Para deportar a 70 indocumentados, tarda juez de Arizona sólo 30 minutos.

“Mi récord es de 30 minutos”, comentó una tarde el juez Bernardo P. Velasco de la Corte Federal de Distrito de este lugar, describiendo la velocidad con la que selló el destino de 70 migrantes que fueron atrapados al tratar de ingresar al país.

Cada uno de los acusados tuvo 25 segundos, aproximadamente, para escuchar los cargos en su contra, hacer una declaración de culpabilidad y recibir la sentencia. Esto forma parte de la batalla en contra de la inmigración ilegal de la que muchos estadounidenses nunca se han dado cuenta.

Conocida como Operación Streamline, es la base de un programa federal que opera en tres estados fronterizos, utilizando la acusación y el encarcelamiento como un freno para las personas que tratan de cruzar ilegalmente la frontera. Forma parte de una estrategia más amplia de crecientes consecuencias para las personas que no acatan las leyes de inmigración.

A diferencia de las cortes civiles de inmigración diseminadas por todo el país, en donde los casos de deportación son manejados como violaciones del Código Administrativo del país, las cortes en donde se aplica la Operación Streamline tratan a los inmigrantes no autorizados como criminales y el acto de cruzar ilegalmente la frontera como un delito federal.

A hombres y mujeres que son arrestados a lo largo de la frontera, les colocan cadenas alrededor de sus tobillos y muñecas que tintinean cuando se mueven, cuando son reunidos para que respondan a los mismos cargos –la entrada ilegal es un delito menor y volver a reingresar ilegalmente al país es una felonía.

No han tenido la oportunidad de bañarse desde que trataron de cruzar por el desierto, la corte huele a ropa sudada dejada por días en una bolsa de plástico. Unos al lado de otros en grupos de siete de manera consistente se declaran culpables de un cargo menor, que les evita pasar un mayor tiempo detrás de las rejas. Usualmente, el cargo por inmigración es su única ofensa.

“Tan horrible como algunas personas piensan que es, así es la negociación para los acusados”, comentó el juez Velasco en una entrevista que otorgó. “Lo que hacemos es constitucional, eso satisface el proceso. Tal vez no se vea bien pero representa todo lo que la ley requiere”.

Sin embargo, las deportaciones masivas han dado lugar a acusaciones de que la justicia es una línea de ensamble. El programa empezó en la presidencia de George W. Bush, aunque ha crecido bajo el presidente Obama, dejando de manifiesto la manera agresiva con la que su gobierno ha procesado las deportaciones, que llegaron a 1.9 millones en el mes de diciembre, un récord para un presidente estadounidense.

En Tucson, el proceso empieza a la 1:30 p.m. de lunes a viernes, excepto durante los días festivos federales, y termina cuando el juez que preside – hay uno diferente cada semana– conoce los casos de todos los acusados, un máximo de 70 debido a que es el número que pueden albergar las celdas de la corte.  Si el juez Velasco es el más rápido, el juez Charles R. Pyle es conocido por ser el que emplea más tiempo –dos horas y 35 minutos para los 70 acusados que hubo la semana pasada.

“Básicamente se trata de reunir los requisitos mínimos para no violar sus derechos”, comentó en una entrevista Saúl M. Huerta, un abogado contratado por el gobierno para que represente a los migrantes y que gana 110 dólares la hora.

Las sentencias oscilan desde los 30 días a los seis meses y son purgadas en prisiones federales, cárceles del condado y centros privados de detención que operan bajo contrato con el gobierno. Separar a los migrantes de sus familias y la posibilidad de conseguir trabajo para mantenerlos es una parte de la sanción y otra es que los motiva para que no traten de regresar. Una sentencia por volver a reingresar ilegalmente conlleva un máximo de dos años en prisión, pero puede ser hasta de 20 años si el migrante ha sido deportado anteriormente y tiene una acusación de felonía agravada.

Ahora que el presidente de la Cámara, John A. Boehner, pronosticó que no habrá una reforma de inmigración en este año, es muy probable que la Operación Streamline siga teniendo un rol central en la estrategia que tiene el gobierno federal para aplicar la ley en la frontera.

La propuesta de ley integral que fue aprobada por el Senado el pasado mes de junio, hizo un llamado para triplicar el tamaño del programa en el Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, en donde empezó en el 2008 con 70 hasta llegar a 210 migrantes al día, aún cuando su efectividad ha sido difícil de demostrar.

