Presentan iniciativa para supervisar centros de detención y detener fondos para construcción de neuvos

Entre los años fiscales 2012 y 2018, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibió 1,448 denuncias de abuso sexual en su centros de detención para indocumentados.

Solo en el año fiscal 2017, al menos tres mujeres tuvieron abortos espontáneos, por falta de atención médica mientras estaban bajo custodia.

Estas negligencias son solo algunas de una larga lista de actividades aberrantes, que deben parar en los centros de detención, sostienen la senadora Kamala D. Harris (D-CA) y la congresista Pramila Jayapal (D-WA).

“Tenemos que responsabilizar a la agencia por el maltrato inaceptable que sufren todos los que llegan a esas instalaciones, y que en su mayoría de veces queda impune”, dice Harris.

Esta senadora junto con Jayapal presentaron una legislación que aumentaría la supervisión de los centros de detención, y suspendería los fondos para la construcción o expansión de nuevas instalaciones.

Harris indica que en las últimas dos décadas, el sistema federal de inmigración ha experimentado una expansión dramática de centros, que ha llevado a un aumento del 400 por ciento de detenciones, con un número cada vez mayor de niños, mujeres y muchas de ellas embarazadas.

“Estos detenidos a menudo son maltratados por los agentes de ICE, y obligados a residir en condiciones deplorables, cuyos derechos se violan de manera habitual y sistémica”, agregó.

Los mismo informes de la Oficina del Inspector General (OIG), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han determinado sistemáticamente, que los derechos de los detenidos en estas instalaciones se han visto socavados y que ICE no ha proporcionado un entorno seguro y saludable para ellos.

Las consecuencias incluyen abuso sexual, con solo un pequeño porcentaje de reclamos han sido investigados, negligencia médica absoluta, falta de acceso a abogados y la muerte de 170 personas desde el 2003 a la fecha.

A pesar de la mala administración de los centros y la falta de supervisión, la administración Trump busca aumentar los fondos para el sistema de detención de inmigrantes civiles de ICE, en $2.7 mil millones en el presupuesto del próximo año, sin realizar reformas al sistema actual.

“A parte de que Estados Unidos ya alberga el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, la administración Trump quiere más camas de detención sin ningún tipo de supervisión”, señala Jayapal.

“La innumerable cantidad de ataques horribles, abusos sin sentido y muertes innecesarias de inmigrantes detenidos demuestran que ICE no es capaz de vigilarse a sí mismo”, dice.

Varias organizaciones proinmigrantes ya están en pie para apoyar una reforma dentro del sistema de detenciones.

De acuerdo a Christina Fialho, abogada de California y cofundadora de Freedom for Immigrants, la organización ha estado documentado abusos a través de su red de programas de visitas y su línea directa.

“Las condiciones (deplorables) se han convertido en el statu quo del sistema de detención de inmigrantes de Estados Unidos, y nos rehusamos a tolerarlo. Es hora de que el gobierno federal intervenga y exija transparencia y responsabilidad”, afirma Fialho.

Aunándose al esfuerzo de reforma, Madhuri Grewal, asesora de política federal de inmigración de ACLU, recalca que con las estadísticas ICE ha demostrado ser incapaz de comportarse con los derechos civiles y humanos básicos, especialmente cuando se trata de supervisar su infraestructura masiva de detención de inmigrantes.

“A través de nuestros litigios, incidencia política y presentación de informes, la ACLU constantemente ha encontrado que ICE hace alarde de sus propias normas mínimas de detención y detiene continuamente a inmigrantes que están embarazadas y solicitantes de asilo con discapacidades mentales, y otras poblaciones vulnerable”, dijo Grewal.

“Peor aún, ICE tiene la responsabilidad de auto controlarse, un proceso que le ha permitido a la agencia ignorar o rechazar violaciones atroces y ha contribuido a múltiples muertes durante la detención”, sostiene.

El proyecto de ley exige, al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que presente un informe al Congreso que incluya un plan para disminuir el número de camas de detención en un 50%, apartir de la fecha de promulgación, y restaurar y expandir el programa de administración de casos familiares.

Exige, además, que la Oficina del Inspector General del DHS realice inspecciones no anunciadas de todas las instalaciones de detención de inmigrantes, para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales, centrándose en la salud, seguridad y cuidado de los detenidos, especialmente en lo que respecta a las mujeres embarazadas.

Pide también que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles de DHS, lleve a cabo investigaciones y presente un informe de sus conclusiones al Congreso.

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