ONGs de Tlaxcala preparan reglamento para Ley Estatal de Migración

Los transmigrantes, se han convertido en botín para delincuentes y funcionarios, sufriendo robos, secuestros, torturas, tráfico y trata de personas, abusos sexuales y reclutamiento forzado, en un fenómeno que ha ido en aumento y ha sido descrito como crisis humanitaria por organizaciones alrededor del mundo.

Apegándose a la opinión consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –que establece que la condición de indocumentado de cualquier persona no puede ser nunca argumento para que alguien no tenga acceso a la justicia y a un debido proceso–, un grupo de más de 80 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de México y el resto de Latinoamérica, integradas en el Colectivo Plan Nacional de Desarrollo-Migración, impulsaron una serie de mesas de trabajo desde este lunes 7 de abril y hasta el 30 de junio de 2014, buscando crear una Ley de Migración en armonía con el respeto a los Derechos Humanos y la no discriminación.

El colectivo tendrá las reuniones durante los siguientes meses, de la mano con el poder legislativo –principalmente con la Comisión de Asuntos Migratorios– para visibilizar el tema también en la opinión pública, evidenciando la situación no sólo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y la problemática alrededor de su partida y retorno, sino sobre todo de los centroamericanos que sólo están de paso por el país.

La agenda de los encuentros, con sesiones de dos horas, abarcará el tema de los migrantes en el exterior, en retorno y sus comunidades de origen, la transmigración y el análisis de la antigua Ley de Protección a Migrantes, que fue derogada en 2013, y de la actual Ley de Protección y atención a migrantes y sus familias, aprobada en diciembre del año pasado, basándose en los ejes de Derechos Humanos, Inclusión Social y Desarrollo Integral, tanto en materia legislativa como de Derechos Humanos.

La situación de los transmigrantes es particularmente preocupante: datos recabados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registraron tan sólo de abril a septiembre de 2010 un aproximado de 11 mil migrantes secuestrados. Tlaxcala es uno de los estados donde ha aumentado notablemente el flujo de migrantes: a causa del aumento de la violencia y riesgo en las rutas “tradicionales” como Veracruz y Tamaulipas, cada vez son más los que optan por cruzar el centro del país. Y pese a la creciente presencia de centroamericanos y la existencia de un albergue para migrantes en Apizaco, paso del tren de carga conocido como “La Bestia”, el tema sigue siendo prácticamente invisible en las agendas legislativas y para la opinión pública.

Las organizaciones convocantes priorizan la necesidad de que el Estado mexicano cambie el enfoque respecto al fenómeno de la transmigración: que lo deje de ver como un asunto de seguridad nacional y que sea abordado desde los Derechos Humanos, con el ser humano en el centro.

Apelando a la Ley Federal de Migración, que establece en su reforma del 7 de junio de 2013 que “el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza”, las organizaciones buscan formar parte en el diseño y desarrollo de las políticas públicas en torno a la migración, construyendo de manera conjunta entre autoridades y sociedad civil organizada la propuesta del Reglamento de la Ley de Protección y atención a migrantes y sus familias del Estado de Tlaxcala, que será presentado el 30 de junio en el Congreso de dicha entidad.

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