio en los últimos tiempos que tiene que ver con las personas que brindan ayuda humanitaria a estos migrantes en su paso o que defienden también sus derechos humanos”.

De acuerdo con Rosario Marroquín, la reforma ya aprobada en el Senado, que más de señalar una relación de buena vecindad entre México y Estados Unidos, apuntan a la consolidación de un Estado policial al implicar el reforzar el cierre de la frontera estadounidense mediante la terminación del muro.

Así como también la asignación de miles de agentes de seguridad para cerrar la frontera, así como el uso de diversos dispositivos tecnológicos que permitan disminuir el paso de migrantes hacia los Estados Unidos.

“Otra cuestión de preocupación para nosotros en esta línea de un Estado policial y de la disminución o el sello de la frontera tiene que ver con la situación de los migrantes centroamericanos y esta también ya ha sido documentada durante los últimos años por diversas organizaciones en México, las dificultades que enfrentan estas personas provenientes, sobre todo, de Centroamérica en su paso a los Estados Unidos.

“México se ha convertido en una larga frontera para llegar hacia allá y en su paso por esta larga frontera ha habido diversos obstáculos, como por ejemplo, homicidios, secuestros, extorsiones, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos que en un primer momento eran atribuidos a policías (…), pero que en los últimos tiempos también se ha señalado una participación importante de grupos delictivos”.

Asimismo, se señala también una responsabilidad por parte del Instituto Nacional de Migración (INM); además en este sentido habría que considerar las recientes ofertas de agencias gubernamentales estadounidenses para colaborar con México y evitar que los migrantes centroamericanos circulen por el territorio y puedan alcanzar la frontera norte.

Finalmente, Rosario Marroquín recordó que en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en México.

Incluyó en primer lugar, por el número de agresiones, a quienes se dedican a la defensa de los migrantes en su paso por nuestro territorio, de manera, que esta situación se prevé su agravación.

“Por lo tanto no podemos esperar mejores condiciones, pero si al menos tenemos que señalar que urge que nuestro país se tomen las medidas pertinentes para evitar que sigan cometiendo estos abusos y para mantener en la migración, pese a la opresión estadounidense, una perspectiva de derechos humanos antes que una perspectiva policial.

“El gobierno mexicano no tuvo una fuerte presencia durante la discusión de esta reforma, prefirió dejar todo a las decisiones que se tomaran allá sin tomar un papel protagónico en la defensa de los derechos, también de los migrantes de origen mexicano, que se encuentran allá en Estados Unidos”. 

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