Optimismo cauteloso sobre acuerdo que reabre casos de asilo de al menos mil padres separados en la frontera

Activistas de la comunidad inmigrante celebraron este jueves un acuerdo con la Administración Trump que dará un “balón de oxígeno” a ciertos padres separados de sus hijos en la frontera sur y que perdieron sus casos de asilo, aunque persisten dudas sobre la implementación del pacto.

El acuerdo de 7 páginas, que fue adelantado a un grupo selecto de medios, incluyendo este diario, permitirá que al menos mil padres que fueron separados de sus hijos y no pasaron la fase de “miedo creíble” puedan reabrir sus casos y presentar nuevas pruebas y testimonios.

Es fruto de las negociaciones en el caso “Dora v. Sessions”, al que la Administración decidió sumar otras dos demandas colectivas que impugnaron la política de “tolerancia cero” y la separación de familias, “Ms. L v. ICE” y “M.M.M v. Sessions”, respectivamente.

El acuerdo debe ser aprobado por el juez federal en San Diego (California), Dana Sabraw, pero establece los parámetros para las familias puedan defender sus casos de asilo en los tribunales.

Eso, según activistas consultados por este diario, podría beneficiar a un universo de entre mil y hasta 3,000 padres que no pasaron la entrevista de “miedo creíble” por falta de preparación, confusión sobre el trámite, o porque su prioridad, al ser separados de sus hijos, era averiguar su paradero y lograr la reunificación.

El documento previsiblemente no incluye a padres que fueron deportados –el gobierno no se compromete a facilitar su regreso a EEUU sino a tratarlos “caso por caso”- ni a aquellos con antecedentes criminales.

“Esto es una admisión del gobierno de que se equivocó con estas familias.  Es muy importante que ahora tendrán el derecho a representación legal ¿Es un acuerdo perfecto? Ninguno lo es”, dijo a este diario David Leopold, un abogado de Inmigración en Ohio.

No está claro, por ejemplo, cómo será el proceso para identificar y ayudar a los padres que ya fueron deportados y que, caso por caso, podrían regresar al país.

“Seguimos en una situación en la que habrá familias que jamás serán reunificadas y eso es criminal y alguien (en el gobierno) debe ser enjuiciado por ello… toca vigilar que se cumpla el acuerdo”, afirmó Leopold.

Es apenas el comienzo de un largo camino hacia la defensa legal de padres que huyeron de la violencia en Centroamérica pero que, en vez de protección, encontraron un ambiente hostil y de criminalización de los cruces ilegales.

Así, grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) se sumaron hoy a la celebración del acuerdo.

“El acuerdo ahora finalmente dará a los padres una oportunidad significativa para buscar asilo con sus hijos. Igual de crítico, deja abierta la posibilidad de algunos padres deportados sin sus hijos puedan regresar a EEUU”, dijo Lee Gelernt, un abogado de ACLU, que ha impugnado la política de separación de familias.

Los grupos que habían demandado al gobierno por los casos de asilo rechazados lograron el acuerdo con la Administración en cuestión de unas tres semanas, argumentado sobre todo que el trauma psicológico de los padres fue tal que no tenían cabeza para defender sus casos.

De acuerdo con el documento, los padres que con esta segunda oportunidad pasen la entrevista del “miedo creíble” a la persecución, no serían procesados para la deportación inmediata.

Una vez aprobado el acuerdo, comenzará la ingente labor de identificar y contactar a los padres que podrían beneficiarse y tramitar su representación legal, Simón Sandoval Moshenberg, un director legal del “Legal Aid Justice Center” (LAJC), en Virginia, uno de los grupos demandantes.

El universo de posibles beneficiarios, según Sandoval, podría ascender a cerca de 3,000, porque el acuerdo combinó las tres demandas colectivas.

Algunos padres siguen detenidos con sus hijos en zonas remotas en Texas y otros fueron puestos en libertad en diversas partes del país, y por ahora no hay un cronograma establecido para contactarlos.

Consultados por este diario, ni el Departamento de Justicia ni el de Seguridad Nacional quisieron hacer comentarios sobre el acuerdo.

Grupos defensores de los inmigrantes han documentado casos en los que muchos padres, bajo presión o engaños, aceptaron la deportación o cedieron su derecho a ser reunificados con sus hijos.

Por ellos, a la par del optimismo, también hay recelo sobre si la Administración Trump cumplirá su palabra, e interrogantes sobre el proceso en ciernes.

“Claro que es una gran ganancia, pero ¿Podemos confiar en que esta Administración de verdad le dará una oportunidad justa a estos inmigrntes en el proceso de asilo?“, cuestionó Kristian Ramos, activista del grupo “Define American”.

“Cuando el gobierno ha cambiado las reglas del juego y ha impuesto restricciones y trabas burocráticas en el proceso de asilo, cuando vemos que esta Administración no es amable con los refugiados o solicitantes de asilo, entonces el vaso no está lleno… hay toda una labor de educación por delante para que los inmigrantes conozcan sus derechos en tiempo real”, explicó Ramos.

Su grupo lleva a cabo la campaña ““Semana de Testimonios”, que desde el pasado 7 de septiembre realiza vigilias y sesiones de cantos de cuna para apoyar a las familias inmigrantes y exigir la reunificación de todos los niños encerrados por el gobierno.

Leopold dijo entender ese escepticismo porque, a su juicio, el gobierno ha demostrado que “nadie se puede fiar jamás” de la Administración, por lo que los activistas y grupos cívicos deberán redoblar sus esfuerzos para “exigir rendición de cuentas” y “verificar la implementación del acuerdo”.

Sabraw ha programado una audiencia para mañana para discutir el acuerdo, pero no se prevé una decisión inmediata.

En paralelo, el tribunal de Sabraw sigue lidiando con la Administración por el incumplimiento del plazo que en junio pasado dio el juez para la reunificación de todos los niños separados de sus padres entre abril y junio como parte de la política de “tolerancia cero” en la frontera sur.

Más de 400 de esos niños, de un total original de más de 2,500, siguen separados de sus padres y desplazados en los albergues a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

El congresista demócrata por Texas y primer vicepresidente del Caucus Hispano del Congreso, Joaquín Castro, dio la bienvenida al acuerdo que insufla esperanzas a al menos 1,000 solicitantes de asilo, aunque recordó que solicitar asilo es un derecho bajo las leyes internacionales.

“Aunque el daño de la separación de familias les dejará huellas psicológicas durante décadas, este es un paso en la dirección correcta. Seguiré urgiendo a la Administración a que centre sus esfuerzos en la reunificación de los más de 400 niños migrantes restantes con sus seres queridos, mientras protegemos el derecho al asilo” de los perjudicados por la política de “tolerancia cero”, afirmó Castro.

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