Ombudsman del migrante, un imperativo, 2da. parte

Miles de mujeres y niñas migrantes que trabajan en los campos agrícolas del norte de México y en el sector agrícola de Estados Unidos (EU) enfrentan altos índices de violencia y acoso sexual en los lugares de trabajo. Muy pocos casos se denuncian por temor a represalias o al despido en el trabajo. La situación es humillante y desesperante.

Tanto en México como en EU, los casos de violaciones a los derechos humanos proliferan y se extienden en ambos países. El Estado mexicano parece petrificado frente a esta problemática. El tema migratorio no pasa de ser parte del discurso político, sin hechos que acrediten un interés real en el tema.

Según una investigación de René Martín Zenteno de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), EU deporta cada año más mexicanos que los que emigran. En 2011 los cruces con desplazamiento hacia ese país fueron menores a los 350 mil migrantes deportados. La disminución de las corrientes migratorias en busca del sueño americano han disminuido debido a la contracción de la economía estadunidense y el endurecimiento de las política antinmigrantes, de esta manera de más de 700 mil cruces que se produjeron en 2008 bajaron a menos de 350 mil el año pasado; sin embargo, las deportaciones no se redujeron en la misma proporción: pasaron de 500 mil a 350 mil en el mismo periodo, destaca el estudio del Colef.

Según el boletín Nº 27/09 del 21 de octubre de 2009, emitido por la Secretaría de Gobernación, se afirma que de acuerdo con estudios del Consejo Nacional de Población (Conapo), 41 de 50 estados del país vecino promulgaron leyes relativas a la migración en 2008, y que en ese año, siete de cada 10 leyes promulgadas fueron de carácter restrictivo.

Dentro de un clima antinmigrante como éste, se hace cada vez más difícil para las organizaciones comunitarias defender los derechos laborales y humanos de los trabajadores indocumentados. Ante esta situación el Estado mexicano no puede ni debe claudicar, sobre todo porque una de sus funciones primordiales es garantizar la integridad de las personas y proteger a sus ciudadanos donde éstos se encuentren. Renunciar a esta tarea significa renunciar a una obligación básica de gobierno.

Es preciso crear opciones que detengan el conflicto y la intolerancia política y social imperantes. Existe también una contención abrupta del flujo migratorio mediante la aplicación de medidas drásticas, entre las que se encuentran deportaciones masivas por otra frontera muy distante a la cual ingresaron los migrantes –esto es común en el caso de los niños, quienes tiene que sobrevivir en las calles o laborar en condiciones infrahumanas y de explotación en las ciudades de la frontera–, considerarlos como criminales cuando ingresan a ese país sin documentos, privarlos de los servicios más elementales y construir un muro fronterizo, argumentando razones de seguridad nacional, acto éste diametralmente opuesto a la buena relación que debe existir entre vecinos y socios comerciales. Tal parece que en estos tiempos se trata peor a los migrantes que a los narcotraficantes.