Prohíbe juez federal programa de estudios méxicoamericanos en Arizona

Phoenix. Una corte federal ratificó la mayoría de las disposiciones de una ley estatal de Arizona que prohíbe al Distrito Escolar Independiente de Tucson, en el sur de la entidad, el ofrecer un programa de estudios méxicoamericanos.

El dictamen de la corte constituye un fuerte revés para los profesores del distrito, que en su mayoría se opone a la ley por juzgarla antihispana y orientada especialmente a detener clases o estudios sobre la historia y cultura de los méxicoamericanos.

La ley, vigente desde el 31 de diciembre de 2010, autoriza al Superintendente de Instrucción Pública de Arizona a detener las clases que “promuevan el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos” o “el resentimiento hacia una raza o clase de gente”.

El estatuto otorga facultades al superintendente para retener hasta el 10 por ciento del subsidio mensual que se otorga al distrito escolar que no acate la disposición.

La decisión del juez federal Wallace Tashima, emitida este viernes, se da luego de que un grupo de once maestros interpusiera una demanda en contra el Superintendente de Instrucción Pública de Arizona, por la aplicación de la ley.

Los once maestros demandantes pertenecen al Departamento de Estudios México-Americanos del Distrito Escolar Unificado de Tucson.

Los maestros solicitaban al juez que se emitiera una orden de suspensión contra la ley aprobada en abril de 2010, al sostener que el estatuto viola la libertad de expresión y la protección igualitaria.

Sin embargo, el juez Tashima dictaminó que el grupo de demandantes no logró demostrar que la ley era demasiado vaga, amplia o discriminatoria, o que viola los derechos que otorga la primera enmienda constitucional a los estudiantes.

Richard Martínez, abogado del grupo de los 11 demandantes, dijo que es muy probable que se decida apelar la decisión del juez dentro de los próximos 30 días ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California.

“Este caso no ha terminado”, dijo Martínez. “No es sólo importante para Arizona, sino para el país en su conjunto que este estatuto se derogue”.

El actual procurador general de Arizona, Tom Horne, comenzó una campaña para eliminar el programa de estudios mexicano-estadunidenses que se impartía en el Distrito Escolar Unificado de Tucson en 2006, cuando él fungía como Superintendente de Instrucción Pública del Estado.

La campaña tuvo eco en la legislatura estatal dominada por republicanos, que aprobaron la iniciativa que luego fue firmada como ley por la gobernadora, también republicana, Jean Brewer

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