Piden a FBI investigación transparente y rendición de cuentas sobre muerte de indígena migrante

Congresistas de los Estados Unidos temen la deportación de testigos de la muerte de la joven maya Claudia Patricia Gómez a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y han pedido al Buró Federal de Investigaciones (FBI) una investigación transparente y un reporte completo al respecto.

Las dos congresistas demócratas:  Lucille Roybal-Allard de Los Angeles y Pramila Jayapal, del estado de Washington, enviaron el viernes a última hora de la tarde una carta al director del FBI Christopher Wray urgiendo una “investigación completa, transparente y justa”.

“A la luz de la cambiante narrativa de la Patrulla Fronteriza sobre los acontecimientos, escribimos para expresar nuestra preocupación de que su investigación pueda verse comprometida por información errónea y la intimidación de testigos que podrían ser deportados antes de que puedan dar su testimonio”, reza la carta de las legisladoras.

Portavoces de la congresista Roybal Allard también indicaron que la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de la que depende la Patrulla Fronteriza (US Border Patrol), están obligada por ley a reportar la muerte de individuos bajo su custodia y a hacer pública la información sobre uso de fuerza y corrupción.

La muerte de Claudia Patricia Gómez González de 20 años, a causa de un tiro en la cabeza el pasado 23 de mayo, fue justificada por la Patrulla Fronteriza en dos comunicados en los que cambiaron ligeramente la versión oficial de los hechos, y las legisladoras han pedido explicaciones sobre ello.

Las autoridades dijeron haber arrestado a otros tres inmigrantes que estaban con Gómez González cuando ocurrieron los incidentes, y las legisladoras temen que estos sean deportados o que se afecte su capacidad de declarar en la investigación.

Una solicitud de información a CBP y al FBI en Texas enviadas este lunes por La Opinión no ha recibido respuesta aún, pero el CBP emitió dos comunicados inmediatamente después del incidente.

En el primero decían que un agente estaba intentando arrestar a un grupo de migrantes cuando “varios sujetos lo atacaron con objetos romos” (no puntiagudos, no especificaron el tipo de objeto). Supuestamente fue en ese momento cuando el agente disparó y mató “a uno de los asaltantes”.

Dos días después, la agencia dio a conocer otro comunicado  en el que no mencionaban los “objetos romos” (blunt objects) y decían que el agente disparó luego que los migrantes “ignoraron sus órdenes y se le vinieron encima”.

El evento causó la indignación de la comunidad de Laredo, donde ocurrió y de muchos estadounidenses que compartieron sus impresiones por medios sociales, provocando llamados de diversos grupos políticos y comunitarios a que se haga una investigación transparente.

La pasada semana, un grupo formado para responder a la crisis de violencia y la política contra migrantes en Laredo, la Alianza Inmigrante de Laredo, realizó una protesta para pedir que se aclare la muerte de la muchacha, cuya madre declaró a los medios que era perito contador y venía a Estados Unidos con la intención de estudiar y trabajar.

El Centro de Derechos Fronterizos de la Unión de Libertades Civiles Americanas apuntó a la historia de incidentes de los últimos años en los cuales las agencias fronterizas de Estados Unidos han pagado 60 millones de dólares en acuerdos tras demandas por la muerte de migrantes, de ciudadanos cerca de la frontera o incluso de personas en el otro lado de la misma.

“Sabemos que tenemos que vigilar esta investigación muy de cerca porque la agencia tiene una historia de violencia”, dijo Astrid Domínguez, directora del centro, quien actualmente representa a la familia de José Antonio Elena Rodríguez en una demanda contra la Patrulla.

Tanto en el caso de Rodríguez, muerto en 2012 como en el del joven mexicano Julian Ramírez Galindo, muerto en 2014, se alegó que la reacción armada de los agentes ocurrió tras el disparo de rocas o piedras contra ellos, algo similar a lo que se alegó en un principio en el caso de la joven maya.

Rodríguez, un joven de 16 años, fue muerto tras recibir 10 tiros que venían del lado estadounidense mientras estaba parado del otro lado de la verja fronteriza cerca de su casa en Nogales.  Un jurado absolvió al agente Lonnie Swartz el mes pasado de un cargo de homicidio, y no pudo ponerse de acuerdo en dos cargos de homicidio involuntario.

En el caso de Galindo, un padre de dos niños que se ganaba la vida como músico en Tijuana, un agente le disparó cerca de la frontera alegando que este le tiró una piedra “del tamaño de una pelota de basket”, pero la trayectoria de los tiros fue de arriba hacia abajo y Galindo era un hombre de baja estatura.

Hubo una demanda y el gobierno pagó 500,000 dólares a la familias de Galindo el pasado año.

Una investigación de The Guardian, un medio internacional, encontró que agentes fronterizos han matado a 97 personas desde 2003  en diversos encuentros desde el año 2003, y en la mayoría de los casos por arma de fuego.

La carta de las congresistas señala, por otra parte, que  “La muerte de un inmigrante que busca una vida mejor en los Estados Unidos es desgarradora y un acto de fuerza que resulte en la muerte de un individuo a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos merece una investigación exhaustiva y justa para que los legisladores puedan comprender las circunstancias que llevaron a la pérdida de vidas y poder trabajar en evitar que ocurra de nuevo”

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