Piden a EE.UU. que comparta datos ADN para buscar a migrantes

La mexicana Irma Carrillo perdió a sus dos hijos hace casi 20 años y desde entonces no ha parado de buscarlos. La hondureña Jesús Reyes vive un infierno similar en busca de su única hija. Ambas temen que entre los miles de restos de migrantes sin nombre que se acumulan en distintos puntos de la frontera sur de Estados Unidos puedan estar sus seres queridos.

El viernes las dos madres, respaldadas por más de 40 organizaciones sociales, oficiales y académicas latinoamericanas y estadounidenses, pidieron a Estados Unidos durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colorado que permitan un cruce masivo de la información genética que tienen porque eso podría llevar a la identificación de sus hijos y de miles de migrantes desaparecidos más.

“Ustedes tienen la facultad, tienen el poder, necesitamos que el ADN que nos sacaron en Honduras, en el banco forense, pueda ser [comparado] con los restos en Estados Unidos para saber si nuestros familiares están ahí o si están vivos”, suplicó Reyes mientras mostraba una foto de su hija.

La petición se abordó por primera vez en el seno de la Comisión, un organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos.

En la última década, diversos colectivos han puesto en marcha iniciativas conjuntas para localizar e identificar a migrantes desaparecidos y cuentan con datos genéticos de más de 4.000 personas.

Por su parte, las autoridades de Estados Unidos llevan años negándose a permitir una comparación masiva con su principal base de datos de ADN, en poder del FBI, con el argumento de que las leyes se lo impiden.

“No creo que haya ninguna discrepancia sobre lo que hay que hacer”, contestó a las madres la representante del FBI en la audiencia, la abogada Paula Wolff. “El único problema es determinar cómo se puede lograr”.

Según Wolff, el FBI está limitado a la hora de compartir sus datos por las directrices de una ley de 1994. Solo puede hacerlo con entidades de justicia criminal, no con laboratorios privados –que son con los que trabajan los colectivos– ni con ONGs, y solo acepta para comparaciones muestras de ADN tomadas en presencia de un policía, algo que muchas veces no es posible, bien porque eso intimida a los migrantes o porque en algunos países no se fían de sus autoridades.

“Hay soluciones”, garantizó Roxanna Altholz, directora del departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley (California). “Lo que nos está impidiendo atajar la angustia y la preocupación de miles [de familias de migrantes desaparecidos] es la burocracia federal (…) y la falta voluntad política”.

“No hay razón legal ni técnica” para no hacerlo, afirmó más tarde durante la audiencia.

Los colectivos aseguraron que ha habido cruces puntuales de información genética con el FBI, lo que a su juicio demuestra que la negativa estadounidense es política, pero la comparación caso por caso, según explicó la antropóloga forense estadounidense Kate Spradley, que trabaja en Texas, es “anticuada, costosa e ineficaz”.

Sin pronunciarse sobre cuáles de los obstáculos actuales son legales y cuales políticos, la representante del FBI sí dijo que estos últimos se pueden modificar, con lo que dejó entrever que podría haber cierto margen de maniobra.

La comisionada Margarette May Macaulay, quien presidió la audiencia, ofreció la mediación de la CIDH para facilitar el entendimiento. “Tengo fe en que intentarán trabajar para solucionar esta indignante situación y para dar paz a esta gente”.

Otro miembro de la Comisión, Antonia Urrejola, solicitó información a Estados Unidos sobre supuestas prácticas de autoridades de Texas que “se deshacen de los cuerpos sin debida identificación previa” e incluso los creman pero los funcionarios dijeron que responderían por escrito a todas las preguntas formuladas.

El mayor esfuerzo para la identificación de migrantes desaparecidos en la región, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, es el denominado Proyecto Frontera, cofundado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y en el que participan actores gubernamentales y no gubernamentales de EE.UU., México, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Este proyecto ha recopilado más de 3.000 perfiles genéticos y ha conseguido identificar a más de 180 migrantes.

Bruce Anderson, quien dijo haber trabajado para el gobierno durante 25 años y el viernes formaba parte de los expertos forenses que pidió el cruce masivo de datos, recordó a las autoridades que ellas solas no lo pueden hacer todo y que “se requiere la labor de las ONG” para complementar su trabajo. Puso como ejemplo la morgue del condado de Pima, en Arizona, que ha logrado más identificaciones conjuntas con ONGs que son entidades oficiales.

Sin embargo, la falta de recursos, la mala gestión de los restos en algunos lugares y, sobre todo, la falta de un mecanismo formal transnacional que coordine a actores oficiales y no oficiales hace que el proceso sea muy lento y tedioso para los familiares.

El caso de Ana Concepción Ortiz es un ejemplo. Salió de El Salvador en 2006 hacia Nueva York y se perdió en Texas. Su cuerpo fue encontrado cinco años y medio después. Su identidad se determinó pasados otros cuatro años en los que “estuvieron recopilando cada pieza del cuerpo de ella porque estaba entre 500 esqueletos humanos”, explicó a AP su marido, Santos Pastor Paulino. Once años y medio después de su partida, lograron enterrarla y que descansara en su tierra natal.

Miles de familias no tienen esa suerte, como las dos madres que consiguieron llegar a Colorado para intentar sensibilizar a las autoridades.
“Una solución puede cambiar el destino de mi vida”, dijo la mexicana Irma Carrillo, llorando después de haber hablado en privado con el embajador permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. “Solo queremos saber qué pasó con ellos”.

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