Primer fallo migratorio con Kavanaugh: Corte Suprema decide si puede detener indefinidamente a inmigrantes con y sin papeles

Publicado el 9 de octubre de 2018
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

Los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo al recién juramentado Brett Kavanaugh, revisarán este miércoles el alcance de la capacidad del gobierno para detener indefinidamente a inmigrantes legales (con visa y/o residentes legales permanentes) o indocumentados que hayan cometido delitos y enfrenten un proceso de deportación de Estados Unidos. Incluso si los crímenes o faltas fueron cometidos hace tiempo.

El caso se conoce como Nielsen v. Preap, una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus y Keker, Van Nest & Peters LLP bajo el argumento de que el gobierno no puede exigir que ciertas personas sean detenidas mientras duren sus procedimientos de deportación sin que tengan derecho a una audiencia solo porque tienen antecedentes penales.

El caso surgió en 2013, durante el gobierno de Barack Obama, cuando agentes federales de inmigración acudieron a la casa de la residente legal permanente Astrid Montoya, quien fue detenida por un delito cometido en 1998.

ACLU explicó que Montoya fue condenada por posesión de drogas, pero el DHS esperó 15 años para detenerla con el objetivo de quitarle la residencia y deportarla. La mujer permaneció dos años y medio privada de libertad batallando para no ser deportada y separada de sus tres hijos ciudadanos estadounidenses y son la oportunidad de ser presentada ante un juez para solicitar la libertad bajo fianza y esperar junto a su familia la resolución del caso de deportación.

La ACLU dice que “este caso cuestiona la interpretación generalizada por el gobierno de una ley de detención obligatoria de 1996, que requiere que ciertas personas permanezcan detenidas durante la duración de sus procedimientos de deportación, sin una audiencia, porque tienen antecedentes penales”.

Agrega que “el gobierno interpreta que la ley exige la detención sin audiencia en los casos en que la persona cometió un delito y cumplió una condena hace años o incluso décadas”.

Señala la ACLU que, “el resultado es que las personas que nunca han vuelto a cometer una falta, han reconstruido sus vidas junto a sus familias y se han convertido en miembros productivos de sus comunidades, están sujetas a prisión obligatoria a medida que sus casos de deportación avanzan por el sistema de tribunales de inmigración, sin audiencia para determinar si lo necesitan”.

En 1996 el Congreso revisó y amplió las disposiciones de detención de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), aprobada en 1965 durante el gobierno de Lindon Johnson. Desde entonces el arresto de inmigrantes se ha disparado, de 7,474 en 1996 a un promedio diario de 39,322 en noviembre de 2017.

Trump quiere elevar la capacidad diaria de ICE a 52,000 en el año fiscal 2019 que arrancó el pasado 1 de octubre.

La capacidad del gobierno y las políticas migratorias implementadas desde entonces ha desencadenado una serie de litigios, entre ellos los casos Zadvydas v. Davis (2000), Demore v. Kim (2003) y recientemente Jennings v. Rodriguez (2018).

Este miércoles los magistrados escucharán el caso Nielsen v. Preap, oportunidad en que por primera vez participará Kavanaugh tras su larga y cuestionada confirmación en el Senado que concluyó el sábado con el respaldo de 50 senadores (49 republicanos y 1 demócrata).

A finales de febrero de este año la Corte Suprema estableció que los inmigrantes detenidos, ya sean indocumentados o residentes legales permanentes acusados de delitos mayores, no tienen derecho a solicitar su libertad bajo fianza luego de seis meses detenidos, ni una audiencia de fianza cada seis meses (si continúan presos) tal como establece la Constitución para los estadounidenses.

Esta medida afecta también a los solicitantes de asilo que aguardan la resolución de sus casos detenidos.

El máximo tribunal de Justicia respondió así a un caso de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, en la que un residente, identificado como Alejandro Rodríguez, fue detenido para ser deportado acusado de posesión de drogas y uso de un vehículo robado (‘joyriding’, en inglés). Rodríguez estuvo detenido durante tres años, sin fianza, hasta que pudo salir y finalmente ganó su caso.

La Corte revirtió, con un voto de 5-3, el fallo de 2015 según el cual los inmigrantes tenían derecho a solicitar la fianza y el gobierno estaba obligado a demostrar por qué debían permanecer detenidos. El juez Samuel Alito envió una adición al 9º Circuito en donde argumenta que “los inmigrantes detenidos no tienen derecho a audiencias de fianza periódicas durante el curso de su detención”.

La decisión de febrero tiene implicaciones para los residentes legales permanentes que el gobierno de Trump quiere deportar por los crímenes que cometieron. También afecta a los solicitantes de asilo que, tras entregarse en la frontera, están esperando una cita en la corte. Los activistas creen que un gran número de estos inmigrantes tienen derecho a ser liberados bajo fianza hasta que su caso sea determinado.

De acuerdo con un memorando de ICE fechado el 15 de agosto del año pasado, con instrucciones de procedimiento entregadas a los abogados de la agencia en cumplimiento de la orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario del 25 de enero de 2017, donde se establece la nueva prioridad de deportaciones, los siguientes son los grupos de extranjeros que corren riesgo de ser arrestados para iniciarles un proceso de expulsión:

Aquellos considerados inadmisibles por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Extranjeros que hayan sido condenados por algún delito penal.
Extranjeros que hayan sido acusados de algún delito que no haya sido resuelto.
Extranjeros que hayan cometido actos que constituyan un delito penal imputable.
Extranjeros que han cometido fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial ante una agencia gubernamental.
Extranjeros que han abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
Extranjeros que están sujetos a una orden final de expulsión pero que no han cumplido con su obligación legal de salir de Estados Unidos.
Extranjeros que, a juicio de un oficial de inmigración, supongan un riesgo para seguridad pública o seguridad nacional.