PGR obstruye que niños salvadoreños emigren legalmente a EUA

Roxana Castillo paró su automóvil al ver que el número de teléfono que la llamaba está registrado en El Salvador. Cuenta que aunque hace tiempo vive en Estados Unidos todavía le cuesta manejar, pero no dudó en parar y hacerse a un lado de la calle porque este día espera una importante llamada de El Salvador.

Esa llamada le dirá si sus tres hijos podrán al fin reunirse con ella en Estados Unidos,  donde solicitó desde hace un año que fueran admitidos bajo la calidad de refugiados por el programa de Menores Centroamericanos (CAM).

Desde diciembre del año pasado los menores tienen la aprobación del Gobierno de Estados Unidos para ingresar legalmente, pero esto no ha sido posible porque uno de ellos es menor de edad y no se ha ubicado a su padre biológico.

Por este motivo el abogado de Castillo contactó a la Procuraduría General de la Republica (PGR) para que emitan la autorización de salida del menor del país desde hace cuatro semanas.

La PGR aún no emite la carta de autorización y, según denuncia el Instituto Internacional en Los Ángeles, la entidad salvadoreña ha cambiado el porqué en varias ocasiones.

“Deben especificar una fecha de salida porque solamente para esa fecha le otorgarán el permiso de salida”, “Su pasaporte no tiene ‘la visa’ de Estados Unidos para poder ingresar”, “La carta que muestra la aprobación de su caso, el nombre del menor está escrito a mano y eso cualquier persona lo puede hacer”, “La trabajadora que comenzó a revisar su caso –y que no dicen el nombre de esta persona- escribió en el informe que la oficina de OIM no existe en El Salvador”, entre otros.

El proceso de CAM se inicia cuando uno de los padres que es residente legal presenta esta solicitud a una oficina autorizada por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado (que maneja CAM). En el caso de Castillo, la solicitud fue presentada al Instituto Internacional de Los Ángeles.

“Esto ha pasado de mano a mano y nadie lo resuelve, no sé si por eso podrían perder el permiso”, dijo Castillo en una llamada telefónica y además dijo que su familia proviene de uno de los municipios más peligrosos de Quezaltepeque. “Mis hijos tienen que pagar (a pandilleros) para pasar por ciertos lugares, qué tal si un día no andan una moneda”, dijo.

Los menores ya han cumplido con todos los requisitos que solicita Estados Unidos, presentaron pruebas de ADN y se fueron entrevistados varias veces, además han cumplido con quedarse en El Salvador durante el proceso y han comprobado que viven en una zona que pone en riesgo su integridad.

Este día esperan que la PGR al fin emita una resolución.

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