ONU recomienda a EU proteger derechos de inmigrantes

“Al comité le preocupa la detención obligatoria de los inmigrantes durante períodos prolongados de tiempo sin tener en cuenta cada caso individual, lo que puede plantear contradicciones en virtud del artículo 9 del Pacto”, citan las conclusiones del informe dado a conocer este jueves.

Expresó su inquietud “por el carácter obligatorio de la deportación de los extranjeros sin tener en cuenta elementos como la gravedad de los delitos y faltas cometidos”.
Además de que no toma en cuenta “la duración de la estancia legal en Estados Unidos, el estado de salud, los vínculos familiares y el destino de los cónyuges y los hijos que quedan atrás o la situación humanitaria en el país de destino”.
Además, “el Comité expresa su preocupación acerca de la exclusión de millones de inmigrantes indocumentados y sus hijos de la cobertura de la Ley de Asistencia Asequible”.
Así como “la limitada cobertura de los inmigrantes indocumentados y los inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos por menos de cinco años por Medicare y el Seguro de Salud Infantil, todo lo cual resulta en dificultades en el acceso de los inmigrantes a la atención adecuada de la salud”.
El día de hoy el comité publicó sus conclusiones y recomendaciones luego de haber revisado el informe presentado por el gobierno de Washington.
El comité recomienda al Estado Parte “que revise su política de detención obligatoria y deportación de ciertas categorías de inmigrantes con el fin de tomar medidas que garanticen que las personas afectadas tienen acceso a la representación legal”.
De igual forma, le alienta a “identificar las formas de facilitar el acceso de los inmigrantes indocumentados y los inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos por menos de cinco años y sus familias a los servicios de salud adecuados, incluidos los servicios de atención de la salud reproductiva”.
Por otra parte, le recomienda “proseguir e intensificar sus esfuerzos para hacer frente con firmeza las disparidades raciales en el sistema de justicia penal, en particular la reforma normativa y las políticas que conducen a un impacto de disparidad racial a varios niveles”.
“El Estado Parte debería velar por la aplicación retroactiva de la Ley de Sentencias Justas y reformar los estatutos de sentencias mínimas obligatorias”, valoró el comité.
Estados Unidos “debería proseguir e intensificar sus medidas para combatir eficazmente y eliminar la discriminación racial por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes federales , estatales y locales”.
Le instó a poner en marcha la revisión de las directrices de 2003 sobre el empleo de perfiles raciales y ampliar la protección contra los perfiles sobre la base de la religión , la apariencia religiosa o el origen nacional.
Le alienta a continuar con entrenamiento al personal estatal y locales encargados de hacer cumplir la ley en la conciencia cultural, la inadmisibilidad de la discriminación racial y la abolición de todas las prácticas de “parar y registrar”.
En lo que respecta a la pena de muerte, el Estado Parte debería “adoptar medidas para garantizar de manera efectiva que la pena de muerte no se imponga como consecuencia de prejuicios raciales”.
Le insta a “reforzar las salvaguardias contra la sentencia injusta a muerte y ejecuciones injustas posteriores, garantizando entre otras cosas la representación legal efectiva para los acusados casos de pena de muerte, incluso en la etapa posterior a la condena”.
Le pide “asegurar” que los estados que mantienen la pena deben proporcionar una compensación adecuada por el condenado injustamente.
De igual forma le urge garantizar que las drogas letales para las ejecuciones provengan de fuentes legales, reguladas, y sean aprobados en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y que la información sobre el origen y la composición de tales medicamentos se ponga a disposición de las personas que van a ser ejecutadas.
Recomienda al gobierno de Washington considerar el establecimiento de una moratoria sobre la pena de muerte en el ámbito federal y trabajar con los Estados que mantienen la pena con el fin de alcanzar una moratoria a nivel nacional.

Asimismo, el Comité alienta al Estado Parte, en el 25 aniversario del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte, a considerar su adhesión al Protocolo.

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