Orden judicial permite a migrantes detenidos comunicarse con abogados

Un parte de victoria se anotaron los defensores de inmigrantes al conocer de una importante decisión judicial que traerá alivio a indocumentados en una cárcel de ICE en California.

Un juez federal ordenó hoy que a los inmigrantes detenidos en la cárcel para inmigrantes en Victorville, al noreste de Los Ángeles, se les permita comunicarse con sus abogados, lo cual era el motivo de una demanda entablada por ACLU.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó el pasado martes una demanda de emergencia en la que denunció que los inmigrantes detenido en el Complejo de Corrección Federal de Victorville estaban incomunicados y no se le permitía acceso a sus abogados.

La demanda, presentada en nombre de tres afectados, advertía que ello implicaba que no se respeten los derechos al debido proceso, amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución.

El fallo del juez Otis Wright II, del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, ordena al Gobierno a brindar a los detenidos acceso a su defensa legal dado que “sufrirán un daño irreparable” si no se les impide hablar con sus abogados.

Entre los demandantes figura el inmigrante venezolano Gustavo Rodríguez Castillo y su abogada Gabriela López, quién a pesar de numerosos intentos no ha podido comunicarse con su cliente desde el pasado 30 de mayo.

La orden del magistrado especifica que las autoridades deben permitir a López reunirse con su cliente por teléfono o en persona.

El juez ordenó también suspender los procesos judiciales de los inmigrantes, incluidas las deportaciones, hasta que se permita a los abogados del Centro de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes (IMM Def), otro de los demandantes, dar capacitación a los detenidos sobre sus derechos.

“Esta decisión pone fin a la práctica vergonzosa y abiertamente inconstitucional de la Administración Trump de encarcelar a los inmigrantes en régimen de incomunicación”, señaló Michael Kaufman en declaraciones recogidas en un comunicado de prensa de ACLU.

Debido a la falta de espacio en los centros de detención para inmigrantes, el Gobierno decidió transferir 1.600 indocumentados a prisiones federales, entre ellas la cárcel de Victorville que recibirá más de un millar de estos detenidos.

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