Policía se resiste a participación antiimigrante; jefes del orden mandan carta a Trump

Jefes de Policía de Estados Unidos, incluyendo varios en los estados que votaron por Donald Trump, se resisten a que la Casa Blanca les obligue a participar más activamente en la deportación de inmigrantes indocumentados.

En una carta conjunta, que publicó The Guardian, más de 60 jefes policiales apelaron a la Administración Trump para suavizar su campaña agresiva para alistar a oficiales de Policía en la deportación de millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país.

La carta dice que ellos se oponen a ser empujados a “tareas nuevas y a veces problemáticas” que socavarán el equilibrio entre las comunidades locales a las que sirven y el Gobierno Federal, y dañarán a la Policía local.

La misiva está firmada por 61 jefes y sheriffs, en activo y retirados, muchos de los cuales provienen de estados en los que ganó Trump en las elecciones de noviembre pasado, como son Alabama, Arizona, Florida, Carolina del Sur y Texas.

El texto, escrito bajo el auspicio del grupo de trabajo de la Aplicación de Leyes de Inmigración, una coalición de expertos policiales de alto nivel convocada por el Foro Nacional de Inmigración, no menciona por su nombre al Presidente.

Pero hace referencia indirectamente a los esfuerzos de su Gobierno para obligar a la Policía a desempeñar un papel más importante en la deportación.

Los redactores de la carta, que incluyen al comisionado del Departamento de Policía de Boston, William Evans; al Comandante de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, Jody Sharp; y el jefe de las Fuerzas de Salt Lake City, Mike Brown, dejan en claro su oposición a ser arrastrados a la encomienda de buscar inmigrantes.

Ellos afirman sin rodeos: “la ley de inmigración es, ante todo, una responsabilidad federal. Creemos que podemos servir mejor a nuestras comunidades dejando la aplicación de las leyes de inmigración al Gobierno federal”.

También apelan a la Administración Trump para que retroceda en su amenaza de penalizar a las llamadas ciudades santuarios, las cuales se resisten a la represión de la inmigración.

Señalan que no hay una definición acordada de lo que es una ciudad santuario y advierten que la retirada de fondos federales de esas áreas como castigo no haría a las comunidades más seguras.

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