Presionan a la Cámara de Representantes para que apruebe la reforma migratoria

 

Un ex jefe de la seguridad de Estados Unidos reiteró el miércoles su apoyo a una reforma migratoria que legalice a los inmigrantes indocumentados, reportó la agencia española de noticias Efe.

Michael Chertoff, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el segundo mandato del presidente George W. Bush, estimó necesario que el Congreso debata y apruebe un sistema migratorio justo para los que cumplan las leyes y que responda a las necesidades económicas de trabajadores extranjeros.

“Este es el momento de presionar a los legisladores para que discutan la reforma de las leyes de inmigración y el público debe enviar un mensaje a los legisladores, de que se les paga para llegar a un acuerdo”, dijo.

Las declaraciones de Chertoff ocurren tres días después de finalizado el receso de semana de cinco semanas del Congreso y en momentos que el legislativo debate la situación en Siria y se pone de acuerdo sobre el tema del presupuesto.

Chertoff también dijo que una vez resueltos los asuntos de Siria y del presupuesto, el Congreso retomaría en octubre el debate de la reforma migratoria.

Primer paso

A finales de junio el Senado aprobó el proyecto S. 744 que incluye un camino a la ciudadanía para indocumentados que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes criminales. Los favorecidos deberán entregar sus huellas digitales al DHS y entrar en un estado de residencia provisional por 10 años.

Al término de ese plazo podrán pedir la residencia o green card y tres años después calificarán para la ciudadanía.

El proyecto S. 744 incluye además un presupuesto adicional de $40 mil millones que serán destinados a la contratación de unos 21 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza, la construcción de 700 millas de vallas fronterizas en la frontera con México, la implementación de un sistema biométrico para rastrear a los extranjeros que ingresan y salen del país, la implementación obligatoria del E-Verify y un muro digital dotado con un sistema de alta tecnología.

El segundo paso

El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes optó por debatir su propio plan pero por partes, enfatizando en la seguridad fronteriza. Hasta ahora ha aprobado en el pleno y en el Comité Judicial al menos seis enmiendas. Una de ellas criminaliza la estadía indocumentada, por el momento un acto de desobediencia civil.

El presidente del Congreso, John Boehner (republicano de Ohio), advirtió en junio la vigencia de la regla Hastert, que sólo permite enviar al pleno proyectos que cuenten con el respaldo de la mayoría de la mayoría, es decir 118 de los 234 republicanos.

Los demócratas insisten en que tienen 195 votos de los 201 más el apoyo de entre 40 y 60 republicanos y recordaron que para aprobar la reforma hacen falta un mínimo de 218, pero que la regla Hastert tiene detenido el proceso.

El Grupo de los Siete

La tercera vía está en manos del Grupo de los Siete, integrado por cuatro demócratas y tres republicanos quienes en secreto redactan un proyecto de reforma migratoria.

Hasta ahora se sabe que el plan incluirá una vía de legalización para indocumentados que se declaren culpables de violar leyes estadounidenses quienes entrarán en un estado de libertad condicional por cinco años. Al término de ese plazo podrán pedir la residencia que demorará cinco años en llegar a sus manos.

Una vez tengan la green card, deberán esperar otros cinco años para poder gestionar la ciudadanía.

Antes del receso dos integrantes del grupo dijeron que el plan sería presentado en cualquier momento después del 9 de septiembre.

Advierten retraso

La semana pasada el legislador republicano Raúl Labrador (Idaho), que integró el Grupo que escribe un plan de reforma migratoria en la Cámara de Representantes, le dijo al periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto de la cadena Univision, que el debate del endeudamiento fiscal y el presupuesto, y la crisis en Siria, acortaron el tiempo para el debate de la reforma migratoria.

Advirtió que si no se aprueba en lo que queda de 2013 “no va a suceder en el 2014” (porque se trata de un año electoral) y “eso significa que vamos a tener que esperar hasta el 2015”.

“Muchos de nosotros pensábamos que el debate iba a ser en octubre, pero ahora con los problemas que estamos teniendo, internacionalmente y también en la nación, yo no veo cómo vamos a poder tener este debate hasta noviembre. Y realmente no sé si en noviembre se va a poder hacer”, puntualizó.

Consultado si un proyecto de reforma migratoria con ciudadanía para los indocumentados sería aprobado si la votación ocurre en el curso de los próximos dos meses, Labrador dijo que “no, yo no creo que pasaría. La reforma migratoria es algo que tenemos que tener un buen debate, tenemos que convencer a las personas que es algo bueno” y dijo temer que el debate se prorrogue hasta 2015.

El grupo de Chertoff

Pese a las advertencias, Chertoff el grupo de presión al que pertenece Chertoff no se rinde. El ex secretario del DHS dijo que “la diferencia entre el 2007 y 2013 (cuando la reforma se ha debatido ejn al menos tres ocasiones) es que ahora existe una coalición de organizaciones que respalda la posibilidad de encontrar una solución, lo que falta es crear un ambiente de confianza que el Gobierno cumplirá con lo acortado”, destacó.

A mediados se anunció la integración de un grupo de trabajo bipartidista integrado por conocidos ex gobernadores y secretarios del gabinete, quienes presentaron un paquete de recomendaciones que incluyen dar acceso a la ciudadanía a inmigrantes que entraron a Estados Unidos de manera irregular, reportó The Associated Press.

El grupo dijo que el objetivo de las propuestas es ejercer influencia tanto en el debate sobre inmigración en el Congreso como sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado que está empantanado en la Cámara de Representantes.

Además de Chertoff el grupo lo integran la ex secretaria de Estado, Condolezza Rice, y el ex gobernador de Mississippi, Haley Barbour, ambos republicanos y los demócratas Ed Rendell, ex gobernador de Pensilvania, y Henry Cisneros, ex secretario de Vivienda.

Las recomendaciones del grupo incluyen la creación de una comisión independiente que evalúe la seguridad fronteriza; un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas que se encuentran en el país sin permiso; y un programa de visas que permita incorporar a trabajadores extranjeros a la economía, junto con penas más graves para empleadores que contratan o explotan a trabajadores que residen en el país ilegalmente.

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