Piden a Obama que tome más acción para la reforma migratoria.

Aun cuando los republicanos han argumentado su recelo respecto al presidente Obama como la razón por la que se ha estancado la reforma de inmigración, grupos que están a favor de los derechos de los inmigrantes le están haciendo un llamado para que haga un mayor esfuerzo, deje a un lado al Congreso y use su autoridad ejecutiva para ayudar más a los inmigrantes.

Las pocas medidas que ha llevado a cabo, señalan los grupos, no han ayudado a detener el número de deportaciones récord y le han urgido al presidente que utilice su autoridad para eludir el estancamiento del Congreso e implemente las reformas que ha prometido.

Kamal Essaheb, abogado de políticas de inmigración del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, comentó que no hay manera de terminar con el estancamiento, por lo que Obama debería actuar.

Los republicanos han creado una situación de “confianza”, agregó, para complacer a una minoría enérgica de su partido.

“Sabemos que los republicanos están diciendo que Obama no está aplicando la ley y eso lo ha colocado en una situación difícil”, dijo.

“No creemos que debería esperar para actuar. Hay cosas que él puede hacer en este momento para que las cosas sean más justas”.

Señalan que no ha sido blando

Antes de la reunión que tuvo el Comité Judicial, la Campaña para una Reforma de Inmigración Responsable, Moral y Equilibrada CAMBIO (siglas en inglés), un grupo que está a favor de la reforma, dio a conocer cifras recientes, que aseguran, demuestra que Obama ha sido todo excepto blando respecto a la inmigración.

En el 2012, el Gobierno gastó aproximadamente 18 billones de dólares en la aplicación de las leyes de inmigración, más que el total asignado al FBI, Servicio Secreto, Servicio de Marshals de Estados Unidos y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de acuerdo al Instituto de Políticas de Migración.

CAMBIO también citó un promedio anual de unas 400 mil deportaciones con las que Obama estableció un récord.

Durante la audiencia, sin embargo, los republicanos dijeron que los cambios a la ley de inmigración formaban parte de una serie de medidas que ellos consideran como una extralimitación presidencial.

“El Gobierno de Obama ha ignorado las leyes, no las ha aplicado, las ha socavado y cambiado a través de órdenes ejecutivas y acciones administrativas.  Incluyendo las leyes de cobertura de la atención médica, inmigración, matrimonio, drogas y requisitos para las prestaciones sociales”, comentó a través de un comunicado el representante Lamar Smith, republicano por San Antonio.

Smith reconoció que los presidentes anteriores usaron más su autoridad ejecutiva, pero nunca de una manera tan extensa que “llevara la Constitución hasta un punto de ruptura”.

En el 2011, Obama instruyó a John Morton, quien en ese entonces era director de Inmigración y Aduanas, para que emitiera lineamientos solicitando a la fiscalía federal que usara su discreción para determinar cuáles inmigrantes indocumentados deberían ser incluidos en el proceso de deportación.

Las condiciones en los países de origen de los inmigrantes, las circunstancias de su llegada y si arribaban a este país con un hijo tenían que tomarse en cuenta, de acuerdo al memorándum.

Un año después, el Gobierno ofreció una acción diferida para los inmigrantes indocumentados que tenían 30 años de edad o mayores, otorgándoles permisos para trabajar a los solicitantes calificados y una prórroga de dos años respecto al proceso de deportación.

Los republicanos criticaron esas medidas, pero en el mes de enero, líderes del Partido Republicano de la Cámara dieron a conocer sus principios sobre la reforma de inmigración, generando esperanza entre los que estaban a favor de la reforma de que el Congreso pudiera actuar en ese asunto.

Aunque la esperanza decayó después que en el mes de febrero, líderes del Partido Republicano aseguraron que la extralimitación de Obama los hizo detenerse.

Actualmente, dicen los que están a favor de la reforma de inmigración, pero la única manea de seguir adelante es que Obama actúe sin el Congreso.

Las acciones presidenciales que ha tomado Obama, afirman, no han sido suficientes.

La semana pasada la organización Personas que Están Mejorando las Comunidades a Través de una Campaña de Organización para Obtener la Ciudadanía, PICO (siglas en inglés), alegaron que la discreción procesal está siendo usada de manera suficiente.

Desde el 2012, menos del 10 por ciento de los casos de inmigración que fueron cerrados a nivel nacional se debieron a acuerdos a los que se llegaron debido a las medidas discrecionales, según la información recolectada y analizada por el Acceso a la Base de Datos de Récords Transaccionales.

En las Cortes de Texas, las cifras fueron aún más bajas.

Quieren apmpliación de Acción Diferida

El grupo también exigió que el presidente ampliara el rango de la acción diferida para permitir que más inmigrantes indocumentados calificaran para este programa.

“En todos esos casos, lo que hemos tenido que hacer es organizar nuestras congregaciones y comunidades para detener las deportaciones de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes criminales pero cuentan con fuertes vínculos familiares”, comento a través de un comunicado Richard Morales, coordinador de la prevención de detenciones de la Campaña para la Ciudadanía de PICO.

“Si no fuera por el apoyo de la comunidad, todas estas personas podrían ser deportadas y separadas de su familia”.

En otros casos, abogados de inmigración han dicho que el tiempo del presidente se está acabando.

A principios de este mes, el Gobierno cambió el registro federal de los solicitantes que tratan de entrar a EU cuyos casos han estado restringidos durante años debido a una ley federal que prohíbe la entrada a personas de las que se sospecha le han dado apoyo material a los grupos terroristas.

El cambio detuvo la exclusión de los solicitantes cuyo apoyo es considerado como insignificante o no intencional.

Dan Kowalski, un abogado de inmigración que tiene su sede en Austin y es el editor del Boletín de Inmigración Bender, comentó que el cambio era necesario.

“Tenemos a un grupo de miles de personas que han estado esperando por muchos años, debido a que sus casos están congelados”, dijo.

“Tal vez, hace 10 años le dieron un Band-Aid a un terrorista o un sorbo de agua, es algo estúpido. Así que es una regulación que necesitaba hacerse”.

La ley aplica a los solicitantes de todos los países, y cada persona afectada por el cambio de esta regla será sometida a una rigurosa revisión de antecedentes, agregó.

Pero lo que algunos consideraron como un cambio leve fue ridiculizado por los adversarios del presidente.

“Somos una nación de leyes y al Ejecutivo no debería permitírsele que suspendiera unilateralmente nuestras leyes de inmigración para otorgarle beneficios a aquellos que han apoyado a los terroristas”, comentó a través de un comunicado el senador John Cornyn, republicano por Texas.

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