Organizaciones en Nueva York demandan la nueva regla de carga pública de Trump

Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Nueva York se sumó a la demanda que entablaron estados y el Distrito de Columbia (DC), en contra de la nueva regla de Carga Pública del gobierno de Donald Trump que busca dificultar la residencia legal permanente, afectar los ajustes de estatus y entorpecer las solicitudes de visas.

“Nosotros, junto con @LegalAidNYC, @theCCR y organizaciones aliadas, estamos demandando al gobierno de Trump por el ataque #PublicCharge en nuestras comunidades”, dijo Make the Road New York (Haciendo Camino Nueva York) en su cuenta de la red social Twitter. “La nueva regla tendría un impacto escalofriante en potencialmente millones de familias aquí NYC si entra en vigor el 15 de octubre”, agregó.

En similares términos se pronunció el grupo The Legal Aid Society de Nueva York. “Hemos presentado una demanda desafiando la regla #PublicCharge de la Administración Trump para ayudar a garantizar que nuestros clientes y todos los inmigrantes neoyorquinos puedan continuar accediendo a los programas de asistencia pública que ellos y sus familias necesitan para prosperar”, escribió en Twitter.

Las organizaciones, que brindan servicios y asistencia a inmigrantes en Nueva York, presentaron un recurso en una corte federal contra el gobierno por su nueva política de “carga pública”, argumentando que la misma busca crear un país solo “para blancos y ricos”.

La nueva regla fue anunciada el 13 de agosto. Tras conocerse los detalles de la medida, que forma parte de la política migratoria de tolerancia cero de Trump, abogados dijeron que se trata de un “ataque” a los inmigrantes con papeles en regla, el primero a gran escala del gobierno desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

La nueva disposición, que entraría en vigor a mediados de octubre luego de un período de 60 días de comentario público, no solo afectará a los inmigrantes futuros, sino que pone trabas a la inmigración legal al momento de ajustar sus estatus a residentes legales permanentes (green card) .

De acuerdo con la política anunciada, los inmigrantes legales que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación en caso de que soliciten un cambio de estatus y les nieguen la solicitud bajo amenaza de coinvertirse en una carga para el estado.

El reglamento fue publicado por primera vez en octubre del año pasado en el registro federal para permitir, durante un periodo de 60 días, recibir comentario público. Pero debido a cambios y agregados en los meses siguientes, la regla final ha vuelto a ser publicada con un segundo periodo de comentados de 60 días, al término de los cuales entrará en vigor.

Las organizaciones demandantes dijeron el martes que el recurso legal “desafía la imprudente nueva regla de la carga pública de la Administración Trump”. Se trata de medida “racista”, dijo Arline Cruz, gerente de programas de Make Road New York.

Cruz dijo además que “pedimos a la corte que todos los inmigrantes sean tratados con respeto y dignidad”, de auerdo con un reporte de la agencia Efe.

El grupo lo integran además organizaciones religiosas y el African Services Committee.

La demanda de las ONGs de Nueva York se suma a otra demanda presentada el 14 de agosto por los condados de San Francisco y Santa Clara, California, quienes alegan que los cambios sugeridos por el gobierno de Trump empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y tendrán un impacto financiero.

Los demandantes también consideran que la nueva norma “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley”.

“Facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades”, dijo Dennis Herrera, fiscal de San Francisco, en un comunicado. “Esta regla obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”, agregó.

Una de las preguntas de mayor preocupación surgidas tras el anuncio del nuevo reglamento, se relaciona con los rechazos a una petición de ajuste de estatus o negación de visa.

“Cualquier persona que le nieguen su proceso migratorio y no tenga status legal, esta sujeto a enfrentar un juicio de deportación”, respondió José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si ese es el caso, el inmigrante no podrá apelar bajo el amparo de la Ley de Inmigración” (8 CFR 245.2(a)(5)(ii)), agregó.

Guerrero dijo además que “la Oficina Administrativa de Apelaciones (BIA) no tiene jurisdicción para revisar estos casos”.

A la pregunta respecto a qué opciones tiene la persona si le niegan su proceso migratorio basado en la ley de carga pública, Guerrero dijo que “el inmigrante puede hacer una moción de reconsideración argumentando que la decisión es incorrecta basada en la ley”.

También puede presentar “una moción de reapertura sometiendo nueva evidencia que la persona sí califica para el beneficio migratorio solicitado, ya sea un cambio de estatus y una ampliación del plazo de una visa”, apuntó.

Las organizaciones demandantes confían en que los tribunales detendrán la medida mientras revisan la totalidad de los recursos que ponen en duda la legalidad del nuevo reglamento.

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