Rechazan enmienda que exigía un muro fronterizo

La propuesta del republicano John Thune, rechazada por 54 votos contra 39, pedía erigir 563 kilómetros de barda antes de otorgar a los indocumentados un estatus legal provisional, y otros 563 kilómetros antes de conceder tarjetas de residencia permanente.

El grupo bipartidista de ocho senadores que impulsa el proyecto ha logrado derrotar enmiendas consideradas como “píldoras venenosas” para descarrilar el proceso, que para su aprobación requieren de una súper mayoría de 60 votos, en lugar de una mayoría simple de 51 votos.

El Senado de mayoría demócrata desechó por 58 contra 36 otra enmienda del republicano David Vitter, que exigía instrumentar un sistema de identificación biométrico en los más de 300 puertos de entrada del país, antes de dar estatus legal temporal a los indocumentados.

Por otro lado, aprobó por unanimidad una enmienda de la senadora demócrata Mary Landrieu para facilitar el proceso de ciudadanía estadunidense a los niños adoptados en el extranjero.

La versión que apruebe el Senado debe limar diferencias con el de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que analiza medidas más duras contra los inmigrantes indocumentados.

El Comité Judicial de la cámara baja aprobó por 21 votos a favor y 16 en contra un proyecto de ley del legislador republicano Trey Gowdy que criminaliza a los indocumentados, fortalece la cooperación de las autoridades locales y estatales con agentes federales de inmigración.

Además, la iniciativa Fortalecimiento y Reforzamiento de la Aplicación de la Ley (SAFE), que impulsa Gowdy, agiliza la deportación de extranjeros criminales, fortalece la seguridad fronteriza, clasifica como crimen grave el fraude de pasaporte y visas, y asigna más fondos a centros de detención.

El presidente del Comité Judicial, el republicano Bob Goodlatte, criticó el proyecto que debate el Senado, al indicar que “debilita la aplicación interna de las leyes en muchas áreas”, y elogió el SAFE porque, dijo, “proporciona una robusta estrategia” en materia legal.

La Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA) señaló que el proyecto SAFE autoriza procesar y encarcelar a inmigrantes que se encuentren “ilegalmente” en el país, lo que llevaría a criminalizar a millones de padres de familia con hijos nacidos en Estados Unidos.

En declaraciones al diario USA Today, Goodlatte sostuvo la víspera que el proyecto no intenta criminalizar a los 11 millones de indocumentados que ya están en el país, porque asume que obtendrán la legalización en un proyecto de ley por separado que todavía no se ha presentado.

Aseveró que sus esfuerzos se centran en impedir que futuros inmigrantes ingresen ilegalmente al país.

Por otro lado, el Comité Judicial aprobó una enmienda del legislador republicano Steve King para eliminar fondos en la instrumentación del Programa de Acción Diferida a la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos.

Los republicanos buscan una mayoría considerable entre sus filas a favor de un proyecto de ley de inmigración, reiteró este martes el presidente de la cámara baja, John Boehner.

“No veo la manera de presentar un proyecto de ley de inmigración al pleno si no tiene un apoyo mayoritario de los republicanos”, dijo Boehner a periodistas, luego de una reunión de su partido, según informó en su página electrónica el diario The Hill.

En la audiencia en el Comité Judicial, los legisladores demócratas John Conyers, Zoe Lofgren, Judy Chu y Luis Gutierrez, advirtieron que el proyecto de ley de los republicanos originará que las comunidades inmigrantes teman reportar un crimen por temor a la deportación.

Durante la audiencia en el Comité Judicial de la cámara baja, miembros del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), interrumpieron brevemente a los legisladores al gritar “¡Vergüenza!” contra lo que consideraron un proyecto “antiinmigrante”. 

“Mientras los republicanos nos traten como criminales y destruyan a nuestras familias, continuaremos movilizándonos”, dijo en un comunicado la directora de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles, Angélica Salas.

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