Proyecto busca dar licencias a inmigrantes

Una medida del senador demócrata Ricardo Lara facilitaría el proceso de otorgamiento de dichas licencias para más de dos decenas de ocupaciones, incluso agentes inmobiliarios, guardias de seguridad y profesionales de la salud como sicólogos y farmacéuticos, reportó el domingo el periódico Los Angeles Times (http://lat.ms/1gvstnj ). El proyecto fue aprobado por el Senado estatal el jueves.

El proyecto permitiría que unas 40 juntas estatales aprueben un número de identificación de contribuyente federal al fisco como prueba de identificación en vez de un número del Seguro Social.

Lara, cuyos padres estuvieron alguna vez en el país sin autorización legal, dijo que su propuesta es meramente extensión de otras medidas implementadas en los últimos años que suministran a dichos inmigrantes licencias de conducir, matrícula universitaria estatal y acceso a ayuda financiera pública y fondos privados de las universidades estatales.

El proyecto asegurará que “más californianos tengan medios efectivos de movilidad económica y autosuficiencia”, dijo Lara al Times.

El proyecto de Lara fue aprobado con apoyo de siete republicanos. Cinco republicanos se abstuvieron.

Peter DeMarco, un vocero de la bancada republicana, dijo al periódico que había preocupación en el partido de que las autoridades impositivas “no siempre pudieran identificar correctamente en los poseedores de licencias la recolección debida de impuestos”.

La propuesta ha dividido a los legisladores republicanos en California y ha provocado la oposición de grupos conservadores a nivel nacional que reclaman una aplicación más estricta de las leyes de inmigración, según el Times.

“Al conceder licencias a inmigrantes ilegales se ayuda e incita a la inmigración ilegal, que es una violación de la ley federal, y se envía un mensaje al resto del planeta Tierra que dice `¡Vengan!”`, se quejó William Gheen, presidente del comité de Acción Política de los Estadounidenses por la Inmigración Legal.

La fuerza laboral del estado incluye 1.850.000 personas que están en el país sin autorización, según un cálculo del Instituto de Política Pública de California.

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