Organizaciones revisan estrategia tras fallo sobre la Acción Ejecutiva migratoria de Obama

?La presión mencionada por Torres se dirige principalmente a la Casa Blanca para que el mandatario “detenga las deportaciones”, que en los primeros ocho meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre del 2015 al 31 de mayo) alcanzaron las 155,125, un promedio diario de 643.

El jueves el Tribunal Supremo dijo que estaba “dividido” y por tanto no tenía decisión que tomar respecto a una petición hecha por el gobierno para revisar la Acción Ejecutiva que Obama tomó el 20 de noviembre de 2014.

“Estamos revisando qué opciones legales tenemos, incluido qué jurisdicción tiene la Corte de Texas en los estados que no demandaron”, agregó el activista. “Pero queremos que paren las deportaciones deindocumentados que calificaban para DAPA.

El 16 de febrero del año pasado el juez Andrew S. Hanen (de la Corte de Distrito de Brownsville, Texas), tras una demanda entablada por 26 estados, dictó una medida cautelar que frenó dos programas clave de la Acción Ejecutiva de Obama:

• DAPA: ampara de la deportación a unos 4.2 millones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes;
• DACA Ampliado: ampara de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y que se conocen como dreamers.
• Para calificar ambos grupos debían demostrar que estaban en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecer de antecedentes criminales. 
• El “Plan B”

Mientras resuelven la manera en cómo sortear las restricciones judiciales, las organizaciones mantienen el dedo en el renglón con la mirada puesta en el martes 8 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir al sucesor de Obama y un nuevo Congreso.

“Esa elección es nuestra próxima parada”, apuntó Torres. “Seguimos registrando a miles de votantes latinos para que nuestro voto sea determinante. Eso también ayudará a parar las deportaciones. Y estamos explorando qué otras salidas legales tenemos”, dijo Torres.

Mientras resuelven la incertidumbre causada por el fallo, CASA de Maryland aconseja a la comunidad inmigrante “estar atenta, conocer sus derechos, seguir luchando e invitar a sus familiares, amigos que son ciudadanos para que se registren y se conviertan en electores”.

“Si después de Obama tenemos una presidenta y ganamos suficientes posiciones en el Senado y la Cámara de Representantes, definitivamente sí podremos tener una reforma migratoria en el 2017. Pero todo depende de nuestro voto”, dijo Torres.

Mientras llega la elección, el activista dijo que la mayor preocupación son las deportaciones, sobre todo deindocumentados que calificaban para los programas DAPA y DACA Ampliado. “Ojalá que la Administración no empiece estos ataques de terror en nuestra comunidad”, indicó Torres en referencia a las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

A mediados de 2015 cuando se volvió incierto el futuro de DAPA y DACA Ampliado, la inscripción de nuevos votantes y la participación latina en los comicios de noviembre se convirtió en el Plan B de la Acción Ejecutiva.

No hay precedente

En California todavía no se reponen del fallo. “La batalla por un alivio migratorio para 4 millones de inmigrantes indocumentados bajo los programas DAPA y DACA Ampliado la hemos perdido”, dijo a Univision Noticias Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA, por su sigla en inglés).

Cabrera agrega que la falta de decisión en el Tribunal Supremo “ensombrece el legado” del presidente Obama “y los inmigrantes seguimos en un limbo migratorio oscuro”, amenazado por la política de deportaciones.

“De todas las batallas que hemos peleado durante los pasados 30 años, ésta era una que podríamos cambiar”, reflexionó el activista. Pese ello, “el resultado de la Corte Suprema no sienta precedente, por tanto podremos regresar en un futuro no muy lejano con el mismo caso ante unos magistrados diferentes”.
El dirigente insiste en que “nuestros argumentos legales son válidos”, y reitera que si no se avanza en dirección a una reforma migratoria en el Congreso, “este alivio migratorio será una propuesta que seguiremos respaldando”. 

Solución para todos

Cabrera señala que en las batallas por venir “hay que proteger a los 11.3 millones de indocumentados y no como esta vez que sólo se hablaba de 4 o 5 millones”.

“Una reforma migratoria justa y moderna no es cosa del otro mundo. Es lo que hemos peleado por tantos años y avanzaremos propuestas específicas tan pronto llegue el nuevo o la nueva presidenta a la Casa Blanca, en enero 2017”, dijo.

