Peligra vida de protectores de migrantes

Al hacer visible la grave situación por la que atraviesan los transmigrantes en nuestro país, voluntarios y trabajadores de refugios se han convertido en blanco de las organizaciones delictivas que amedrentan, hostigan, cobran cuotas y hasta asesinan a los extranjeros en su camino por territorio nacional.

“Es sumamente preocupante, de mucho riesgo, es uno de los trabajos más peligrosos en el país, ya que las personas defensoras han sufrido constantes ataques, amen azas y obviamente están en la mira del crimen organizado y de autoridades coludidas”, afirmó Stephanie Erin Brewer, Coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La falta de garantías para su seguridad personal con la que diariamente conviven migrantes y defensores, se hizo nuevamente evidente con la denuncia del ataque que sufrieron migrantes que se transportaban en el lomo del tren conocido como “La Bestia”, a la altura del municipio de Cosoloacaque, Veracruz.

Fray David Hernández Tovilla, director del albergue para migrantes de Coatzacoalcos, Veracruz, diariamente vive las mismas condiciones de inseguridad y vulnerabilidad que las personas que pretende proteger.

“La situación de riesgo se vive con la delincuencia organizada, sobre todo los migrantes son los famosos “pollitos” con los cuales lucran y creo que por ahora es su minita de oro”, relató en entrevista con SinEmbargo. 

El religioso describió que hasta el momento, ni él, ni las aproximadamente 80 personas que laboran en el albergue, han sido agredidos. No obstante, sicológicamente viven una situación de inseguridad ya que no existe garantía de que su relativa seguridad permanezca intacta por siempre.

“También nosotros que integramos el albergue, sí nos sentimos un poco temerosos por las represalias que podrían haber, porque como nosotros estamos con ellos, defendemos sus derechos humanos, monitoreamos contantemente la situación que están viviendo, acompañamos a los hospitalizados”, apuntó fray David Hernández Tovilla.

“Desde octubre hemos estado denunciando, sobre todo las bandas que están operando desde Tenosique, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Estado de México. Denuncias interpuestas ante las procuradurías de los estados, y las delegaciones estatales de la PGR”, detalló la hermana.

Ante las amenazas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno mexicano aplicar medidas cautelares para proteger la vida de defensores de derechos humanos, algunos que se han beneficiado de estas medidas cautelares son Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila; el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; y fray Tomás González, director del refugio de migrantes “La 72”, principal denunciante del acoso sufrido por migrantes, el pasado el 1 de mayo sobre “La Bestia”.

Los defensores de derechos humanos no solo enfrentan el acoso del crimen organizado, también observan la criminalización de su labor, por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, fray Tomás González enfrenta cinco denuncias ante la Procuraduría General de la República por tráfico de personas, obstrucción de la autoridad y difamación.

La acusación por obstrucción de la autoridad fue consecuencia de que fray Tomás tomó fotografías de un operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración, en donde los servidores públicos utilizaron de forma indebida un bastón eléctrico.

Además del hostigamiento, los representantes de las organizaciones no gubernamentales enfrentan la indiferencia de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobernación.

“Desde el año pasado nosotros intentamos hacer un trabajo sistémico con el gobierno, para que las medidas de protección, de prevención, de procuración de justicia, se realizarán y el trabajo está estancado, apenas en este año, en lo que va de febrero a la fecha, gracias a la presión que han hecho las organizaciones de la sociedad civil al área de derechos humanos de Gobernación, empezaron a poner algunas medidas para proteger a Fray Tomás”, detalló la hermana Leticia Gutiérrez. 

Las medidas de protección a las que se refirió la misionera, tienen que ver con la colocación de mallas metálicas para delimitar los albergues, instalación de cámaras de seguridad, alumbrado eléctrico y líneas telefónicas.

En la Ciudad de México, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, precisó que más allá de las medidas de protección, los defensores de derechos humanos requieren que las autoridades frenen la impunidad de la que gozan criminales y servidores público coludidos con la delincuencia.

“Un componente fundamental -en este y otros ataques de defensores de migrantes-, es la investigación, porque sin investigar y sin detener a las personas responsables, no hay manera de eliminar la amenaza, y entonces, si solamente el Estado pone patrullas, cámaras u otras medidas de infraestructura, es una solución a medias porque no está eliminando la raíz del problema”, puntualizó.

Para garantizar su vida, religiosos, voluntarios e integrantes de organizaciones civiles sólo tiene una petición, más allá de que se les otorgue seguridad personal, quieren que no haya violencia, ni secuestros, ni extorsión contra los migrantes. De esta manera, dicen, no necesitarán protección adicional.

“Que nos brinden no solamente protección a nosotros que trabajamos allí, sino también a los hermanos migrantes, que ellos también se sientan seguros a transitar por el estado de Veracruz, y principalmente por la zona de Coatzacoalcos, que es una zona bastante insegura”, sostuvo fray David Hernández Tovilla, director del albergue para migrantes de Coatzacoalcos, Veracruz.

Ante la grave situación de riesgo en que viven diariamente migrantes y protectores, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados anunció que realizará visitas sorpresa a las estaciones migratorias, a fin de tener un diagnóstico adecuado de la problemática y colaborar en el diseño de estrategias y soluciones.

“Ustedes comprenderán que no adelantaremos las fechas porque lo que queremos, no es que se maquille, lo que queremos es constatar las condiciones en las que actúan las autoridades de los tres órdenes de gobierno -municipales, estatales y federal-, para garantizar la integridad de los migrantes”, informó la Diputada perredista Amalia García, presidenta de esta comisión legislativa.

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