Obama puede hacer más por los indocumentados

 

El presidente Barack Obama no puede frenar de un solo plumazo la deportación de todos los indocumentados, como piden algunos grupos cívicos, pero sí puede ampliar las medidas de alivio temporal mientras el Congreso resuelve el problema, aseguraron este martes varios expertos.

 

La inacción del Congreso sobre la reforma migratoria este año, sumado a la contínua deportación de indocumentados -más de 1,100 al día- han reanimado el debate políticosobre las obligaciones constitucionales de Obama y los límites de su autoridad ejecutiva.

 

El lunes, durante un discurso sobre inmigración en San Francisco (California), Obama fue interrumpido por el activista surcoreano Ju Hong, quien le exigió un cese a las deportaciones mediante una orden ejecutiva.

 

Obama respondió que él no tiene el poder para hacer algo semejante y el martes, un portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no descartó medidas adicionales pero dejó en claro que sólo el Congreso puede modificar las leyes en vigor.

 

La Constitución de EE.UU. consagra la separación de poderes, que deja en manos del Congreso la aprobación de leyes y obliga al Ejecutivo a hacerlas cumplir.

 

Obama, que se especializó en leyes constitucionales en sus días como profesor universitario, siempre ha dicho que no puede actuar de forma unilateral y que la solución permanente a la inmigración ilegal está en manos del Legislativo.

 

“Lo más fácil es gritar y pretender que puedo hacer algo mediante la violación de nuestras leyes”, se quejó Obama en su respuesta al activista.

 

Expertos consultados por La Opinión le dan buena parte de la razón pero subrayan que su Gobierno sí puede ampliar “hasta cierto punto” los alivios migratorios.

 

“Seguir culpando al presidente le resta presión al Congreso que es el que debe actuar, y hasta cierto punto la Casa Blanca y Obama tienen las manos atadas. Pero no se pueden escudar con eso para no ampliar el alivio temporal”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

 

Según Hincapié, entre los escenarios posibles se pueden autorizar permisos de trabajo temporales para los indocumentados de baja prioridad; ampliar los parámetros de la “acción diferida” para incluir a padres de jóvenes indocumentados; mejorar el uso de la discreción procesal respecto a los “deportables”, y buscar alternativas a la detención de indocumentados que no son un riesgo público.

 

Por razones humanitarias, Obama “puede decidir no enforzar ciertas leyes en ciertas situaciones; puede decidir que no va a deportar a los jóvenes, a los viejitos, mientras el Congreso busca una solución permanente”, dijo José Pertierra, abogado de inmigración en Washington.

 

“Puede decidir no deportar a quienes eventualmente calificarían para una legalización. Los republicanos pueden criticarlo todo lo que quieran, pero él tiene esa potestad, esa discreción procesal”, afirmó.

 

Clarissa Martínez, del Consejo Nacional de La Raza, lo resumió así: “La Administración puede reducir la devastación de las fallidas políticas migratorias, recurriendo a la discreción procesal (jurídica) para centrarse en la seguridad nacional y comunitaria”.

 

La reforma migratoria es una promesa incumplida de Obama desde 2009 y, llegado al poder, invirtió buena parte de su capital político en la aprobación de la reforma de salud.

 

No obstante, consciente del creciente poder del voto latino, Obama ha venido dando alivios al universo de once millones de extranjeros clandestinos en EEUU.

 

En agosto de 2011, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que evaluaría unos 300,000 casos pendientes de deportación, centrándose en criminales o personas que suponen una amenaza para la seguridad pública o nacional, además de estudiar “caso por caso”.

 

En agosto de 2012, la agencia puso en marcha el programa de “acción diferida” que suspende por dos años la expulsión de ciertos estudiantes indocumentados, y hasta la fecha más de 450,000 jóvenes se han amparado a ese programa.

 

El pasado 15 de noviembre, el DHS anunció que los cónyuges, hijos y padres indocumentados de soldados en activo, reservistas y veteranos de guerra podrán solicitar su estadía legal sin salir del país.

 

Algunos activistas no descartan que, como el menor de los males, se adopte algún tipo de Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los indocumentados, como el que tienen ya los salvadoreños y hondureños.

Los grupos conservadores, que acusan a Obama se ser “blando” en materia de defensa e inmigración, han tachado cada una de las decisiones de Obama como una “amnistía” inmerecida para los indocumentados, y hacen lo propio para que en el Congreso no avance una reforma migratoria.

 

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