Protección a migrantes sin suficiente presupuesto

Mil 795 millones de pesos es el presupuesto asignado para el Instituto Nacional de Migración (INM) organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con Secretaría de Hacienda, de la mencionada cantidad,  la instancia ejerció 957 millones durante el primer semestre.

Según el desglose entregado por la Segob al Centro de Análisis y Reflexión Fundar, de la cifra total ejercida, sólo 19 millones de pesos se destinaron al Programa Paisano, los Grupos Beta de Protección a Migrantes, el Programa de Repatriación Humana y los Oficiales de Protección a la Infancia,

Cerca de 45 por ciento de los recursos empleados en labores de protección se destinaron a la atención de migrantes indocumentados de otros países, sobre todo centroamericanos que ingresan a territorio mexicano con destino a Estados Unidos.

Estimaciones extraoficiales reportan que el flujo de esos migrantes es de 400 mil al año.

En su más reciente Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, el INM reportó que entre enero y junio de este año, los Grupo Beta “rescataron” a tres mil 970 migrantes, brindaron atención a 762 lesionados y se encargaron de localizar a 74 individuos que se reportaron como extraviados.

Asimismo, brindaron asistencia social a 172 mil 250 personas, la ayuda suministrada consiste en alimentos, refugio, atención médica menor, traslados a centros hospitalarios y asesoría en trámites administrativos.

En el mismo lapso, autoridades migratorias de Estados Unidos repatriaron a 207 mil indocumentados mexicanos, nueve mil de los cuales eran menores de edad, por su parte, el INM devolvió a sus países de origen a 34 mil centroamericanos, incluyendo tres mil menores.

Rodolfo Córdova, investigador de Fundar, enfatizó que el monto destinado a la protección y atención de migrantes mexicanos y extranjeros se encuentra muy por debajo de lo que en realidad exige la inseguridad y vulnerabilidad que enfrentan durante su tránsito por territorio nacional.

“Los únicos que los protegen son los Grupo Beta y los Oficiales de Protección a la Infancia, que, por lo demás, no están dedicados al cien por ciento a esa labor. Por como está diseñada la política migratoria se gasta más en detener, asegurar y regresar a los migrantes a sus países de origen que en protegerlos y garantizar sus derechos”, explicó Córdova en entrevista.

“En las cifras del INM se refleja la política migratoria del país, de control y aseguramiento del flujo. Al final de cuentas, las tragedias humanas como la masacre de 72 migrantes en San Fernando o los 49 asesinados en Cadereyta, donde se presume hay migrantes, son consecuencia de una política migratoria centrada en el control y no en la protección”, añadió.

El especialista urgió a traducir las disposiciones incluidas en la Ley de Migración en mecanismos reales de protección, sustentados en un buen presupuesto.

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