Qué es el Acuerdo Judicial Flores que le impide a Trump deportar de inmediato a migrantes en la frontera

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles que publicará en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) una nueva regla que modificará una parte clave del Acuerdo Judicial Flores que se relaciona con el tiempo máximo de detención de familias migrantes con niños detenidas en la frontera.

Según el anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) privará de libertad por tiempo indefinido a los migrantes mientras duran sus procesos de deportación.

Añadió que el cambio se hará para frenar la crisis migratoria en la frontera y aseguró que seguirá respetando el resto de las protecciones contenidas en el Acuerdo, como el cuidado y atención a los menores que huyen de sus países de origen y buscan asilo en Estados Unidos.

Pero, ¿qué es el Acuerdo Flores? Y además, ¿puede el gobierno cambiarlo sin la aprobación de los tribunales de justicia?

A principios de abril y sin saber exactamente de qué hablaba, Trump criticó durante un discurso el Acuerdo Flores. “La decisión de Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país”, dijo equivocadamente el mandatario.

Trump confundió dicho acuerdo judicial, que se ha convertido en una pieza clave que detuvo la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera (prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores inmigrantes), con el nombre de un juez que no existe.

“Hemos tenido algunas decisiones judiciales muy malas”, dijo el mandatario durante una reunión celebrada en Calexico, donde viajó en abril para inaugurar una vieja sección de la valla fronteriza construida a principios de los años 90 y que fue recientemente restaurada.

“La decisión de Flores es un desastre, tengo que decirles. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país. Y estamos trabajando en eso (para eliminarlo)”, agregó ante un grupo de funcionarios fronterizos.

Lo que llamó la atención de los periodistas fue que ninguno de los asistentes al encuentro, ni asesores de Trump, lo interrumpieron para corregir el error.

El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a “terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.

La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.

La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.

El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación.

El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hallan cometido delito alguno.

Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.

En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.

Informes del Inspector General del Departamento de Justicia denunciaron posteriormente que el INS no cumplió de inmediato los términos del acuerdo.

Diecisiete años más tarde, en junio de 2014, Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la llegada, en lo que iba del año fiscal, de más de 40,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes habían sido detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban sin papeles ingresar al país.

La mayoría de los migrantes, originarios del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza para buscar asilo en Estados Unidos.

La oleada, que había sido advertida un año antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró la escaza capacidad de respuesta del gobierno federal para encarar la crisis y procesar a los migrantes, sobre todo a menores de edad.

El mal manejo de los procesos obligó a la ACLU a demandar al gobierno por violar los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997.

Abrumado por la explosión de arrestos en la frontera y sin estrategias claras para contener la oleada en busca de asilo, Obama comenzó a detener a menores no acompañados y unidades familiares colocándolos en procesos acelerados de deportación.

Se crearon centros temporales en distintos puntos del país para procesar los casos de deportación, pero el número de detenciones fue tal que colapsó las cortes de inmigración.

También se abarrotaron los centros de detención, se sobrepasó la cantidad diaria de camas disponibles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y, al igual que la Patrulla Fronteriza, ambas agencias se vieron forzados a liberar indocumentados en proceso de expulsión por falta de espacios.

Obama forzó la detención de algunos menores y familias como estrategia para desmoralizar a los futuros migrantes, y con ello tratar de controlar la crisis.

La falta de planificación y de conocimiento de las causas que generaron el éxodo migratorio trajo consigo más problemas de los que el gobierno federal podía atender en ese momento. E incluso descubrió, tarde, que una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) prohíbe la deportación inmediata o acelerada de menores de edad de países no fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien determine sus futuros en el país.

La crisis del 2014 parecía entonces un problema que recién comenzaba y no se veía una luz al final del túnel.

A finales de 2014 la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto a otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, demandaron al gobierno de Obama por violar los términos del acuerdo. Siete meses más tarde, una corte de distrito de California dictaminó que ICE violaba el acuerdo al mantener encerrados a menores de edad en centros restrictivos por más tiempo del permitido.

El fallo también benefició las madres de los niños encerrados. “Se trata de un fallo muy importante”, dijo Víctor Nieblas, entonces presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “Incluye a las madres de los niños detenidos. Nosotros esperamos que el mensaje que está enviando la jueza sea contundente y que impida que ICE siga implementando sus políticas”.

En agosto de ese año la jueza Dolly Gee, quien preside la Corte Federal del Distrito Centro de California, tribunal designado para la custodia del Acuerdo Flores, ordenó al gobierno de Obama la pronta liberación de todos los menores indocumentados detenidos por ICE, fijando un plazo hasta el 23 de octubre de ese año para cumplir el dictamen.

También determinó que los menores no debían pasar más de 20 días privados de libertad, esto para forzar la entrega de los menores a familiares en Estados Unidos y cumplir con la base del acuerdo de 1997.

La orden de Gee fue apelada y el debate jurídico acompañó a Obama hasta el término de su mandato.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 y puso en vigor su política de ‘tolerancia cero’, se topó con los mismos frenos de Obama: el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008.

En julio del año pasado la jueza Gee, en respuesta a una demanda presentada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, en contra del Acuerdo Judicial Flores para acelerar la deportación de menores migrantes arrestados en la frontera, rechazó el recurso argumentando que se trataba de “un intento cínico” de deshacer un añejo acuerdo judicial.

Gee dijo que el gobierno de Trump no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera indocumentada.

El Departamento de Justicia había solicitado a la corte alterar el acuerdo después de que Trump dio marcha atrás a su orden de separar forzosamente a las familias de migrantes en la frontera, medida que causó rechazo y criticas dentro y fuera de Estados Unidos.

Gee dijo que la petición pretende endosar a la corte la responsabilidad de las “irreflexivas” acciones del presidente y la inacción del Congreso.

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