Otro obstáculo logístico para solicitantes de asilo

Gran número de solicitantes de asilo a Estados Unidos que regresaron a Tijuana para esperar por sus trámites judiciales, podrían enfrentar esas audiencias sin abogados a causa de una política reciente en la administración de Trump.

Semanas después de que agentes estadounidenses comenzaran a devolver a ciertos solicitantes de asilo, los abogados todavía intentan averiguar si se les permite ejercer en Tijuana y si sus organizaciones tienen los recursos necesarios para enviar personal al otro lado de la frontera.

Decenas de personas, incluidos niños con sus familias, han sido devueltas, según agentes de inmigración mexicanos.

Mientras tanto, las primeras audiencias para retornados están a un mes de distancia.

Deben reunirse de inmediato para que los abogados tengan tiempo de prepararse, comentó Carmen Chávez, directora ejecutiva de Casa Cornelia, una organización sin fines de lucro en San Diego que brinda representación legal gratuita en dichos casos.

Su organización se enfoca en ayudar a los más vulnerables a lidiar con el sistema, como niños no acompañados.

A ella le gustaría que los abogados de Casa Cornelia puedan ayudar a las personas que regresaron a Tijuana con el programa “Remain in Mexico”, pero afirma que aún hay obstáculos logísticos para superar antes de que eso sea posible.

Ella criticó a los funcionarios de Estados Unidos por implementar la nueva política sin infraestructura para garantizar acceso a la representación legal.

“Lo único que sé es que tanto las personas en Tijuana, como los que quieren ayudarlos, enfrentan desafíos insuperables”, agregó Chávez.

Pensó en si los abogados con licencia en Estados Unidos tienen permitido ejercer en México, donde podrían reunirse de forma confidencial con sus clientes en Tijuana y si su seguro de mala praxis cubriría el trabajo que hicieron en la frontera. También imaginó cuánto tiempo perdería el personal al cruzar entre países.

Los casos de asilo para personas que ya están presentes en los Estados Unidos toman entre 100 y 200 horas de trabajo, dijo. Agregar el viaje a otro país usaría aún más recursos de personal por caso.

También se preguntó cómo los solicitantes podrían incluso comunicarse con la oficina de la organización.

Los retornados reciben folletos con listas de abogados de inmigración pro bono en California, pero a Chávez le preocupa que no tengan acceso a un teléfono que pueda llamar al número de la oficina en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas sobre el acceso a un abogado para aquellos que regresaron bajo el nuevo programa.

“De acuerdo con la ley, los extranjeros en procedimientos de deportación pueden utilizar la asesoría de su elección sin costo para el gobierno estadounidense”, se lee en información en línea del departamento sobre el programa.

“Extranjeros sujetos a MPP (Protocolos de Protección de Migración) tendrán el mismo derecho y se les proporcionará una lista de proveedores de servicios legales en el área que ofrecen servicios con poco o ningún costo para el migrante”.

Leah Chavarria, abogada de inmigración del Servicio Familiar Judío, otro grupo pro bono en la lista que se brinda a quienes asistirán a corte de inmigración en San Diego, mencionó que la organización ha intentado determinar qué capacidad de personal, si corresponde, se debe enviar a través de la frontera.

Estimó que si podían resolver todas las otras preocupaciones logísticas, como tener permisos de trabajo en México, el Servicio Familiar Judío podría como máximo, tomar cinco casos a la vez entre los retornados.

Si los abogados agilizan su programa de voluntarios, la organización podría tomar más casos, añadió.

“Es una presión muy grande en cuestión de recursos porque si enviamos a un representante a México, tomará todo el día tener una reunión con un solo cliente para problemas logísticos”, explicó Chavarría.

No tener un abogado puede hacer una gran diferencia en el resultado de un caso de corte de inmigración.

De acuerdo con los datos de Transactional Records Access Clearinghouse de Syracuse University, entre octubre de 2000 y noviembre de 2018, alrededor del 82 por ciento de las personas en la corte de inmigración que no tenían abogados, fueron ordenadas a ser deportadas o abandonar sus casos. En contraste, de los que tenían abogados, solo el 31 por ciento tuvo los mismos resultados.

Según el mismo dato, en ese mismo período, alrededor del 53 por ciento de los que se enfrentaban a la corte de inmigración no tenían abogados. Entre los detenidos en centros de inmigrantes (que también presentan desafíos logísticos para los abogados que intentan representar a sus clientes), el 82 por ciento no contaba con representación legal para sus casos, según el centro de información.

Entre los detenidos y liberados mientras sus casos aún estaban pendientes, el 28 por ciento no estaba representado, y para los que nunca habían sido detenidos, alrededor del 41 por ciento no tenía abogados.

Muchos abogados creen que aquellos en Tijuana tendrán un reto mucho más difícil que los que están en centros de detención.

“Ciertamente, hay más acceso a las personas que están detenidas que a las que están en otro país”, indicó Adela Mason, directora del Proyecto de Justicia de Inmigración, que brinda orientación legal a los detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa y también está en la lista de abogados pro bono de San Diego.

Comenta que le preocupa que los solicitantes de asilo ni siquiera tengan acceso al programa de orientación legal de su grupo para obtener ayuda básica con sus casos y para comprender el sistema.

Otro grupo, “Al Otro Lado”, está tratando de proporcionar ese apoyo a los solicitantes de asilo a través de la frontera.

“Algunos abogados aseguran que intentarán tomar los casos pero no hay un plan para representar a estas personas al momento”, detalló Luis Guerra de la Red de Inmigración Católica Legal, que ha estado apoyando a Al Otro Lado.

Este grupo ofrece introducciones al sistema de inmigración con el estilo de conocer sus derechos con el apoyo de abogados voluntarios tanto en sus oficinas como en las mañanas fuera del San Ysidro Port of Entry, donde los solicitantes de asilo se reúnen para escuchar quiénes podrán ingresar a la lista de espera para pedir protección a los Estados Unidos.

“De lo que nos encargamos en este momento son de los servicios legales de inmigración en emergencia, la organización no tiene los recursos para representar a los retornados en sus casos de asilo”, señaló Guerra.

“Es realmente difícil conectarse con las personas devueltas porque tenemos que correr por todo Tijuana para encontrarlas si aún no nos conocen”, destacó Guerra.

“No podemos tener a alguien en todos los puertos de entrada las 24 horas del día, los siete días de la semana, a la espera de la devolución de las personas, es irrazonable, todo sobre esta política es irrazonable”.

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