En sus primeros años, el programa de este lugar ha incluido a migrantes que fueron atrapados cruzando la frontera por primera vez, casi todos los que fueron procesados de acuerdo al programa es un ofensor reincidente.  Para los migrantes, el consuelo viene en forma de palmada en la espalda o un apretón en el hombro de sus abogados, quienes luego usan un gel para desinfectarse las manos de una de las docenas de botellas que están visibles en la corte.

La semana pasada, en un comedor de beneficencia en Nogales, México, en donde los migrantes deportados se reúnen para desayunar, Efraín Alejandro, de 32 años de edad, quien acababa de purgar su segunda sentencia en dos años bajo la Operación Streamline, estaba planeando su regreso.

“Ya no me queda familia en México”, comentó Alejandro, describiendo su entrega voluntaria a los agentes de la Patrulla Fronteriza después de haber estado perdido tres días en el desierto, al ser abandonado por el contrabandista que había guiado al grupo. “No hay otra opción para mí”.

Un análisis que fue dado a conocer en mayo por el Servicio de Investigación Congresista encontró que el índice de reincidencia entre los migrantes deportados bajo la Operación Streamline en el año fiscal del 2012 fue del 10 por ciento, comparada con una tasa del 27 por ciento para los migrantes que estuvieron de acuerdo en regresar voluntariamente a su país, evitando ser procesados.

El año anterior, los índices de reincidencia de ambos programas de deportación fue del 12 y 29 por ciento, de acuerdo al análisis, que está basado en las huellas dactilares recopiladas de los migrantes que han sido aprehendidos en la frontera.

“Ésta es la evidencia más severa que tenemos que sugiere que la Operación Streamline tiene un efecto más disuasorio que subir a las personas a un autobús y enviarlas de regreso a México”, comentó Edward Alden, miembro de alta jerarquía del Consejo de Relaciones Extranjeras, quien ha estudiado los efectos de la aplicación de la ley de migración en la frontera.

Sin embargo, Alden advirtió: “¿Qué tan fuerte es? Es imposible decirlo en este punto”.  El problema, dijo, es la cantidad limitada de estadísticas que el gobierno federal tiene disponible.

Aproximadamente 209 mil personas fueron procesadas bajo la Operación Streamline del 2005, cuando empezó a aplicarse el programa en Del Río, Texas, hasta el final del año fiscal 2012, representando aproximadamente el 45 por ciento de las 463 mil acusaciones relacionadas con la inmigración que se llevaron a cabo por la Patrulla Fronteriza en los distritos del suroeste, según encontró el análisis.

Durante ese tiempo, las aprehensiones realizadas a lo largo de la frontera cayeron en un 61 por ciento, y la proporción de migrantes deportados a través de algún tipo de programa en la corte, como el Streamline, aumentaron a un 86 por ciento, en comparación con el 23 por ciento en el 2005.

Aumentar el número de acusaciones es “una respuesta estándar en cuanto a la aplicación de la ley si existe preocupación de que no se está acatando y las medidas actuales no están funcionando”, comentó David A. Martin, profesor de Derecho de la Universidad de Virginia y ex asesor general del Departamento de Seguridad Interna que fue parte del impulso del gobierno de Obama para cambiar las prioridades de la deportación.

Como resultado, “el volver a reingresar al país ilegalmente” está catalogada como la acusación más importante respecto a la inmigración en las cortes federales de distrito en los últimos cinco años, de acuerdo a las estadísticas compiladas por Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de investigación de la Universidad Syracuse.

En Tucson, 73 mil 900 personas fueron procesadas bajo la Operación Streamline del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, según muestran las estadísticas del Consulado Mexicano de este lugar.  Por su parte, la Patrulla Fronteriza, que da a conocer las estadísticas del año fiscal, arrestó aproximadamente a 818 mil migrantes en el Sector Tucson, del 1 de octubre del 2008 al 30 de septiembre del 2013.

Ricardo Pineda Albarrán, cónsul mexicano de este lugar, envía una persona a la corte diariamente para darle seguimiento al destino de los acusados, mayormente hombres mexicanos, y cuenta con hasta 10 empleados para mantener informadas a sus familias, en donde se encuentren. “Respetamos el proceso, Estados Unidos es un país soberano”, comentó Albarrán en español.

“Sin embargo, comprimir a minutos o segundos la decisión sobre el futuro de alguien, cuando las circunstancias de cada caso son tan diferentes, tiene un devastador impacto social y humano”.

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