ONGs acusan que el gobierno de AMLO se alineó a política migratoria de Donald Trump

“Son una falsedad las promesas que México expresó en diciembre pasado: afirmó que iba a dar tratamiento humanitario y visas de trabajo a las personas retornadas, pero las tarjetas humanitarias y los programas de trabajo son muy pocos, si se comparan con los más de 55 mil solicitantes de asilo devueltos”, deploró Madeleine Penman, investigadora en Amnistía Internacional México.

Bajo el programa “Quédate en México” –cuyo nombre formal es Protocolos de Protección a Migrantes–, las autoridades estadunidenses devolvieron a más de 22 mil solicitantes de asilo a Tijuana y Ciudad Juárez –las dos ciudades más violentas del país–, y otros 22 mil 700 llegaron a Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas, una entidad controlada en partes por grupos del crimen organizado.

“Las personas están siendo regresadas a las partes más peligrosas de México (…) el gobierno mexicano dijo en su momento que no aceptaría personas en Nuevo Laredo o en Tamaulipas en general”, recordó Penman, quien afirmó que la devolución a las ciudades tamaulipecas muestra “la presión inhumana de Estados Unidos” sobre México.

Durante el mismo lapso –de enero a mediados de octubre–, medios locales reportaron los secuestros de más de 418 personas migrantes en los estados fronterizos del norte, a los que se suman los innumerables casos de violaciones a derechos humanos no denunciadas ni reportadas, y hasta el momento, el gobierno estadunidense otorgó refugio a apenas tres de estas 55 mil personas devueltas.

De manera opaca, la Cancillería destina recursos del llamado Fondo México para pagar autobuses que trasladan personas devueltas en Nuevo Laredo hasta Ciudad Hidalgo, en la frontera entre México y Guatemala. “Cuando acercas estas personas a Tapachula, las acercas a la capital mundial de la deportación”, subrayó Penman.

Muchas de estas personas todavía tienen audiencias pendientes en tribunales de Estados Unidos, y a menudo llegan a Ciudad Hidalgo sin saber dónde están, denunció Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

“No hay información pública sobre esto: leí una nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconociendo que están pagando estos autobuses mediante el Fondo México, pero no tenemos buena documentación sobre estos traslados, y las personas no tienen información sobre lo que les pasa: bajan del autobús sin saber dónde están; la esperanza del gobierno mexicano es que se autodeporten”, denunció.

Pese a que el gobierno federal –y en particular el canciller Marcelo Ebrard Casaubón—prometió en diciembre pasado que lanzaría programas de empleo y otorgaría visas humanitarias a los solicitantes de asilo devueltos bajo el plan Quédate en México, estas palabras nunca tuvieron eco en la realidad, y en los hechos las personas devueltas se encuentran desamparadas.

José Mena, activista de la Coalición Pro Defensa del Migrante, ubicada en Tijuana –donde se implementó el MPP por primera vez–, afirmó que más del 90% de las personas devueltas no fue abordada por la autoridad y se encuentra a la deriva cuando está retornada, cuando pasa la garita de México, un país desconocido.

“Si no se logra obtener el asilo, la mayoría no tiene ningún plan de acción”, resaltó, y criticó que “el gobierno no está dando apoyo ni se está haciendo responsable (…) prometió albergues, pero quedó en el puro discurso”.

Ante la falta de documentos, las personas devueltas “no tienen posibilidad ni real ni legal” de conseguir un empleo, resaltó Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras.

La activista señaló que las autoridades estadunidenses cometen actos “inhumanos” cuando devuelven a los solicitantes; citó el caso de una mujer con ocho meses de embarazo, a la que dieron un medicamento para retrasar el parto y devolvieron a México para que no diera luz en territorio de Estados Unidos. “Es prácticamente un caso de tortura”, se indignó.

Subrayó que tanto la implementación y la reciente ampliación del programa “Quédate en México” como las medidas de contención migratoria que aplica el gobierno de López Obrador son productos de “pactos” y “acuerdos” con la administración de Trump.

“Vimos un despliegue de la Guardia Nacional, que están llevando a cabo acciones para evitar que migrantes sigan su paso para pedir asilo en Estados Unidos: se han devuelto a sus países a 94 mil personas, un 32% más que en 2018, y muchas veces violando el principio de no devolución”, abundó.

Y añadió:

“Vimos un aumento muy importante de detenciones en las 54 cárceles migratorias del país, con 144 mil detenciones este año, un 75% más en comparación con 2018; de ellas, 43 mil son niñas o niños”.

Tan pronto cuando Washington anunció la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes, el 20 de diciembre de 2018, el gobierno mexicano afirmó que se trató de una medida “unilateral” de Trump, pero informó que aceptaría a las personas devueltas bajo un principio humanitario.

A partir de ese momento, la Cancillería siempre ha insistido en el carácter unilateral de la medida; sin embargo, en meses recientes se acumularon evidencias de que el plan “Quédate en México” no fue una imposición de Trump, sino que fue producto de un acuerdo entre el equipo de Ebrard y la administración del magnate.

Sin embargo, Kuhner señaló que la Cancillería publicó un comunicado “largo y planchado” apenas 15 minutos después que la Casa Blanca anunció la puesta en marcha de ese plan, y expresó sus dudas de que la medida supuestamente unilateral tomara al gobierno mexicano de sorpresa: “Se despiertan dudas sobre el acuerdo, sobre la falta de transparencia en el diálogo entre ambos gobiernos”, resaltó.

El pasado 9 de abril, cuando un tribunal estadunidense suspendió el plan “Quédate en México” de manera temporal, la Casa Blanca publicó una declaración irritada, en la cual sostuvo que el programa era producto de “un programa de cooperación extensamente negociado” con el gobierno mexicano.

Y en el libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration publicado el mes pasado, Julie Hirschfeld Davis y Michael Shear –ambos periodistas en el New York Times–, revelaron que Ebrard cedió ante los amagos de Trump y aceptó el plan “Quédate en México” durante el periodo de transición.

De acuerdo con el libro, “los mexicanos cerraron el acuerdo, sin firmas ni documentos, con dos condiciones: la inversión de 10 mil millones de dólares para México y Centroamérica, y que el gobierno de Estados Unidos lo anunciara como una medida unilateral”, reportó Maurizio Guerrero, el colaborador de Proceso en Nueva York.

“Desde AI consideramos que esta política es totalmente ilegal, tanto bajo el derecho internacional de derechos humanos como respecto a las propias leyes de Estados Unidos”, resaltó Penman.

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