Mientras llega esa fecha, “avisamos a la comunidad inmigrante que se cuide de las estafas que podrían entorpecer cualquier alivio migratorio en el futuro. Sabemos que existe desesperación y desanimo en la comunidad. Eso es entendible después de tanto luchar por algo justo. Hay que tener esperanza en nuestra fuerza política, en nuestra habilidad de organizarnos y en que la historia nos dará la razón”, precisó.

El director de comunicaciones de CHIRLA dijo además que “de aquí a noviembre nos enfocaremos exclusivamente en sacar el voto, registrar a nuevos votantes y ayudar a residentes legales que califican a hacerse ciudadanos. Y exigiremos que se detengan las deportaciones. No se debe deportar a ninguno de nosotros. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para seguir ganando terreno en las áreas en que tenemos influencia. No podemos rendirnos”.

La Raza, la principal organización hispana de Estados Unidos, dijo que en Estados Unidos hay cerca de 23 millones de ciudadanos de origen latino y de ellos 12.5 millones participaron en los comicios de 2012. En septiembre del año pasado la Casa Blanca dijo que al menos 8 millones de residentes legales permanentes, de ellos 6 millones de latinos, reunían requisitos para convertirse en ciudadanos y participar en los comicios de noviembre.

Presión a Obama

Para el movimiento Latino Advocacy en Seattle, Washington, tras el fallo de la Corte Suprema el jueves de la semana pasada la presión debe enfocarse ahora en Obama para que “frene” las deportaciones de indocumentados.

“Continuamos el trabajo local, ya que eso es lo que permite conseguir cambios políticos y sociales”, dijo a Univision Noticias Maru Mora, directora de comunicaciones de la organización. “Al mismo tiempo seguiremos empujando a Obama para que decrete una moratoria a las deportaciones”.

A comienzos de junio, ante una pregunta de Univision Noticias, ICE reconoció que el 41% de losindocumentados en los ocho primeros meses del año fiscal 2016 no tenía antecedentes criminales.

Mora también dijo que el fallo de la semana pasada “no es sobre la legalidad de la Acción Ejecutiva”, y que la decisión de no levantar las restricciones para poner en vigencia los programas que amparan de la deportación a millones de indocumentados “fue limitada por cuestiones políticas no legales”.

“Eso significa que el Presidente aún tiene la autoridad legal y moral de demostrar que su Acción Ejecutiva fue echa de buena voluntad”, apuntó la activista. “Pero seguimos trabajando para que todas las personas se queden en el país y terminen las detenciones y deportaciones, en absoluto. Y para alejar la presencia de agentes federales de ICE de nuestras ciudades”, apuntó.

Mora también dijo que la comunidad inmigrante “no debe tener miedo” y que la respuesta a la utilización política de los inmigrantes “se debe transformar en acción directa como alejar a la migra o firmar peticiones para que Obama pare las redadas”.

“No nos damos por vencidos”

En Colorado tampoco se quedan de brazos cruzados. “No nos damos por vencidos”, dijo a Univision Noticias Esmeralda Domínguez, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC, por su sigla en inglés). “Tampoco nos quedaremos callados, seguiremos luchando por una reforma migratoriaamplia”.

“Vamos a movilizar a la comunidad inmigrante legal para votar y elegir congresistas que reflejen nuestros valores y pongan a la comunidad inmigrante en su agenda”, agregó. “Nuestros planes son seguir informando a la comunidad con talleres para que conozcan sus derechos en caso que las redadas sigan”, añadió.

Domínguez dijo que el voto de noviembre “será determinante” y que la voz de la comunidad inmigrante “debe ser reconocida porque somos la fuerza laboral más grande. Somos muchos, y si nos quedamos callados estaremos aceptando las injusticias”.

“Aunque sabemos que no habrá reforma migratoria por ahora, sabemos que siguen las platicas y planeaciones a puertas cerradas sobre varios programas a corto y largo plazo, sobre todo en la Administración”, dijo la activista. “Pero el temor de las redadas y las deportaciones es verdadero y siempre están presentes en la vida diaria de la comunidad, incluyendo mi propia familia”, anotó.

El 27 de junio de 2013 el Senado aprobó un plan bipartidista de reforma migratoria que incluía un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados. El proyecto, sin embargo, se estancó en la Cámara de Representantes y obligó a Obama, 18 meses más tarde, a tomar Acción Ejecutiva para detener deportaciones.

Los 26 estados que demandaron la medida argumentaron que Obama abusó de su poder ejecutivo y que las leyes solo pueden ser modificadas o cambiadas por el Congreso.

La Casa Blanca insiste en que el presidente actuó en apego de sus facultades ejecutivas garantizadas por la Constitución.

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