Plagada de irregularidades, política hacia los niños migrantes: especialista

 “Más allá de eufemismos”, la política del Estado Mexicano hacia los niños y niñas migrantes está plagada de irregularidades que violan el interés superior del niño y la protección real a sus derechos, sostuvo Lourdes Rosas Aguilar, representante del Centro de Derechos Humanos de Fray Matías de Córdova, de Tapachula, Chiapas, quien aseveró que en los hechos, las autoridades de nuestro país “violentan la integridad física y emocional de los menores que van de tránsito hacia Estados Unidos y los que se quedan a vivir en el país”.

Denunció también que, a pesar de le ley migratoria vigente, las autoridades mexicanas detienen a los menores en Centros de Migración en Estaciones Migratorias en lugar de canalizarlos a albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), particularmente en los casos de menores de entre 12 y 17 años.

Al participar en la Audiencia Pública “Solicitud de Opinión Consultiva sobre la Niñez Migrante”, dentro del marco del 48 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Rosas Aguilar destacó la importancia que tiene ésta situación ya que cada vez se incrementa la presencia de menores “en el triángulo norte de Centroamérica”.

Comentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, tan sólo en agosto de 2013 fueron detenidos seis mil 214 niños, niñas y adolescentes en la frontera sur, de los cuales 5 mil 205 tenían entre 12 y 17 años de edad.

La especialista destacó el que en la mayoría de los casos, al entrar a territorio mexicano los menores son privados de su libertad y trasladados a una de las 32 estaciones migratorias que hay en territorio nacional. “Sin ser informados de los motivos de su detención, si son nacionales de Guatemala, El Salvador y Honduras (que representan el 96.70 por ciento del total) son llevados a la Estación Migratoria Siglo XXI para deportación, ubicada en Tapachula”, que es considerado el centro de detención más grande de América Latina.

A pesar de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Migración, explicó la especialista en el tema, quien en colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús participó en la elaboración del trabajo denominado “Niñez Detenida”, en México “no se llevan a cabo las canalizaciones efectivas a los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral en el caso de que sean menores de entre los 12 y 17 años”.

Los niños de cero a once años también son privados de su libertad cuando son llevados a albergues del DIF, dijo y agregó que las condiciones de la Estación Migratoria Siglo XXI “asemejan un centro penitenciario”, con planchas de cemento para dormir, baños sin puertas, rejas para separar espacios y permanecen las luces encendidas todo el día. En el lugar hay un módulo del DIF en donde están los menores. Esto sin contar la mala calidad de los alimentos la falta de atención sicológica especializada.

La oradora cuestionó también, ante los jueces de la CoIDH, la deficiente protección consular de parte de las autoridades centroamericanas. La intervención de los cónsules se limita en la mayoría de las ocasiones a acreditar la nacionalidad del niño o niña, a firmar la posibilidad de la deportación. Todo esto deriva en que los menores no pueden ejercer su derecho para impugnar la “privación indefinida de su libertad”, la cual puede prolongarse hasta un año hasta que se resuelve la situación de los menores.

A la vista de todas estas irregularidades, podemos afirmar que la política seguida por el Estado Mexicano hacia estos menores es una práctica sistemática de detención y deportación automática, donde el objetivo del control migratorio se impone sobre cualquier consideración relacionada con el interés superior del niño y con una protección real de sus derechos, subrayó.

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