Piden a Costa Rica prorrogar cobro de multa de 100 dólares a migrantes irregulares

Cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos en Costa Rica, pidieron al gobierno de este país posponer nuevamente la aplicación del cobro de 100 dólares por cada mes de estadía irregular para los extranjeros, el cual inicia a cobrarse a partir del próximo 20 de abril.

En una carta abierta dirigida a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Ministerio de Seguridad Pública; las organizaciones que trabajan a favor de los inmigrantes, piden una nueva prórroga del cobro o del impedimento de ingreso por un año más hasta que se reforme la ley de migración que establece las sanciones.

“Por una serie de motivos que deben verse a la luz de la valoración de Costa Rica como un país garante de Derechos Humanos sin discriminación”, reza la carta de las organizaciones. Entre las firmantes están el Servicio Jesuita para Migrantes, la Asociación de Trabajadoras Domésticas y el Centro de Derechos Sociales de la persona Migrante.

La DGME, a través de su directora Gisela Yockchen, anunció esta semana que a partir del próximo 20 de abril entra en vigencia el cobro a personas extranjeras que excedan el tiempo de permanencia en el país.

La multa está contemplada en la ley migratoria vigente desde el año 2010, la cual se había pospuesto durante 7 años. La sanción es de 100 dólares por cada mes de estadía irregular y se hará efectivo al momento que el extranjero abandone el país.

Si la persona no puede o no quiere cancelar la multa al momento de su salida del país, el oficial de Migración le impondrá un impedimento de ingreso por el triple de tiempo en que la persona permaneció en Costa Rica de forma irregular.

“Es claro que una multa de US$100 por cada mes de permanencia irregular en Costa Rica contraviene los criterios de razonabilidad y proporcionalidad (de la ley migratoria), lo que sin duda, fomentará la permanencia en condición de irregularidad migratoria y aumentará el ingreso y egreso por lugares no autorizados en las fronteras costarricenses”, reza la carta.

“Tras ocho años de implementación de la Ley General de Migración y Extranjería no parece que haya promovido una mayor regularización de quienes se encontraban en esta situación. Esto va en contra de lo establecido en el artículo 3, que indica que mediante esta ley se fomentaría la integración de estas personas a la sociedad”, añade.

La aplicación de esta multa de 100 dólares o la denegación de ingreso a Costa Rica, provocaría un retroceso de la institucionalidad de este país y eventual violación a los derechos humanos de los migrantes, según Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM).

“La excitativa es que el Estado costarricense revise con suma urgencia acciones de carácter administrativo que pueden violentar derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas (…). Hay actores de la sociedad civil preocupados en la institucionalidad”, opinó Fonseca.

Una de las preocupaciones de Fonseca es que el cobro será retroactivo. Es decir, las personas extranjeras que al momento de salir de Costa Rica tengan acumulados varios años de irregularidad desde el 2010,  se exponen a pagar miles de dólares en multas o el impedimento de entrada a este país durante muchos años.

Están expuestos a las multas turistas, migrantes trabajadores que entran con visas de turistas, extranjeros en tránsito, residentes o con condiciones especiales como permisos de trabajo y otros.

“Las poblaciones migrantes trabajadoras (entre ellas miles de nicaragüenses) que están buscando su sustento en el país, que no es que no han querido documentarse sino que existe en el país una normativa migratoria prohibitiva para regularizarse, son las más vulnerables a estas sanciones”, expuso Fonseca.

La directora del SJM dice que las autoridades migratorias establecen algunos mecanismos de cobros, pero no las excepciones a personas extranjeras vulnerables como lo contempla la ley, lo cual es un vacío aumentado por la falta de información oficial.

Gustavo Gatica, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), dice que hay mucha preocupación entre la población migrante.

“Eso va tener repercusiones inmediatas como temor e incertidumbre en personas migrantes, va dar lugar a que las personas tenga que estarse ocultando para estar trabajando, lo que va beneficiar a una cantidad de empleadores que se ven favorecidos con la contratación de mano de obra no documentada a la que le pueden pagar lo que le dé la gana, debajo de salarios mínimos, sabiendo que esas personas deben estarse escondiendo para no pagar las multas”, expuso Gatica.

“Esta decisión va provocar una legión de perdedores, de personas trabajadores honradas, de diversas nacionalidades que están trabajando en este país, que van a tener que esconderse”, añadió Gatica.

Para Gatica, “estas multas es un retroceso al reconocimiento al aporte que hacen las personas migrantes al país, además es una práctica que se convierte en retroceso en la medida que expulsa a las personas a estar ahí en las tinieblas, moviéndose en la penumbra de forma tal que no las detecten”.

Por su parte, Fonseca considera que medidas administrativas como esta multa, desatará caos fronterizo porque alentará la migración irregular, agudizará la incertidumbre de migrantes en situación numerable, activará probablemente redes de coyotaje, disparará la mala información y documentos falsos.

Tanto Gatica como Fonseca coinciden en que Costa Rica, en colaboración de organismos de la sociedad civil, debe buscar alternativas para no aplicar este cobro, aunque el trasfondo del problema debería solucionarse con una reforma a la ley migratoria que valida esta multa y encarece los trámites de regularización migratoria.

Ir a la nota fuente