Postura republicana sobre la reforma migratoria da giro y avizora cambio

Un plan entregado el martes en la Cámara de Representantes, que incluye la ciudadanía para los dreamers, podría llegar a convertirse en la pauta de las discusiones futuras sobre la reforma migratoria en el Congreso.

El Subcomité de Inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes recibió de manos del líder de la mayoría, Eric Cantor (Virginia), una propuesta de ley que ofrece a los soñadores (jóvenes indocumentados que ingresaron siendo niños a Estados Unidos) legalizar sus permanencias y obtener la ciudadanía.

El plan, anunciado la semana pasada, cuenta con el respaldo de los tres líderes republicanos de la Cámara de Representantes: John Boehner (Ohio), presidente del Congreso, Eric Cantor (Virginia), líder de la mayoría republicana, y Bob Godlatte (Virginia), presidente del Comité Judicial.

El plan (Kids Act.) aspira beneficiar a 1.8 millón de indocumentados de los 11 millones que viven en el país.

“Existe una clase de indocumentados que merece ser considerados de manera diferente. Me refiero a quienes llegaron siendo niños con sus padres […] Ellos no comparten la culpa en esta decisión”, dijo Goodlatte en un reporte de la agencia Reuters.

Exigen amplitud

Contrario a la postura del liderazgo republicano, los demócratas reiteraron que la solución al problema de los 11 millones de indocumentados debe ser más amplia, como por ejemplo que los incluya a todos o, como el plan del Senado, a los que están en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes penales.

El Senador Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey), durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto de la Cadena Univision, estimó que el número de beneficiados con la reforma migratoria de la Cámara Alta era entre 9 y 10 millones de extranjeros sin papeles de estadía legal en el país.

A comienzos de julio la analista republicana, Helen Aguirre Ferré, dijo a UnivisionNoticias.com que la Cámara de Representantes y el Grupo de los Siete (que redacta en secreto un proyecto de reforma) no contemplaban la residencia ni la ciudadanía, por lo que el proyecto de Cantor quiebra la estrategia y da paso a una postura que pudiera ampliarse en el curso de las próximas semanas.

Simultáneamente, unos 300 líderes evangélicos acudieron el miércoles al Congreso para reunirse con el liderazgo republicano e instarlos a que aprueben una reforma migratoria con ciudadanía. El pedido se suma al deseo de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) que clama una reforma migratoria “con sentido común”.

Tanto evangélicos como católicos aseguran que permanecerán en campaña durante todo el tiempo que dure el debate.

Encuesta de La Raza

En Nueva Orleans, mientras tanto, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) dio a conocer una encuesta elaborada entre 1,000 participantes en la Conferencia Anual 2013. El 95% dijo que la aprobación de la reforma migratoria en 2013 era un asunto importante.

La muestra reveló que más del 91% de los demócratas asistentes a la Convención apoyan la reforma migratoria amplia, 90% de los independientes y el 82% de los republicanos.

“Este sondeo refuerza lo que hemos visto encuesta tras encuesta que, independientemente de la identificación política, demográfica o geografía, los estadounidenses quieren que sus funcionarios electos arreglen el sistema migratorio y construyan un camino hacia la ciudadanía para quienes deseen hacerse ciudadanos”, dijo Janet Murgia, presidenta de La Raza.

“Nuestro país merece un voto”, agregó.

La encuesta la realizó la compañía Lake Research Partners and Revolution Messaging a través de mensajes de texto.

Voto clave

“Los latinos están mirando muy de cerca lo que está pasando en el Capitolio”, dijo Murgía. “Ellos no se olvidarán de aquellos que están luchando por preservar políticas antiguas que han fallado y que no sirven a nadie, y aquellos que están trabajando a favor de nuestros intereses nacionales, presentando una solución sobre el tema de la inmigración”, añadió.

En los comicios presidenciales de 2012, cuando Obama fue reelecto para un segundo mandato de cuatro años, el 71% de los 12.2 millones de hispanos que acudieron a las urnas eligieron al candidato demócrata y la reforma migratoria asomó en la agenda de temas nacionales de alta importancia.

“Somos una fuerza política creciente en este país y estamos listos para ser la voz de aquellos que se han silenciado por el miedo y la incertidumbre del sistema quebrado de inmigración que tenemos”, dijo Murgia. “El Senado pudo el modelo de cómo seguir hacia delante en este tema a través del bipartidismo y el compromiso. Es hora de que la Cámara de Representantes haga lo mismo”, añadió Murgía.

Campañas nacionales

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, el sector religioso y organizaciones nacionales confían que la estrategia de presión, más el respaldo de los sectores laboral, empresarial y tecnológico obliguen a la Cámara de Representantes a seguir los pasos del Senado y se inclinen por una reforma migratoria amplia.

Entre las campañas destacan llamados telefónicos a los congresistas, envío de correos electrónicos, utilización de redes sociales y recolección de firmas.

A finales de junio el Senado aprobó por 68 votos a favor y 32 en contra un plan que incluye la ciudadanía para indocumentados que están en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes criminales.

Quienes califiquen deberán entregar sus huellas digitales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y pagar multas. Quienes reciban La autorización entrarán en un estado de inmigrante provisional por 10 años al término del cual podrán pedir la residencia permanente. Tres años después tendrán derecho a gestionar la ciudadanía.

El Grupo de los Siete (integrado por cuatro demócratas y tres republicanos) elabora en secreto un plan que, de acuerdo con filtraciones publicadas por The Washington Post, obligará a los indocumentados aceptar que violaron la ley al permanecer sin papeles en el país. Luego entrarán en un estado de libertad condicional por cinco años.

Al término de la probatoria, los indocumentados podrán pedir la residencia y cinco años más tarde la ciudadanía estadounidense.

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